ZP ratifica a la represora Carmen Pereira en su cargo de delegada del Gobierno en Extremadura

Tanta incompetencia, inoperancia, inseguridad, prepotencia, … nos parece totalmente incompatible con la responsabilidad que se le atribuye a la persona que dirige la Delegación del Gobierno

Algunos de las hazañas más reseñables de la delegada del gobierno:

El año pasado Refinería No denuncia a Carmen Pereira por "detención ilegal"

Los hechos se produjeron en la protesta del pasado día 7 en Mérida. Culpan de la actuación policial en la concentración a la delegada del Gobierno.

En 2006 La Plataforma Ciudadana -Refinería No- ha presentado recientemente, ante La Fiscalía de Badajoz, una denuncia contra la Delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, y también contra la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por prohibirles participar como pasacalles en el desfile del pasado carnaval de la capital pacense.

Ya a fecha de 18-12-05 Carmen Pereira había sido firmante de las más de 100 multas y 11 comparecencias ante el juzgado a CIUDADANOS de Villafranca de los Barros.

También fue la responsable de que se prohibieran manifestaciones porque decía que eran "un sistema primitivo".

Manipulación de cifras: El fracaso de la manifestación a favor de la refinería promovida por la Junta sigue dando quebraderos de cabeza al PSOE y más concretamente a la Delegación del Gobierno en Extremadura desde donde se cifró en 10.000 el número de participantes, cuando las propias fotografías publicadas han demostrado que el número de asistentes a ese acto que presidió el Jefe del Ejecutivo, Rodríguez Ibarra, fue mucho menor.

Reproducimos a continuación un escrito de V. Casco de 2005 que refleja muy bien la forma de ser de Pereira:

Carmen Pereira debe dimitir

Por salud pública, por higiene democrática y por responsabilidad política, el gobierno de Rodríguez Zapatero no puede seguir manteniendo en el cargo de Delegada a quien a traspasado todas las fronteras de la ética y a quien rememora los viejos tiempos del gobernador civil.

Si Carmen Pereira permanece, debemos colegir que el Presidente de la Nación ampara y comparte los métodos que esta señora emplea para acallar todas las voces de protestas a las decisiones del Ejecutivo de Ibarra. Difícilmente podrán vendernos la política del 'talante' o reclamar para sí el ejercicio del diálogo. En su gestión, Carmen Pereira es todo lo opuesto al diálogo, al talante, al respeto a los ciudadanos y a la defensa de los derechos constitucionales de manifestación y expresión. Resulta lamentable que quien se asomó al mundo público a través de los colectivos de Recuperación de la Memoria Histórica, haya aprendido de esa época no el valor de la lucha a ultranza por las libertades, sino los métodos represivos del bando vencedor.

La Delegada del Gobierno no ha dudado en emplear los métodos más deleznables para defender los intereses particulares del Ejecutivo regional y con las denuncias que tramita contra manifestantes no busca sino intentar acabar con las protestas, amedrentar... en resumen: meter el miedo en el cuerpo. Con ella vuelven los tiempos de rigor. Es posible que nuestros padres terminen diciéndonos «hijo, no te metas en política» mientras balancean la imagen de la Delegada, amenazante, terrible, premonitoria de castigos y multas.

¿No!, no es ninguna exageración. A su trayectoria me remito: el 18 de julio, repito, el 18 de julio pero de este año, la representante (en teoría) de los intereses del gobierno de ZP, se reunió con las fuerzas de orden en Montijo para aclararles que desde ese momento no habría más - según ella- altercados públicos. Es decir, que el toque de queda se establecía para quienes pretendiesen denunciar públicamente las políticas del Gobierno Regional o de los Gobiernos Municipales Socialistas. Cabe aclarar que por altercados públicos debemos entender toda forma de manifestación contra la Refinería o contra, por ejemplo, la propuesta de privatización de servicios públicos que ha realizado la alcaldesa de Montijo. Los insultos a IU en la reciente manifestación de 3.000 personas a favor de la refinería en Villafranca no son altercados públicos, las pintadas contra nuestro concejal en Alcántara, en un edificio del siglo XVIII, tampoco son altercados públicos. Las palabras de Rodríguez Ibarra, acusando a todo el mundo, no son altercados públicos. Faltaría más. La Ley se aplica según el color político del ciudadano que la traspasa.

Tras el 18 de julio, la ola represiva aumentó: más de 120 personas multadas en Villafranca de los Barros por oponerse a la Refinería. 21 personas en Montijo por oponerse a la privatización de los servicios públicos. Entre los multados por «vociferar», «gritar» e «insultar» nos encontramos a Juan 'el mudo', un señor de Villafranca que como indica su mote ni puede gritar ni vociferar... Es la mejor prueba de la gestión administrativa de los expedientes, de que lo esencial era encontrar cabezas de turco, cualquier persona que sirva de ejemplo y escarnio. También nos encontramos multados por insultar a los concejales en un Pleno a personas que no han asistido nunca a ningún pleno, pero que forman parte de alguno de los colectivos implicados en la oposición a la Refinería.

Ciertamente estas muestras de irregularidades no van a servir para cambiar la opinión de la Delegada del Gobierno. Ha optado por un camino que le permitirá ascender socialmente en el PSOE de Extremadura. Pero su gestión, con el tiempo, estará a la misma altura que ilustres gobernadores civiles y delegados del gobierno que reprimieron a placer a los ciudadanos y ciudadanas.

Los hombres y mujeres de esta región deben saber que hay más de una centena de personas multadas con 300 o 500 euros por el delito de no compartir los criterios del Gobierno Regional. La Delegada del Gobierno debe saber que si estar en una manifestación no convocada contra la Refinería es un delito, quien suscribe este artículo ha estado en muchas. El gobierno de Zapatero debe saber que quien representa sus intereses en Extremadura debe dimitir, simplemente por clarificación democrática.