Derecho a la vacuna para todos y todas

La pandemia ha transformado la vida social durante el 2020 y probablemente lo hará durante los años venideros. Sin embargo, hay una diferencia entre el presente y el pasado marcada por la aparición de la vacuna.

Estas vacunas y su distribución vienen inevitablemente marcadas por duras controversias. Polémicas sobre la eficacia de unas vacunas que compiten entre si regidas por la ley del beneficio económico que es la que determina cual se aprueba antes, cual es más barata, cual tiene menor coste logístico, …

Polémica sobre su obligatoriedad. No será obligatoria, pero si imprescindible para acceder a un trabajo, poder viajar libremente, acceder a determinados servicios sociales, …

Polémica también sobre sus reglas de distribución que nada más establecerse ya han sido vulneradas. Alcaldes, funcionarios públicos, mandos militares y políticos de todo pelaje que se vacunan antes que los denominados grupos de riesgo, dosis que se desperdician o sobre aprovechan.

Dentro de estas polémicas hay una, la que nosotros consideramos más importante, que permanece oculta en el aluvión de reportajes y debates mediáticos, ¿Existe o no el derecho universal a la vacuna?

Nosotros estamos absolutamente convencidos de que así debería ser. El derecho universal a la vacuna del Covid-19 es parte indispensable hoy del derecho universal a la salud y a una sanidad publica que la proteja; y este es un derecho humano de todas las personas y de la sociedad entera.

Pero, bajo el sistema político y económico en que vivimos, tal derecho corre peligro de ser conculcado.

¿Tendrán derecho a vacunarse las personas sin papeles? Ya se comenzó a vacunar a personas de edad avanzada por ser un grupo de alto riesgo. Pero muchas de estas personas son cuidadas por otras más jóvenes, un gran porcentaje de ellas viven internas en la casa de quien cuidan y también un gran número de ellas no tienen papeles. Son trabajadoras claramente esenciales a las que la política de este gobierno ha dejado atrás, como con el resto de inmigrantes sin papeles al rechazar su regularización. Si es lógico que los sanitarios y trabajadores de las residencias sean vacunados junto con las personas que están a su cuidado, también lo es que lo sean estas trabajadoras del hogar y los cuidados con un alto riesgo de ser contagiadas.

Esta pandemia ha demostrado que las diferencias sociales no le son ajenas. La velocidad de contagio crece con la pobreza, el confinamiento inútil frente al hacinamiento de quienes viven en habitaciones compartidas muchas veces sin salida al exterior y el toque de queda es una ironía para quienes duermen en la calle.

Y además estas personas con un alto riesgo de contagio sufren otra discriminación, la mayoría de ellas no están empadronadas nl tienen acceso a la tarjeta sanitaria. Para la sanidad pública simplemente no existen.

Esto no ocurre porque dichas personas no quieran empadronarse o porque la Ley así lo marque. Todo lo contrario, la Ley dictamina que el padrón es un derecho y una obligación universal y podemos atestiguar que estas personas han intentado una y otra vez empadronarse sin éxito.

Multitud de ayuntamientos se niegan a empadronar a las personas que viven realquiladas sin contrato, cuando el propietario o arrendatario del piso no les deja empadronarse. En zonas de gran densidad de población como L’Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Mataró y otras son miles las personas en esa situación.

De esta forma los ayuntamientos ponen en peligro la salud no ya de las personas que se niegan a empadronar sino la de la sociedad entera. Pero también son responsables instituciones superiores como los gobiernos autonómicos y central que conociendo esta situación miran para otro lado. Durante el primer estado de alarma, la Generalitat creó un mecanismo telemático para que todas las personas sin excepción accediesen a una tarjeta sanitaria, pero pese a que la pandemia continua y vamos ya por la tercera ola y el segundo estado de alarma, aquellas tarjetas caducaron en el verano y de nuevo esa gran parte de la población a la que se niega el padrón quedó sin cobertura sanitaria.

Mucho se recalca la responsabilidad social de quienes no cumplen las restricciones sociales. Se sanciona a quienes hacen botellón, pero también a quienes no pueden justificar su viaje al trabajo por carecer de contrato o a quienes no pueden pagarse las mascarillas adecuadas. Pero la responsabilidad de las administraciones que ponen en peligro la salud de miles de personas al discriminarlas no tiene sanción alguna.

Una sociedad desigual es una sociedad injusta y no podrá ser una sociedad sana. Luchar por preservar la salud y la vida de todos y todas es inseparable de luchar por la igualdad de derechos.