Terrorismo y ciudadanas de segunda: el fraude de la igualdad

A estas alturas, y al menos en este país, la clase política tiene clarísimo que esta consigna es una chorrada, y que las mujeres son ciudadanas de segunda o de tercera frente a ellos, ciudadanos privilegiados, "superiores", cuya vida e integridad física es más digna de prevalecer que la del resto de los mortales.

El fraude de la igualdad, de la legalidad, de la democracia, del sometimiento de todos los poderes públicos a la ley, son el pan de cada día de esa constitución que nos endosaron, simbolizada a menudo por medio de una mujer, quien sabe si por analogía con la dicotomía puta-pura que aún se asienta en demasiada mentes, y en virtud de su cambiante condición, a tenor de las necesidades de dichas mentes, de diosa incuestionable a violada en grupo por parte de todos aquellos que dicen adorarla.

Para los poderes públicos en España, lo personal no es ni de lejos político en el sentido que proclamaban ciertas feministas de entonces y de ahora. Políticos -y por ende privilegiados- son ellos, ellos determinan lo que es político y lo que no, ellos determinan lo que es terrorismo y lo que no y quien tiene preferencia a la hora de disponer de los servicios públicos.

En nombre del ¿corporativismo? ¿arbitrariedad de los poderes públicos? ¿violación sistemática del principio de igualdad?, los poderes públicos se atribuyen la potestad de decidir los criterios que prevalecen a la hora de disfrutar del ejercicio de los derechos fundamentales de todxs.

De este modo, la asignación de escoltas y guardaespaldas por parte de los poderes públicos a todo político presuntamente amenazado de muerte por alguien sin rostro y su negación sistemática a todas las mujeres presuntamente amenazadas de muerte por alguien con rostro, propugna:

- La desigualdad como valor superior del ordenamiento jurídico español
- La discriminación por circunstancia personal o social (por el hecho de no pertenecer a una determinada clase social -la política- se exceptúa a unas amenazadas de muerte de este derecho en favor de otrxs)
- La jerarquía del derecho a la vida, a la integridad física ni moral, a la libertad y a la seguridad en función de la profesión ejercida (la profesión con mayor grado de protección es de nuevo la política)

Visto lo visto y teniendo en cuenta...
- que en ese texto base de la convivencia política que es la constitución, en un país democrático como dicen que es éste, las mujeres y todo aquel que no pertenece a ninguno de los poderes públicos no tiene los mismos derechos que este grupo de privilegiados
- la arbitrariedad de los poderes públicos y la violación sistemática de los derechos fundamentales de todxs las que no pertenecen a la clase política
- la manipulación ideológica, partidista e indiscriminada que dichos poderes públicos hacen del concepto de terrorismo y la adjudicación de escoltas y guardaespaldas a una minoría que forma parte de su elite, en detrimento de una mayoría que tiene el mismo derecho que ellos a exigir protección pública y gratuita
... resulta pues inconcebible que todavía nadie se haya animado a denunciar a los poderes públicos españoles ante el tribunal constitucional y demás tribunales comunitarios; que en plena campaña electoral estatal, nadie exhorte a los políticos a que demuestren con hechos su sensibilidad y preocupación ante el problema de la violencia contra la mujer, trasladando consecuentemente las escoltas de sus colegas profesionales a las mujeres que se desgañitan sin respuesta anunciando sus inminentes asesinatos...

Y es que ante tanta corrupción y tomadura de pelo in crescendo sin perspectivas de cambio, lo que a nadie podría sorprenderle sería ver, en un futuro no lejano, a mujeres amenazadas de muerte por individuos concretos e ignoradas por todo el sistema -por mucho que traten de disimularlo-, yendo cual Rovira a charlar con ETA, para pedirles de rodillas, en este caso, el favor de que las amenacen a ellas de muerte.

Porque en este país, ya se sabe, lo que no es político no cuenta una mierda...

Fuente: La Haine