Por una democracia sustancial

Estos días las plazas de nuestras ciudades han sido ocupadas por la
juventud. Reclaman “democracia real”, reivindican otra sociedad. La
dictadura feroz y autista de los mercados ha sido puesta en cuestión
por la movilización masiva y asamblearia de un pueblo entero que,
ahíto de tanta mansedumbre, al fin ha decidido hacerse dueño de su
propio destino.

Este movimiento, y las gentes que nos hemos sumado a sus actividades
con mayor o menor decisión, reclaman un profundo desarrollo de la
fundamentación democrática de la sociedad española. Más allá del
bipartidismo juancarlista, del ordeno y mando de unos mercados
financieros internacionales a quienes nadie ha elegido, se impone un
auténtico proceso constituyente que delimite la arquitectura de una
sociedad muy otra, donde la ciudadanía pueda expresar con plena
libertad sus ideas e inquietudes, y hacerlas realidad.

Superando el cerco mediático y el forzado “consenso” que, inaugurado
en la transición, ha impedido durante décadas el pleno ejercicio de
los derechos democráticos por parte de los ciudadanos, la toma de
decisiones participativa y asamblearia ha demostrado ser un excelente
cimiento común.

Pero algo más ha de ser tenido en cuenta: la nueva democracia real
no funcionará ni se volverá posible sin una base social
suficientemente extensa. Y esto nos empuja a encarar el problema de lo
social y de lo laboral: no hay democracia si esta se detiene a las
puertas de los centros de trabajo, si hay una enorme disparidad entre
las posibilidades económicas de los distintos sectores productivos,
que empuja a los “perdedores del mercado” a la miseria, la precariedad
o el abandono. Sin resolver la “cuestión social”, sin un contenido
claro al respecto, la democracia política no será más que un frágil
juego de espejos, siempre en la cuerda floja.

Hemos de reclamar, por tanto, el fin de la dictadura neoliberal y del
saqueo efectuado por la oligarquía financiera con la misma fuerza e
ímpetu con que se reclaman otras cosas: la llamada deuda externa (y,
sobre todo, la privada de las entidades financieras) debe ser sometida
a una auditoría rigurosa que imponga una quita sustancial o,
simplemente, repudiada; las privatizaciones deben detenerse y
revertirse; la banca debe de ser sometida a un control público
exhaustivo o nacionalizada. Incluso debemos ir más allá, si de verdad
buscamos y defendemos una democracia sustancial: la cogestión, la
recuperación de empresas por los propios trabajadores, el
cooperativismo, el emprendimiento autogestionario y la economía social
deben ser decididamente apoyados por las nuevas fuerzas democráticas.

Sin una recomposición económica de la sociedad que detenga el vértigo
flexibilizador y desregulador del neoliberalismo, tanto en el plano
económico como en el laboral, cualquier derecho democrático que se
pretenda defender será nulificado y laminado por los amos del dinero y
sus capataces.

Por tanto, toda la arquitectura antisocial de las ETTs, las agencias
de rating, la contratación temporal y precaria, el despido libre
subvencionado y demás inventos que sólo favorecen a las grandes
empresas transnacionales que únicamente quieren trabajo barato y
servicial, ha de ser totalmente abandonada; y la participación de los
trabajadores en la vida laboral ha de pasar a formar parte del
contenido de nuestros reclamos.

Y ello, mucho más allá de los “patriotismos de organización” y los
resquemores y mezquindades de ciertos sectores de la izquierda que han
sido incapaces de entender que, cuando la gente se levanta, sobran
todos los catecismos.

Si queremos construir una nueva sociedad, una democracia sustancial,
hemos de buscar las raíces del árbol de la desigualdad y arrancarlas
con decisión. Es la hora de la gente, de quienes estudian, trabajan y
sueñan (tengan o no lo que llaman un “empleo”), de quienes deben
decidir.

Es la hora de que el pueblo tome la palabra.

José Luis Carretero Miramar