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Privatizar mata. Unas anotaciones sobre la sanidad pública
El servicio público sanitario solo sobrevivirá si es gestionado de manera descentralizada y democrática entre usuarios y profesionales
Leyendo un artículo de Rafael Cofiñono puede uno por menos que mostrarse absolutamente de acuerdo con su título: Privatizar (la sanidad) mata. Una afirmación que, como el propio autor recuerda, se encuentra amparada por diversos estudios internacionales.
No obstante, creemos que el doctor Cofiño en la nota de prensa referida muestra una memoria cuanto menos selectiva al hablar de la Ley General de Sanidad de 1986 (recién cumplió cuarenta años) y los desarrollos posteriores.
Es cierto que la norma aludida mejoraba ostensiblemente la situación del sistema sanitario heredado (amante de la beneficencia). Si la ubicamos en el contexto socio-histórico y político en que surgió podremos acercarnos mejor a su conocimiento; así podríamos valorarla en más justa medida; y sobre todo, saber de los efectos perversos que ha terminado favoreciendo.
Como acertadamente señalaba Joan Benach "el factor determinante que origina todo el encadenado causal que produce mejor o peor salud colectiva y más o menos equidad en los grupos sociales es la política. Es decir, las relaciones de poder y qué grupos sociales (...) tienen más o menos poder para tomar decisiones en una sociedad determinada" (2)
La propuesta que los legisladores españolas (el PSOE disponía de mayoría absoluta en el Parlamento del Estado español en aquellos años) tomaron como referencia para implementar la ley fue adaptada del modelo Beveridge (de 1948). William Beveridge, diputado inglés del Partido Liberal, elaboró en 1942 un informe, el Report Beveridge, cuya doctrina adoptaron buena parte de los países capitalistas más desarrollados (junto a la política económica keynesiana) tras la 2ª Guerra Mundial. Un informe que "trataba de afrontar las circunstancias de la guerra y suavizar las desigualdades sociales a través de una doble redistribución de la renta que actuase sobre la seguridad social y otras subvenciones estatales" (3).
Así pues, el modelo Beveridge -que deriva del informe del mismo autor- ofrecía una cobertura universal y gratuita en el punto de contacto asistencial a toda la población y permitía a la ciudadanía la accesibilidad a los diferentes procedimientos disponibles del sistema. En definitiva, se basaba en la idea de que la atención médica es un derecho básico de todos los ciudadanos, independiente de su estatus económico; se trataría de priorizar la equidad y el acceso igualitario de la población a la atención sanitaria.
Sin embargo, la Ley General de Sanidad de 1986 incorporó un sistema dual -como indica nuestro articulista- "en el que hay una serie de beneficios y prestaciones comunes para la gran mayoría de la población y otro sistema de atención diferenciado (mutualidades)" (4). Un asunto este del sistema dual con el cual el Sr. Cofiño se muestra crítico. Alega que su imposición en la ley general fue debida a las presiones de los ministros neoliberales de PSOE durante aquellos años.
Ciertamente, las mutualidades (para funcionarios -MUFACE, ISFAS y MUGEJU-, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social) han generado verdaderos problemas, sobre todo hemorrágicos, al erario público. Además, la financiación pública para solo unas personas -en el caso de las mutualidades de funcionarios, no precisamente los peor dotados económicamente- denota trato desigual por parte del estado en relación al resto de la ciudadanía -la mayoría de la población-. La equidad no parece esté entre los logros de ese sistema dual.
Pero sobre todo, la Ley General de Sanidad introdujo tres artículos (perdidos en la memoria de nuestro articulista) que han terminado abriendo el sistema a la creciente privatización y mercantilización que hoy observamos con aturdimiento. Nos estamos refiriendo a los artículos 66 y 67 del texto legal (sobre las áreas de salud) y al artículo 90 (sobre las entidades sanitarias).
Y es que la influencia neoliberal en las políticas del PSOE de aquellos tiempos ya era una realidad. España firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea (luego conocida como Unión Europea tras el Tratado de Maastricht de 1993) en 1985. Las dos grandes potencias de la Unión, Alemania y Francia, ya habían abrazado aquel credo. De hecho, fueron prominentes figuras vinculadas al Partido Socialista francés (J. Delors, H. Chavranski y M.Camdesuss,...) quienes desde diversas instituciones impusieron la ideología neoliberal al interior de la UE. Con el Acta Única, ratificada en 1987 -Jacques Delors fue su principal arquitecto- se imponía la nueva doctrina: una unión económica basada en la libertad sin restricciones de los flujos de capitales. Se trataba de "incrementar los beneficios, apoderarse de todos los sectores de la vida social (entre otros, la sanidad) para someterlos a la ley del mercado, a la oferta y la demanda, y convertirlos en mercancías" (5).
Añadir que en aquellos años era ya notoria la dependencia del sistema público sanitario en su relación con las grandes multinacionales farmacéuticas. Estudiaba yo medicina (por fortuna, no acabé esos estudios -y perdone el/la lectora este dato biográfico-) y leíamos que la OMS hablaba de algo más de 200 medicamentos esenciales (necesarios para superar cualquier dolencia) mientras en España había, en la década de los '80 del pasado siglo, algo más de 17.000 medicamentos autorizados. Un problema este, el de la hipermedicalización, que ha aumentado durante los últimos años de manera considerable, para mayor gloria de las trasnacionales farmacéuticas.
Más cercanas en el tiempo, dos normas estatales, la "Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud" y el "Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones" no son citadas siquiera por el doctor Cofiño, cuando han sido -creemos- las dos referencias normativas de ámbito estatal que más han facilitado la apertura de puertas y ventanas de la sanidad pública del Reino de España a la privatización y a la mercantilización. Y eso que el doctor nos lo advierte de manera acertada: "seguir concertando con empresas privadas empeora la salud". Lástima que no mencione las normas antes citadas.
Y para ayudarle al recuerdo, unas notas acerca de los gobernantes que las impulsaron y el apoyo con que contaron en el Parlamento de España. La Ley 15/97 fue aprobada en los tiempos de gobierno del impresentable "señor de las Azores" (el "führercito Aznar", Fidel dixit) y contó con el apoyo del PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria. Por cierto, solo se opusieron IU y BNG.
Mientras, quince años después, con el sistema sanitario público en la UVI, el RD-L 16/2012 salió adelante con los votos únicos de un PP con mayoría absoluta que ¿lideraba? un tal Mariano Rajoy más el apoyo de un parlamentario navarro, de UPN.
A nadie se le puede esconder que han sido el PSOE y el PP (con los apoyos puntuales de "nacionalistas conservadores" catalanes, vascos y canarios) quienes han impulsado y sostenido legislativamente la deriva privatizadora y mercantilista que padece, desde hace tiempo, el sistema público sanitario en el reino de España.
Obvio decir que a través de los procesos de privatización y mercantilización se produce una transferencia de bienes y servicios públicos al sector privado; bienes y servicios que son gestionados según la lógica del mercado al objeto de generar lucro. Surge entonces una pregunta: ¿quienes se lucran aquí?. Y para responderla tenemos que pensar en los fondos de salud con desenvolvimiento variado en diversos subsectores: farmacia; biotecnología; equipamiento médico y dispositivos; herramientas de diagnóstico e investigación; aseguradoras. Fondos, en definitiva, con enorme poder de presión sobre legisladores.
No olvidemos que en el Estado español la administración, gestión y prestación de servicios sanitarios se encuentra descentralizada; y que son las Consejerías de sanidad y/o Departamentos de salud de las diferentes comunidades autónomas las que mayores presupuestos mueven anualmente de entre todas las consejerías. Es decir, hablamos de un "pastel muy rico".
Y sin embargo, el nivel de deterioro que se viene observando en la sanidad pública resulta altamente preocupante.
Vamos terminando. Para que la salud general de las poblaciones mejore en estas sociedades que presumen de desarrolladas es condición necesaria atender a los marcos normativos sobre los que se sostienen los sistemas de salud y los intereses económicos que hay detrás.
En cualquier caso, se precisan medidas holísticas para la mejora de la salud entre las poblaciones: actuando sobre lo que ingerimos; interviniendo en la recuperación de nuestro deteriorado medio natural, el aire y las aguas (sabemos que la contaminación atmósférica, causante del cambio climático que padecemos, está generando enormes problemas de salud en el norte global); luchando contra las crecientes desigualdades y los problemas socioeconómicos que acompañan y afectan a individuos y a grupos humanos, provocándoles -entre otros- un estrés crónico incompatible con el buen vivir.
Y no debemos olvidar una enseñanza de los colectivos que en el Estado español llevan décadas luchando contra la privatización de la sanidad (como CAS Madrid, por citar un ejemplo relevante): el servicio público sanitario solo sobrevivirá si es gestionado de manera descentralizada y democrática entre usuarios y profesionales.
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NOTAS
(1) Illich, Iván (1975): "Némesis médica. La expropiación de la salud". Barral editores, Barcelona; pp. 16-17.
(2) Benach, Joan (2020): "La salud es política. Un planeta enfermo de desigualdades". Icaria editorial, Barcelona; pp. 16-17.
(3) Picó, Josep (1987): Teorías sobre el Estado del Bienestar" Siglo XXI editores, Madrid; p. 2.
(5) Naïr, Sami (2025): "Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión". Galaxia Gutemberg, Barcelona; pp.76-77
Se agradece el recuerdo que el doctor Rafael Cofiño ha tenido, en el artículo comentado, a D. Miguel Núñez González (miembro del PSUC, represaliado durante la dictadura, activista en favor de la recuperación de la memoria histórica,...) quien en 1979, en calidad de diputado, presentó una proposición no de ley reclamando una reforma sanitaria pública e integral, anticipo de la posterior ley general de 1986.
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