¿Cruzada de la Justicia contra el euskera?

La
aplicación por el Gobierno central del recurso sistemático ante el
Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente
Constitución que señala que “ el Ejecutivo central podrá impugnar ante
el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas
por los órganos de las CCAA”, ha supuesto “de facto” el vaciar de
contenido las competencias legislativas de la Cámara foral vasca.Dichas
medidas constrictivas estarían convirtiendo a Euskadi en un
autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del
Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno y de lo que sería
paradigma las últimas decisiones del TSJPV.Así, el
citado Tribunal ha anulado la imposición del conocimiento del euskera
para los 26 trabajadores encargados de prestar "servicios culturales de
proximidad" por una empresa contratada por el Ayuntamiento de Barakaldo
así como el requisito del perfil lingüístico de la convocatoria pública
de la Policía Local de Irun al considerar que el conocimiento
obligatorio del euskera es un requisito "discriminatorio".Dichas
decisiones han sido denunciadas por el Observatorio de Derechos
Lingüísticos, Behatokia, y Kontseilua como "decisiones políticas" y
tendrían como objetivo impedir el desarrollo del modelo uniformista
aplicado en el País Vasco con la Ley 10/1982 Básica del Euskera para
lograr “una euskaldunización dirigida de todo el territorio".En
consecuencia, para cortocircuitar la cruzada contra el euskera
emprendida por el TSJPV, el Gobierno vasco estaría inmerso en el dilema
de "aceptar los hechos consumados" o recurrir a la aplicación del
Contrafuero por la que "se faculta al Gobierno vasco para solicitar su
reparación al respecto de ese agravio ante aquellas infracciones que
afecten al fuero, leyes, ordenanzas, usos, franquezas, exenciones,
libertades y privilegios presuntamente cometidas por el Gobierno central
o Tribunales de Justicia".Germán Gorraiz- -Analista