Entrevista a Kenia García: "Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución"

 Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos.

[Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos...

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca...

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza...

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE...? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El "Nadie se va quedar atrás" fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria... lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras... mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle -literalmente- porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata...

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos... disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a "buscar cobijo" en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, "aun con nuestro consentimiento".

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS... recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata -son medidas similares que se insertan en leyes diferentes- hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial... Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla, A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco...

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano... No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas -aunque estas sabemos que no son su competencia- dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales... Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

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