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Euskal Herria :: 03/01/2007

2 muertes en cárceles vascas el pasado diciembre

SalHaketa
Un preso de Martutene y otro de Nanclares de la Oca murieron el pasado diciembre

DOS NUEVAS VÍCTIMAS MORTALES DE LA CÁRCEL
Una persona presa de 27 años ha sido encontrada muerta en su celda el pasado 30 de Diciembre de 2006, en la prisión Nanclares una vez más en extrañas circunstancias sin esclarecer. Según la informaron de fuentes penitenciarias, la muerte de G.T.S., vecino de Vitoria, fue descubierta a primera hora de la mañana cuando los funcionarios de la prisión procedían a hacer el recuento habitual de los internos en su celda. Los funcionarios vieron que G.T.S. permanecía en su celda sin moverse, por lo que miraron a ver lo que ocurría. Al ver que no respondía, dieron aviso a un médico que sólo pudo confirmar que había fallecido. Compartía celda con otro recluso que no se había apercibido de que a su compañero le ocurriese nada. También según fuentes penitenciarias, en la celda no había nada anormal, ni el cuerpo presentaba señales de violencia. Cumplía condenas que sumaban nueve años de prisión y estaba cumpliendo condena en Nanclares desde octubre de 2000. Se encontraba clasificado en segundo grado penitenciario y había disfrutado ya de algún permiso de salida de la cárcel.

El pasado día 16 de diciembre falleció en el Centro Penitenciario de Martutene el joven A.K.D.A., era de nacionalidad saharaui, tenía 23 años y tras estar una temporada en Canarias vino a Gasteiz donde estuvo implicado en una pelea. Como consecuencia de ello fue detenido y juzgado el pasado mes de octubre por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Vitoria. Abdel permaneció en situación de prisión provisional en la cárcel alavesa de Langraitiz y posteriormente en Martutene. Como quiera que la situación en prisión resultaba insoportable, él solicitó voluntariamente la expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva a la prisión en aplicación del artículo 89 del Código Penal. Mientras tanto su situación se iba agravando con una importante alteración psíquica que le ha llevado a autolesionarse en varias ocasiones, mostrando reiterados deseos de suicidarse. La única respuesta de la Dirección de la Prisión de Martutene ante el anterior intento de quitarse la vida fue, junto al preso de apoyo que le acompañaba, INTERNARLE EN CELDAS DE AISLAMIENTO donde finalmente se ahorcó.

Estos dos casos son una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como se hemos venido denunciado. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de 23 personas muertas durante los dos últimos años en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o con residencia administrativa en la CAPV muertas en otras prisiones del estado.

Pero lo que resulta más grave es la política de ocultamiento y retraso en la información pública sobre estas muertes y la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuales fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... son demasiadas las preguntas sin responder.
Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:
1 Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con le fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
2 Siendo conscientes de que exigir el cierre cautelar de las prisiones de Nanclares de la Oca y Martutene pueda ser un perjuicio para aquellas personas preventivas o penadas residentes recluidas en las mismas, consideramos imprescindible solicitar el cierre cautelar de aquellas dependencias que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad para garantizar la salud y seguridad tanto de las personas presas, como del personal que trabaja en las mismas.
3 La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad.
4 La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar habitual de residencia.
5 La excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
6 El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar.

 

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