Condenados por cortar la A-92 en contra del "decretazo" del Subsidio Agrario

La juez elevó a 360 euros la sanción interpuesta a María del Carmen García Bueno, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), al asumir ésta la responsabilidad total de la manifestación. Los cuatro sancionados con una multa de 90 euros son el ex alcalde de Salar, Emilio Pinilla, el sindicalista Ted Van Der Heide, y los dirigentes locales del SOC, Juan Pérez Morón y Francisco Jáimez. El resto de enjuiciados (entre ellos, Paco Cabrerizo, responsable de la Comisión Permanente de Nación Andaluza), fueron absueltos en este juicio, celebrado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Loja, ante cuyas puertas se concentraron pacíficamente miembros de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía (USTEA), del SOC y familiares de los imputados.
Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2003 cuando unas 150 personas provistas de banderolas y pancartas, entre ellas miembros de USTEA, del SOC y militantes de IU, cortaron durante algo más de diez minutos la A-92 a la altura de Huétor Tájar (Granada) en dirección a Sevilla. Según se recoge en las diligencias instruidas, el corte no originó ningún accidente, aunque causó una retención de algo más de un kilómetro y obligó a la Guardia Civil a desviar parte del tráfico rodado.

Según explicó el abogado del SOC, Luis Caña Escobar, "la sentencia es muy negativa en cuanto se pena una vez más a sindicalistas que están defendiendo de una forma pacífica sus derechos que consideran violentados". Para Caña, que pedía la absolución de todos los enjuiciados, "la resolución carece de criterio pues en otros puntos de Andalucía se secundaron similares cortes y sus manifestantes fueron absueltos", y recordó que aunque la manifestación carecía de permiso de la Subdelegación del Gobierno "ésta conocía que se iba a realizar y siempre de una forma pacífica".

Los nueve trabajadores, sindicalistas y militantes políticos imputados por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Loja, se mostraron tranquilos porque "no hemos cometido ningún tipo de delito, únicamente nos manifestamos por nuestros derechos" y añadieron que "el Gobierno nos dio la razón al retirar el decretazo". Nación Andaluza, por su parte, en comunicado remitido, denunciaba "el constante proceso de represión y criminalización policial aplicada desde el poder (y sus lacayos sindicales y políticos) contra el movimiento jornalero andaluz". La organización de izquierda independentista argumentaba al respecto relatando que "de los 9 encausados en este juicio, cuando sucedieron los hechos sólo le pidieron la documentación a 2 de ellos: los demás acusados lo han sido por una posterior investigación policial". Hasta el día de hoy, más de cien militantes del SOC han sido procesados por su lucha contra el Decretazo del PP y multados con sanciones que superan los 90.000 euros. Puedes apoyarlos con tu aportación voluntaria en la cuenta corriente nº 2098-0004-85-0132000292.