Por qué los saharauis quedan fuera de la regularización masiva de inmigrantes irregulares

El Real Decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026 abre una ventana extraordinaria para más de medio millón de personas en situación irregular, pero excluye explícitamente a las personas apátridas, colectivo que en España está compuesto en su mayoría por saharauis.

Esta exclusión no responde a una única causa, sino a la intersección de factores legales, administrativos y políticos que hunden sus raíces en la cobarde relación histórica entre el Estado español y el Sáhara Occidental.

En primer lugar, el elemento clave al que se agarra el gobierno 'socialista' -presionado por la dictadura marroquí- para explicar esta situación es la condición jurídica de apatridia que afecta a la mayoría de saharauis residentes en España. A diferencia de otros migrantes, muchos saharauis no son reconocidos como nacionales de ningún Estado, ya que España no reconoce oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática y, al mismo tiempo, muchos de ellos no poseen nacionalidad marroquí o la rechazan.

Esta situación los colocaría en un limbo legal: no son extranjeros con nacionalidad definida, pero tampoco ciudadanos españoles. Según diversas estimaciones, más del 90% de los apátridas en España son saharauis. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha intentado lo imposible, justificar de un modo técnico lo que es una clara exclusión política para no ofender a Marruecos.

El problema se agrava porque el propio diseño de la regularización extraordinaria excluye explícitamente -con toda la mala intención- a las personas apátridas o en trámite de reconocimiento de apatridia. El argumento del Gobierno es que este colectivo ya dispone de un procedimiento específico de protección, distinto del régimen general de extranjería. Sin embargo, en la práctica, este sistema paralelo resulta mucho más lento e ineficaz, y en la mayoría de los casos directamente no se aplica. Mientras que la regularización extraordinaria permite obtener permisos de residencia y trabajo en pocos meses, el reconocimiento de la apatridia puede tardar años en resolverse.

Esta dualidad normativa genera una paradoja: los saharauis no pueden acogerse a la regularización por estar en proceso de apatridia, pero tampoco obtienen rápidamente ese estatus que, en teoría, debería protegerlos. El resultado es una situación de bloqueo administrativo en la que miles de personas quedan atrapadas sin derechos laborales ni estabilidad jurídica. En algunos casos documentados, los solicitantes han esperado más de cinco o incluso diez años sin resolución, viviendo en condiciones de precariedad extrema.

A ello se suma un problema estructural vinculado a los requisitos formales de la regularización. El proceso exige, entre otras condiciones -también con mucha mala intención-, acreditar identidad, antecedentes penales del país de origen y vínculos documentales con España. Sin embargo, para los saharauis esto supone un obstáculo adicional: al carecer de un Estado reconocido, no siempre pueden obtener documentación oficial válida, como certificados penales o pasaportes. Esta carencia documental dificulta cumplir con los criterios exigidos al resto de inmigrantes.

Más allá de las cuestiones técnicas, la exclusión de los saharauis también tiene un trasfondo político e histórico. España fue la potencia administradora del Sáhara Occidental hasta 1975, y muchos saharauis nacieron bajo soberanía española o mantuvieron vínculos jurídicos con el Estado. Sin embargo, tras la descolonización y el Real Decreto de 1976 que permitía optar por la nacionalidad española en un plazo limitado, miles de saharauis quedaron fuera de ese proceso y perdieron la posibilidad de ser reconocidos como españoles.

Desde entonces, la situación de este colectivo ha estado marcada por una ambigüedad jurídica constante, fomentada por las relaciones carnales entre Sánchez y el sátrapa marroquí. Por un lado, existen propuestas políticas para facilitar su acceso a la nacionalidad española o reconocer su vínculo histórico; por otro, las decisiones judiciales más recientes han limitado ese reconocimiento, estableciendo que el Sáhara no puede considerarse territorio español a efectos de nacionalidad. La nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración colonialista española del Sáhara Occidental (antes de 1976), lleva varada desde 2024 en la Comisión de Justicia, con el PSOE como principal bloqueante.

En el plano social, organizaciones humanitarias y asociaciones pro-saharauis denuncian que la exclusión del proceso de regularización es discriminatoria y carente de justificación suficiente, especialmente teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de España en el conflicto del Sáhara Occidental. Argumentan que, lejos de contar con un sistema de protección eficaz, los saharauis sufren una doble vulnerabilidad: como migrantes irregulares y como personas sin nacionalidad reconocida.

El resultado de todos estos factores es una realidad compleja para los saharauis pero conveniente para los 'socialistas': mientras otros colectivos pueden regularizar su situación y supuestamente acceder al mercado laboral, a la vivienda o a derechos básicos, muchos saharauis permanecen en un estado de invisibilidad legal. No pueden acogerse a la vía rápida de regularización, pero tampoco obtienen soluciones efectivas a través de la vía de la apatridia. Este vacío normativo no solo afecta a su estabilidad jurídica, sino que tiene consecuencias directas en su vida cotidiana: empleo precario, dificultades para alquilar vivienda y ausencia de protección social.