Registran 706 incidentes cometidos por las fuerzas de seguridad durante el segundo estado de alarma

Defender a quien defiende registra 706 incidentes cometidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad durante el segundo estado de alarma

La plataforma Defender a quien Defiende implantó por segunda vez su campaña #AlarmaConDerechos, con el fin de registrar y denunciar las posibles actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La plataforma, entre el 1 de agosto de 2020 y el 9 de mayo de 2021, ha monitoreado:

706 incidentes, de un total de 135 casos, 80 de los cuales se dieron en contexto de protesta.388 identificaciones.110 detenciones.109 notificaciones de proceso sancionador.63 incidentes que corresponden a casos de presuntos malos tratos.

Durante esta sistematización, la plataforma ha registrado además que los colectivos más afectados han sido las personas que pertenecen a redes de apoyo mutuo, seguidas de las personas migrantes y/o racializadas y las periodistas. Defender a quien defiende denuncia que se ha instrumentalizado la emergencia sociosanitaria causada por la COVID-19 como excusa para la acción represiva bajo el pretexto de proteger la salud y recuerda que el reconocimiento del derecho de reunión y manifestación impone la obligación a los Estados de respetar y asegurar su ejercicio. La decisión de si una manifestación o reunión política supone o no un riesgo para la salud pública ha sido aplicada bajo criterios de discrecionalidad y arbitrariedad de forma distinta en función del territorio, afianzando el clima de inseguridad jurídica. 

Un ejemplo de este tipo de reacciones arbitrarias y desproporcionadas fue el caso de lo acontecido el 7 y 8 de marzo del 2021, cuando la Delegación de Gobierno de Madrid prohibió todas las concentraciones y manifestaciones feministas, vulnerando el derecho de manifestación y de libertad de expresión, mientras que en el resto del país se sucedieron las muestras de protesta. La plataforma destaca, además, la violencia policial en contexto de manifestación durante el segundo estado de alarma, concretamente en protestas contra la violencia policial Linares (Jaén) y Barcelona (Catalunya) en contra de la encarcelación del rapero Pablo Hassel en febrero del presente año. 

Defender a quien Defiende interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Jaén y una queja al Ministerio del Interior, junto la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA) e Irídia por la violencia durante las protestas en Linares el 14 de febrero del 2021. La plataforma monitorizó un desmedido e innecesario uso de la fuerza, el uso injustificado del bastón policial extensible, el empleo de la defensa de dotación -la conocida como porra- cerca de menores, el arrastre de una persona por el suelo y, el uso o de una escopeta de postas contra dos de los manifestantes. Defender a quien Defiende consideró que todos estos hechos pueden dar lugar a una posible responsabilidad penal, ya que la utilización de perdigones en contexto de protesta es gravísima e inadmisible. 

La misma semana, el 17 de febrero en Barcelona, una joven de 19 años perdió un ojo en las manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por un presunto disparo de proyectil de foam disparado por los Mossos d’Esquadra. Este hecho, podría constituir también un presunto delito de lesiones provocando la pérdida o inutilidad de un órgano principal y un presunto delito de tortura y/o contra la integridad moral.

Para relanzar la campaña #AlarmaConDerechos, la plataforma ha reactivó todas las redes de apoyo, organizaciones, colectivos, y expertas legales que aglutina en todo el Estado español. En el monitoreo anterior, durante el primer estado de alarma, Defender a quien defiende registraron 330 incidentes de los cuales 70 correspondieron a casos de presuntos malos tratos.

Las organizaciones que conforman Defender a quien Defiende instan de nuevo a que el Gobierno garantice la correcta identificación de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, para permitir la depuración de responsabilidades en caso de vulneración de derechos y solicitan que emita instrucciones claras que prohíban las identificaciones por perfil racial.