Alsasua: jueces, verdad y equidad

 Las cosas, las leyes, las instituciones, los hechos, son como son, pero no como parecen, y menos aún como dicen algunos jueces que las ven. Estoy convencido de que los “jueces”, no todos y no siempre, pero con frecuencia, no ven las cosas, las leyes, los hechos, como ellos aseguran que son. Se pliegan más bien y con frecuencia, al más poderoso, o a quien, sencillamente, les ha alzado al poder.

Todo juez en el desarrollo de sus funciones, se enfrenta, por un lado a los textos legales, y por otro a las pruebas y declaraciones de los testigos presentados tanto por fiscales, como por los abogados del estado y defensores; guardias civiles y policía. Pero todo juez, bien o mal, interpreta de hecho, los textos de la legislación vigente, claro que a su manera, y según sus propios intereses. Utiliza su memoria, entendimiento y voluntad, según la inclinación del poder político del que depende, según la acción de que se trate, o el talante del encausado. Son varios los factores que intervienen en el entendimiento y voluntad de los jueces, en sus decisiones, en la interpretación de leyes, declaraciones de cada una de las partes en litigio. El problema es que no buscan tanto la verdad de los hechos, como ganar la batalla de cada acción jurídica, de cada causa a ellos encomendada.

Según Europa press, (17-12-2018) “En concreto, seis de los condenados por los hechos de Alsasua, pedían apartar a los magistrados José Ramón Navarro, Presidente de la Audiencia Nacional, y Eloy Velasco, por estar condecorados por la Guardia Civil; y también a Enrique López, por haber hecho constar en un auto, el pasado mes de octubre esta misma condición de condecorado, así como la apreciación de que esto no es óbice, en su opinión, para desempeñar con imparcialidad su tarea.” “También pedían apartar a Velasco, además, por participar en un congreso de la asociación de víctimas del terrorismo, Covite, que está personada en la causa, y por unas declaraciones sobre los jóvenes, imputados como ideologizados en la estela de ETA.”

La respuesta de los jueces, siempre según Europa press, ha sido la de “condenar a los promotores de esta recusación (los enjuiciados) a una multa de 600 euros, y las costas del procedimiento, al entender que obraron de “mala fe” al pedir que estos tres jueces fuesen apartados del Tribunal” Posteriormente, en un acto dictado por una Sala Especial de la Audiencia Nacional, contradicen las pretendidas acusaciones de los encausados. ¡Algo natural! Cuando leí la condena de los 600 euros, me quedé perplejo y desfondado. Pensé en las grandes condenas finales a las que podían someter impunemente estos jueces, a los ocho jóvenes de Alsasua, si ya lo hacían en el propio juicio, por unas libres y necesarias manifestaciones de los encausados.

Mantengo así, que todo aquel juez que en sus acciones, desarrollo de su misión, no utiliza la memoria, el entendimiento y voluntad para ver y entender de manera humana y natural y justa, no forzada por su situación de privilegio, la realidad de los hechos que le mandan enjuiciar, está utilizando el poder que le concede su alta posición en el conjunto del Gobierno de la Nación para interpretar todo y actuar en su propio provecho. Miro el diccionario de María Moliner, para ver los sinónimos de la palabra “juez”, y veo magistrado… enjuiciador, árbitro,… y termina con la terrible palabra de “inquisidor”. No me ha resuelto el problema, porque no deja de ser teoría. No obstante, ha sido Ignacio Escolar -12-11-2018, quien, me ha encendido la luz. “Tenemos un problema con la justicia española, -dice- con la separación de poderes, con la confianza en los juzgados, con su imagen de imparcialidad. Los políticos nombran a dedo al gobierno de los jueces, a su consejo político: a los 20 vocales del Consejo Superior del Poder Judicial. “Y estos 20 vocales nombrados a dedo por los políticos, cual consejo de administración, a su vez, nombran a dedo a todos los jueces del Tribunal Supremo… Ningún juez llega al Supremo sin el apoyo de los partidos…. A la justicia se llega por una dura oposición. A la cúpula de la justicia, no. España es el único país europeo donde los jueces del Supremo y otros tribunales importantes son nombrados así: por decisión casi directa del CGPJ.” (Consejo General del Poder Judicial)

Decir que las condecoraciones de la Guardia Civil, no son causa objetiva de imparcialidad, es, para un juez, no hablar con inteligencia, sino en defensa personal. Y una vez más queda claro, que la denominada justicia española, actúa sin poner en práctica la división de poderes. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial se unen definitivamente en cada uno de los jueces. No en todos, pero sí en la mayoría, y en la alta magistratura. “El sistema que reglamenta los conflictos,-y litigios- en algunas sociedades…n es una prueba de fuerza que puede terminar en transacción económica” Según Michel Foulcault en su obra La verdad y las formas jurídicas. “Las “pruebas” judiciales no son una manera de probar la verdad, sino la fuerza, el peso o la importancia social del individuo encausado… porque, quien gana la lucha, gana el proceso, sin posibilidad de saber la verdad” Los jueces, pues, deben someterse al Poder Político reinante. Ambos son el Poder y la Gloria del País… pero no el Poder y la Gloria de la Verdad ni del Pueblo.

El Parlamento Vasco ha pedido la puesta en libertad de los ocho jóvenes de Alsasua condenados por participar en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 hasta que la sentencia sea firme, dada la "desproporción de las penas" y su "prolongada estancia en prisión". Comentario: es lo menos que pueden pedir. Se quedan jurídicamente cortos. También el Parlamento Vasco Forma parte del Poder, político y jurídico.