Alira Araneta, portavoz de la red para la despatologización

El 23 de octubre, la Red Internacional para la Despatologización Trans convocó en 61 ciudades del mundo una jornada por los derechos de las personas trans.

- El Octubre Trans llegará este año a más de 60 ciudades

David Molina / Madrid.- “Un cambio de paradigma en el entendimiento que tenemos sobre lo sano/enfermo, sobre el control de sexo y de género y sobre la violencia social fundamentada en dichas bases” es la principal reivindicación de la Red Internacional para la Despatologización Trans, como resume una de sus portavoces en el Estado español, Alira Araneta. Estas demandas a nivel estatal, explica Araneta, se han concretado en las últimas semanas en cinco puntos: “El primero significa la supresión de los requisitos de diagnóstico y tratamiento médico para la rectificación registral del nombre y sexo en la Ley 3/2007.

El segundo es relativo a la abolición de la prohibición de nombres ‘que induzcan a error en cuanto al sexo’ en el artículo 54 de la Ley de Registro Civil. En el tercero pedimos la supresión de la mención de los sexos en los documentos oficiales de carácter público. En el cuarto solicitamos la inclusión del proceso de reasignación de género en las prestaciones sanitarias públicas. Y, por último, el quinto punto apuesta por un cambio de la práctica clínica del proceso de reasignación de género: la sustitución del modelo de autorización por un modelo de autonomía que reconozca el derecho de la persona trans a decidir sobre su proceso de modificación corporal”.

Preguntada por la creciente evolución de los actos a favor de estos derechos, Araneta describe cómo “en 2007 empezamos solamente en Barcelona, Madrid y París. Ya en 2008 eran once las ciudades, la mayoría del Estado español. En 2009 se produjo el salto hacia otros continentes, donde las vivencias y percepciones del género son muy diversas. Así hubo actos principalmente en América Latina, donde los movimientos sociales se van afianzando de la mano de un trabajo militante, cercano y desde las vivencias cotidianas de las personas trans, como en el caso de Ecuador. Ahora, en 2010, ese trabajo de acercamiento, coordinación y consenso con diferentes realidades culturales ha dado sus frutos con la organización de actos en países africanos y asiáticos como Sudáfrica, Botsuana, Filipinas o Mongolia”.

En estas reivindicaciones, el papel jugado por colectivos de todo el Estado es muy importante. De las 61 manifestaciones, 18 han tenido lugar aquí, con citas en pequeñas localidades como Ames (Corunha) o Úbeda (Jaén). “Estos hechos son de una enorme importancia y alegría para nosotras. Saber que se visibilizan estas identidades en lugares de poca población supone un paso cualitativo muy importante”, añade. Preguntada por su valoración de las movilizaciones, reconoce que significan la consolidación y el crecimiento de una reivindicación tradicionalmente olvidada.

En esta línea, presenta alguno de los avances: “El Gobierno español, gracias a la presión por parte de la campaña, declaró el pasado 14 de mayo que pedirá a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que deje de considerar a las personas trans como enfermas mentales”. Sin embargo, el Gobierno ha restringido su actuación a una reclamación formal a la OMS y no ha reformado aspectos de la Ley de Identidad de Género muy criticados desde colectivos trans. En resumen, una “incoherencia”, según integrantes de la Red.

Entre los aspectos negativos de esta ley, Araneta destaca la exigencia de “un diagnóstico de ‘disforia de género’ (término psiquiátrico que define a las personas trans como enfermas) y los dos años de tratamiento médico obligatorio. Esto se traduce, en la mayoría de casos, en un tratamiento hormonal obligatorio y una evaluación de roles, comportamientos e imagen presentada por el paciente como hombre o como mujer, lo que se conoce como ‘El test de la vida real’. Al exigirse un cambio físico, pero no poder modificar los papeles acorde a esos cambios durante ese periodo mínimo de dos años, aumenta aún más el estigma y aboca a muchas personas al ostracismo social, laboral... Ese periodo de dos años se puede extender a voluntad del profesional sanitario si no evalúa de forma positiva al paciente”.

Mientras, el Gobierno ha iniciado una nueva ronda de conversaciones, pero, al igual que en 2005 para la redacción de la Ley de Identidad de Género, sólo se reúne con colectivos afines a él, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. “Abierta y claramente lo decimos: hemos impulsado la lucha por la despatologización local e internacionalmente y como red activista tenemos todo el derecho a estar” en estas reuniones, reclama la Red.