[Video] ¿Por qué "Billy el niño" no será juzgado?

"Billy el niño" saliendo de la Audiencia Nacional española Tal y como se esperaba, la fiscalía de la Audiencia Nacional española, una jurisdicción especial heredera del antiguo Tribunal de Orden Público de la Dictadura, se opuso terminantemente a la extradición a Argentina del conocido policía de la brigada politico-social Antonio González Pacheco, conocido en los ambientes antifranquistas de los años 60 y 70 del siglo pasado como "Billy el Niño". "Billy el niño" fue protagonista de numerosísimos casos de tortura que sufrieron miembros de la oposición que durante aquellas décadas luchaban contra la autocracia del régimen de Franco. Como se recordará, la jueza argentina Servini de Cubría había reclamado su extradición a ese país a las autoridades españolas. Sin embargo, el fiscal Pedro Martínez estimó que la cuestión era de exclusiva competencia de la justicia española, ya que los hechos "habían sido cometidos en territorio español, contra ciudadanos españoles y, además, las víctimas son nacionales igualmente españoles". No obstante, la decisión del fiscal, lejos de ser considerada como expresión de los propósitos de las autoridades judiciales españolas de perseguir a los torturadores y a sus cómplices, se ha interpretada en la Argentina como una argucia destinada a impedir que los miembros del aparato represor franquista puedan ser sometidos a juicios en España o en cualquier otra parte del mundo. Los asesinos y torturadores de la última etapa del franquismo y de la Transición están protegidos por una "Ley de Amnistía" que impide "ad infinitum", el procesamiento de aquéllos que provocaron derramamiento de sangre durante el régimen del general Franco. La impunidad de estos malhechores fue el resultado de un pacto suscrito entre los políticos provenientes del período franquista y las direcciones del PSOE y del PCE durante los años de la llamada "Transición" democrática. MARTIN VILLA En los medios judiciales argentinos se intentó, igualmente, solicitar la extradición de Rodolfo Martín Villa. Martín Villa ostentó durante años altos cargo en la jerarquía de Falange española y de las JONS, ocupando posteriormente la cartera de Interior en varios gobiernos de la monarquía juancarlista. Durante ese periodo, Rodolfo Martín ejerció con suma violencia la represión estatal durante sus mandatos en el Ministerio de la Gobernación, que provocaron decenas de muertos en las calles de las ciudades españolas. Martín Villa había sido Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (1962-1964), Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Barcelona (1974), Ministro de Relaciones Sindicales (1975), finalmente, se encargó durante los gobiernos de Suárez de estrangular a aquellas organizaciones y movimientos que se resistían a pasar por el aro de los acuerdos concertados por los artífices de la "fórmula transicional". En la actualidad, Martín Villa no sólo se encuentra blindado por la protección de la antigua Administración franquista, todavía pervivente en áreas importantes del aparato del Estado español. Ocupa, además, cargos de alto rango en importantes empresas vinculadas al grupo Prisa, propietario del periódico "El País". Junto con el difunto fundador del PP, Manuel Fraga Iribarne, Rodolfo Martín Villa fue el responsable político de la aún impune matanza de Vitoria, acaecida el 3 de marzo de 1976, en la que las fuerzas policiales asesinaron a cinco personas e hirieron de bala a otras cien durante una asamblea de trabajadores. Fue también durante su etapa de ministro de la Gobernación en la "Transición", cuando la policía asesinó, el 8 de julio de 1978, a Germán Rodríguez en la plaza de toros de Pamplona, por haber desplegado una pancarta en los Sanfermines. En aquella ocasión, la represión policial provocó más de cien heridos, diez de ellos de bala. Se le considera igualmente responsable del atentado cometido contra el líder independentista canario Antonio Cubillo, en Argel. Al respecto, el Tribunal Supremo hace tan sólo unas fechas procedió a su exoneración por considerar que el movimiento del canario Antonio Cubillo era una organización "terrorista". Durante su etapa como Ministro de la Gobernación, miembros de las fuerzas de seguridad muy vinculados a su ministerio se vieron implicados en la organización de varios atentados terroristas contra movimientos revolucionarios. UTRERA MOLINA Otro de los antiguos funcionarios de la Dictadura que la juez Servini quiere sentar en el banquillo a declarar es José Utrera Molina. Utrera pronto cumplirá 90 años. Pero se mantiene, no obstante, lúcido y extraordinariamente locuaz. Su hija está casada con el actual ministro de justicia español Alberto Ruiz Gallardón. Que Ruiz Gallardón contrajera matrimonio con la hija de un falangista insigne y ex ministro de Franco no es una casualidad. Los integrantes de la gran derecha española, de la derecha histórica, están vinculados no sólo por intereses económicos, sino también por sus relaciones de proximidad y hasta por el árbol genealógico al que pertenecen. En la querella iniciada en la Argentina contra los crímenes del franquismo, Utrera se encuentra imputado por su pertenencia al gabinete gubernamental presidido por Franco que sentenció a muerte al joven catalán Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 con el procedimiento medieval del garrote vil. Utrera Molina no muestra en la actualidad la má leve señal de arrepentimiento en relación con su colaboración con la pasada dictadura franquista. En un artículo necrológico que publicó en el periódico monárquico ABC, con motivo de la reciente muerte del dirigente fascista Blas Piñar, dijo en relación con su historia: "Blas era el prototipo de una España ya desconocida que pasó a la Historia, pero que un día volverá con resplandores, con canciones y con himnos a alegrar un poco nuestro corazón entumecido". UN RÉGIMEN POLITICO NO SE LLEVA NUNCA A SÍ MISMO AL BANQUILLO Someter a juicio personajes como Utrera y Martín Villa equivaldría un disparatado suicidio po parte del régimen político existente. Desencadenaría una tormenta social de tal magnitud que pondría a la vista del conjunto de la sociedad la falsificación sobre la que se construyó la farsa de la denominada "Transición pacifica a la democracia". El sistema monárquico no se puede condenar a sí mismo. La colaboración criminal con la Dictadura no ha sido solamente un delito del que han sido partícipes personajes de primera o segunda fila. No pocas veces hay quienes olvidan que el propio Jefe del Estado fue nombrado sucesor por el propio Dictador y que sus compromisos con la autocracia no fueron menores que la de aquellos otros que ocuparon cargos de primer orden. ¿Por qué razón es más responsable un miembro de los equipos gubernamentales que presidieron la sangrienta "Transición pacifica" que el propio jefe del Estado? ¿Alguien puede creer todavía que el monarca solo se ocupaba de las alegres singladuras en su yate "Bribón" y dejaba en manos de sus subalternos la marcha de la nave del Estado? La marca natalicia del régimen monárquico actual es indeleble. Su alumbramiento no fue el resultado de una ruptura política en la que el pasado quedara definitivamente saldado. Solo fue la expresión de un compromiso alrededor del cual las fuerzas políticas y económicas provenientes del franquismo y aquellas otras que habían luchado contra él, se comprometieron en el mantenimiento de un status quo, mediante el cual los rubricantes acordaban no traspasar la frontera de determinadas líneas. Entre ellas se encontraba el "olvido" del asesinato, el terror y la tortura. A cambio, las direcciones de las organizaciones políticas y sindicales que combatieron a la Dictadura recibieron todo tipo de prebendas y privilegios de los que hoy todavía disfrutan. Precisamente por ello, ni unos ni otros han estado interesados en que se den pasos que contribuyan a establecer la verdad histórica. Sólo una auténtica ruptura política con los restos de la Dictadura que todavía perviven en la actual monarquía, y autentico proceso democrático y constituyente podrá restituir la memoria de aquellos que perdieron su vida defendiendo la libertad y la democracia a lo largo de siete décadas. Lo demás son batallas politicas que hay que necesariamente librar, pero sobre cuyos resultados no conviene hacerse ilusiones. Canarias-semanal.org