Se llamaba Ousmane Kote

Una vez más, la criminalización del colectivo de migrantes, soterra la realidad que viven estas personas en los barrios donde se asientan. La estructuración de los núcleos urbanos y la propia política urbanística, ha provocado la creación de guetos periféricos donde se va asentando la población con recursos económicos escasos. Es en estos barrios donde lxs migrantxs, en busca de empleo, encuentran un lugar medianamente asequible económicamente para vivir, por lo que para unxs, la multiculturalidad se convierte en seña de identidad de la zona y para otrxs, en seña de marginalidad, delincuencia y violencia.

El pasado 6 de septiembre, moría asesinado Ousmane Kote, un joven que llevaba unos 3 años trabajando en el campo almeriense en busca de un sueldo que le permitiese mantener a su familia en Senegal. Desde un primer momento, tanto desde los cuerpos policiales, como desde los medios comunicación se vuelcan una serie de acusaciones sobre la posible relación del asesinato con ajuste de cuentas y drogas, focalizando y criminalizando desde un primer momento a la víctima (que al parecer tan solo mediaba en una riña), y en general apostillando la situación de marginalidad y delincuencia en la cual se relacionan las personas migrantxs.

A día de hoy se han llevado a cabo 8 detenciones relacionadas con los altercados que se sucedieron los días posteriores al asesinato, por parte del entorno cercano de la víctima, en repulsa por la pérdida de su compañero. Tres de las 6 personas han sido internados en los centros de menores de Oria, Córdoba y Sevilla. Una cuarta persona, ha ingresado en prisión a consecuencia de los altercados callejeros. Aunque por el contrario, aún no se ha dado con el paradero del vecino que apuñaló a Ousmane.

Desde un primer momento, lxs vecinxs asociaciones de migrantes y la Federación Andalucía Acoge, han desmentido que la causa del asesinato ha sido motivada por el racismo, aún así, los medios de información han seguido creando una nebulosa alrededor de lo acontecido provocando que la opinión pública no sepa exactamente que ha ocurrido. La situación en el barrio ya de por sí es difícil, la falta de atención sanitaria (tardanza en la llegada de servicios médicos móviles) y la política social insuficiente, se suman a la falta de empleo y los recursos económicos limitados. Se pide la liberación de las 8 personas arrestadas, así como la detención del autor del asesinato, ya que ven como los efectivos policiales se afanan en controlar y pacificar al barrio, cuando la verdadera causa del siniestro es la situación de desamparo en la que se encuentran en las “200 viviendas”.

Al igual que ocurrió en los barrios periféricos de París, un hecho trágico y la falta de interés prestado para resolver lo ocurrido, prenden la mecha de la desigualdad social existente y personas que no tienen nada que perder se lanzan a la calle para denunciar no solo con palabras, la injusticia y la disgregación sistematizada y sutil que llevan a cabo las autoridades y los medios de comunicación sobre la población del “gueto”.

Quizás no se esclarezcan las causas del asesinato, ya que el cúmulo de opiniones, excusas y mentiras que vierten cada día sobre lo ocurrido, provocan la desinformación y la ceguera. Pudo ser una simple pelea entre dos personas que acabó en tragedia debido a una conducta violenta, pero aún así, los prejuicios culturales hacen su trabajo, imponiendo la criminación de la víctima como medio para hacer la vista gorda o sencillamente provocar en la opinión pública un sentimiento de repulsa hacia ciertos colectivos, (que mantienen su delicada situación, gracias en parte a los tejemanejes politicoeconómicos).

Cuando las condiciones de vida son difíciles basta un día, para que la normalidad y la asimilación de una situación (en este caso el modo de vida en las 200 viviendas) por parte de la población de un lugar determinado, se transgreda, produciéndose una situación de tensión, materializada en ocasiones con actos violentos o una simple condena y repulsa de lo acontecido, que por una parte sirven para encauzar un malestar de un determinado colectivo social, y por otra derivan en criminalizaciones (en su mayor parte sesgadas y manipuladas para que sean creíbles) que centran la atención en las consecuencias inmediatas, sin adentrarse en el problema de fondo y la situación real que ha provocado lo ocurrido.

No son pocas las personas que recordaron inevitablemente lo sucedido en El Ejido, sucesos racistas que pusieron en entredicho las políticas de integración que supuestamente llevan a cabo las administraciones públicas. Una vez más, el colectivo migrante se ve envuelto en un proceso donde la mala prensa sobre el entorno de la víctima, tergiversa y provoca el rechazo de la sociedad hacia un grupo humano drásticamente condicionado por la actual crisis económica y que viendo la negligencia judicial ante lo ocurrido, se hecha a la calle, para clamar por el esclarecimiento de lo sucedido y por una mejora sustancial en las condiciones de vida en los barrios periféricos.

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