Fiscalía pide dos años de cárcel por una ocupación que duró menos de dos días en una oficina del BBV

La entidad bancaria, que pedía seis meses de cárcel, retiró su demanda, pero el ministerio fiscal siguió adelante, aumentando la petición de pena a dos años, a pesar de no acreditar la violencia necesaria para pedir una pena tan alta. Abogados de los acusados califican la situación de “ofensiva contra el movimiento por la vivienda”

La PAH cumplía ocho años. Y decidió compaginar su fiesta de aniversario con una acción que llevaban años llevando a cabo: el 3 de marzo de 2017 se ocupó una sede del banco BBVA en el barrio de Sant Andreu (Barcelona) para protestar por diversos desahucios de pisos propiedad de la entidad y negociar daciones en pago. La ocupación fue como cualquier otra: diversos activistas de distintos movimientos por el derecho a la vivienda entraron en la sede bancaria y se apostaron allí durante menos de 48 horas.

“Fue una ocupación más: hubo parlamentos y música. Incluso fue más festiva que otras, ya que era el cumpleaños de la PAH. ¡Hasta hubo tarta!”, cuenta Ainhoa Lafuente, miembro de la PAH que estuvo en la acción. Ahora, ella y otros siete activistas se enfrentan a una multa de 800 euros y a una pena de dos años de cárcel, acusados de allanamiento de un local abierto al público y de un delito leve de daños. La petición de pena corre a cuenta de la Fiscalía, después que el BBVA se retirara de la acusación particular.

Ainhoa se halla a las puertas de un juicio (que se celebrará el próximo lunes 9 de noviembre) por “haber pasado un ratito por allá; simplemente cogí el micrófono para explicarle a la gente qué estábamos haciendo”. Así, micro en mano, la identificaron los Mossos d’Esquadra. Un caso similar es el de Aina Gomà, entonces miembro de la PAH y ahora del Sindicato de Vivienda de Sant Andreu, quien fue identificada, como la mayoría de acusados, tras la comida del segundo día de ocupación, cuando estaban recogiendo los bártulos para marcharse. “Quedábamos poquísimos y casi estábamos saliendo ya por la puerta”, recuerda.

A pesar de la alta pena que se les pide, estas dos acusadas se muestran tranquilas: “no hay base para la acusación”, sentencian. En la misma línea se expresa Anaïs Franquesa, abogada de una de las ocho acusadas: “estamos ante un caso que hace cinco años se hubiera juzgado como una falta y no hubiera llegado a juicio. Es una ofensiva contra el movimiento a la vivienda”, asegura. La abogada hace referencia al artículo 203.2 del Código Penal, en el cual se basa la acusación, y que fue reformado en 2015.

El texto establece penas de cárcel de entre seis meses y tres años para quien “con violencia e intimidación entrara o se mantuviera contra la voluntad del titular” en un establecimiento abierto al público. Desde la PAH aseguran que la reforma de este artículo fue pensada “especialmente” para las ocupaciones bancarias. Con la reforma del Código Penal, pues, “nos encontramos con penas absolutamente desproporcionadas contra el ejercicio del derecho a protesta”, expone Franquesa.

El BBVA se retira y la Fiscalía sube la apuesta

Para aplicar el artículo 203.2 se requiere, pues, que haya habido violencia y coacción. Las acusadas reconocen que se quedaron dentro de la sede bancaria pero que en ningún momento se forzaron las puertas ni se paró la actividad. “Acordamos con el banco y con sus guardias de seguridad dejar las puertas abiertas, para que siguieran entrando clientes. No tocamos los cajeros ni alteramos la actividad, porque es un servicio para la gente, que no tiene culpa de las malas praxis de la entidad”, explica Lafuente.

Ainhoa Lafuente (izquierda) y Aina Gomà (derecha), dos de las acusadas por la ocupación. PAH

Y es que, según explican ambas acusadas, “mantener una actitud festiva y sin violencia, así como permitir que los clientes se acerquen al banco, es clave para este tipo de acciones, porque lo que queremos es que nos escuche cuanta más gente mejor”, argumenta Gomà. El relato del BBVA, según el escrito de acusación al cual ha tenido acceso esta periodista, describe la “negativa a parar la ocupación” de los activistas, que “entraron a gritos, lanzaron papeles y empapelaron los cristales”. Pero no se menciona ni violencia ni coacción, imprescindibles para aplicar el artículo 230.2 del Código Penal.

Es por eso que el BBVA, al interponer la demanda en un primer momento, pidió una pena sustancialmente menor: seis meses de cárcel por un delito de allanamiento. Según fuentes de la PAH, la entidad bancaria se retiró de la acusación después de llegar a un acuerdo. Pero la Fiscalía siguió adelante, subiendo la apuesta y pidiendo dos años de prisión. Según la abogada Anaïs Franquesa, no es extraño que la Fiscalía siga adelante con un juicio si la acusación particular se retira, pero “sí es destacable que el ministerio fiscal pida penas mayores”. Por su parte, el BBVA no ha querido confirmar a este medio si retiró la denuncia, ya que rehusan “hacer valoraciones sobre procedimientos judiciales en curso”.

Tanto las acusadas como la abogada ponen el foco en que esta “estrategia dura de la Fiscalía intenta poner el miedo en el cuerpo de los activistas por el derecho a la vivienda”, asegura Ainhoa Lafuente. “Nos quieren callar”, añade. A pesar de esto, aseguran que no van a dejar de hacer acciones como esta, que califican de “informativa”. “Cualquier ciudadano tiene derecho a saber qué nos están haciendo los bancos, porque actualmente ser ciudadano de España significa estar afectado, de una u otra manera, por la crisis habitacional”, sentencia Aina Gomà. Por todo ello, Anaïs Franquesa declara que “no nos angustia el resultado del juicio: lo que nos preocupa es la deriva judicial actual de criminalización del derecho a la protesta y del movimiento por la vivienda”, asegura.

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