ePub
pdf
Sobre el conflicto del hospital Severo Ochoa
En el conflicto abierto del hospital público madrileño Severo Ochoa de Leganés concurren diversos aspectos, por una parte ciencia y laicismo frente a concepciones ultramontanas y fe católica. Y por otra, una agresión perfectamente planificada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular, con el objetivo de deslegitimizar un centro sanitario público de reconocido prestigio, buscando las condiciones más idóneas para continuar privatizando el Servicio Madrileño de Salud.
Los hechos
A mediados del año 2002 se producen las primeras denuncias anónimas que son analizadas por la Comisión de Mortalidad del H. Severo Ochoa que evalúa las historias clínicas de los pacientes fallecidos indicando que en algunas de ellas hay una indicación dudosa o no adecuada de fármacos sedantes. Y la Consejería de Sanidad encarga una inspección que determina que no existió mala praxis. Además, el propio Coordinador del Servicio de Urgencias pide al Comité de Ética de Getafe que realice un informe sobre estos hechos -el H. Severo Ochoa no cuenta con este comité-. Este emite un documento en el que aclara que no hubo mala praxis, y que la Comisión de Mortalidad no aclara el por qué de la dudosa o no adecuada indicación de sedantes.
El trabajo de la Comisión de Mortalidad continua y sigue hallando casos de información deficiente en las historias de algunos fallecimientos. Ante estos hechos a principios del pasado año el H. Severo Ochoa aprueba un protocolo de actuación y una Comisión de Seguimiento para la aplicación de las sedaciones. En total y hasta la fecha de las nuevas denuncias anónimas de marzo de este año la Comisión de Seguimiento había detectado 25 incidencias. Sin embargo, ya se hablaba de 400 "homicidios"..., y la Consejería encarga una inspección que revisa las incidencias detectadas en las historias clínicas de los éxitus y no encuentra mala praxis.
La Comisión de Seguimiento de Enfermos Terminales del H. Severo Ochoa había manifestado que algunos de los enfermos fallecidos en urgencias no habían sido tratados según las recomendaciones del protocolo con el que cuenta el hospital. Esto es algo cuando menos discutible, ya que el objetivo del mismo es orientar, recomendar, por ejemplo, tipo de fármacos, dosis, en qué situaciones administrarlos, etc. Además, la existencia de estas recomendaciones no invalida que se pueda actuar de otra manera en algunas circunstancias. De hecho desde el Jefe de Anestesia y de la Unidad del Dolor hasta el Coordinador del propio Servicio de Urgencias discuten la idoneidad de estas recomendaciones.
Igualmente se discute el lugar donde estas prácticas -la atención a enfermos terminales que presumiblemente no vivirán más de cuatro días- se deben llevar a cabo. Lo correcto es que todos los hospitales contasen con departamentos de cuidados paliativos, pero estos no existen en muchos hospitales públicos, muchas veces por las propias luchas corporativas entre quién lo debe dirigir. En el H. Severo Ochoa no existía, y ante la demanda tan importante de este tipo de enfermos se decidió crear un espacio para que los enfermos estuviesen mejor atendidos.
La situación de la sanidad madrileña
La situación de los hospitales públicos madrileños se ha ido empeorando ante la escasez de recursos, el aumento de la población y un crecimiento de la demanda. El Servicio de urgencias del H. Severo Ochoa es una muestra de la dificultad de trabajar en unas condiciones límites por la masificación existente en las urgencias hospitalarias. Una financiación escasa para infraestructuras sanitarias públicas ha corrido en paralelo al incremento de conciertos con entidades privadas, externalización de servicios, y un largo etc. de fórmulas "imaginativas" que suponen gestionar la asistencia sanitaria con criterios de rentabilidad económica. Esto ha desembocado en una situación de masificación y caos como la vivida en los servicios de urgencias hospitalarias en la pasada epidemia de gripe. La Comunidad de Madrid presenta indicadores que hablan más de una región subdesarrollada, ya que el número de camas hospitalarias públicas por cada 1000 habitantes es de 1,8; sumando todas las existentes con y sin ánimo de lucro ascienden a 3,6. Todavía esta cifra es muy inferior a las 7 que de media tienen los países de la Unión Europea.
Por otra parte, los servicios de urgencias extrahospitalarios son también sumamente escasos en número y dotación, por lo que la tendencia es a que sigan creciendo los ingresos en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.
Igualmente escasos son los servicios sociosanitarios -ayudas domiciliarias, residencia de enfermos crónicos, etc.- de atención a la población, esto redunda en una situación insostenible para muchas familias que ante la complejidad de algunas enfermedades y cuidados no pueden atender a sus enfermos en casa y acuden allí donde más fácil es el acceso, aunque no sea el lugar idóneo para su tratamiento.
Lo que esconde el conflicto
Lo cualitativo de este hecho es la utilización que se ha querido hacer del mismo desde el gobierno del PP de la CM. Este está embarcado -al igual que en el País Valenciano, o en Galicia- en una política sanitaria abierta al mercado, en la que todo lo que sea rentable se debe privatizar, mientras que aquello no rentable económicamente queda para su atención en manos de una escuálida red asistencial pública. En el caso que nos ocupa existía un proyecto de privatizar los cuidados paliativos domiciliarios.
Habida cuanta del prestigio y legitimidad de los centros hospitalarios públicos, tienen que ocurrir graves acontecimientos para su descrédito y que cunda la desconfianza en ellos de la población. El gobierno popular tiene proyectados 8 hospitales privados con ánimo de lucro en CM, en el éxito de su puesta en marcha radica buena parte de la política del PP para ganar las próximas elecciones.
Son necesarias agresiones muy bien orquestadas para cargarse el buen hacer de los trabajador@s sanitari@s de los centros públicos y aparecer, por otra parte, como los defensores de la salud de l@s madrileños.
Un movimiento que dormitaba
En esta situación lo que no ha tenido en cuenta el Consejero de Sanidad es la respuesta conjunta de todos y cada uno de l@s profesionales que trabajan en la sanidad madrileña y ciudadan@s -indudablemente en esto está patente el espíritu corporativo de l@s médic@s-, unidad que el PP intentó romper desde un primer momento, aireando el respaldo de algunos profesionales ultraconservadores, así como de algunas burocracias sindicales que en un principio no dudaron en arropar al Consejero.
Sin embargo, desde un principio l@s vecin@s del pueblo de Leganés salieron en defensa de su hospital público. Aquí radica uno de los éxitos de este movimiento. Son perfectamente conocedores que el derecho a la salud y a una atención sanitaria de calidad sólo lo asegura un servicio de salud público.
Se agredía diariamente a la sanidad pública y quedaba sin respuesta, ni los sindicatos mayoritarios ni las fuerzas de la izquierda institucional han estado a la altura de las circunstancias. Ahora, por un asunto que parecía colateral en un principio, la respuesta no se ha hecho esperar. Bien es verdad que desde los años noventa existen colectivos como las Plataformas en Defensa y Mejora de la Sanidad Pública que no han dejado de impulsar un trabajo de denuncia de las privatizaciones y de elaboración de alternativas en foros, consejos y colectivos preocupados por la sanidad.
No se debería perder esta ocasión para impulsar el movimiento en defensa de la sanidad pública. Reagrupándose en plataformas de barrio, de áreas sanitarias, de pueblos, o mediante el mecanismo que mejor se adapte a cada realidad para el debate y la acción ante los problemas sanitarios. Igualmente se ha de propiciar la convergencia de todas las fuerzas sociales, sindicales y de la izquierda en un gran frente contra la privatización de la sanidad.
