Jovenes rebeldes, ante los tribunales una vez más

Si el juez hubiera per-mitido a los fotógrafos permanecer un poco más de tiempo en la sala, habría podido captarse una imagen sin apenas precedentes. Y no sólo porque en la sala de vistas hubiera nada menos que catorce acusados en el banquillo, o porque dos de ellos hubieran llegado directamente de prisión.

La fotografía en cuestión se produjo cuando la fiscal trataba de interrogar a cada uno de los acusados sobre su entrada en un local de la iglesia de La Asunción de Donibane (Iruñea) el 1 de febrero de 2002. Uno de los dos prisioneros, Unai Berrostegieta, le respondió que «no acepto este juicio, y no tengo nada que decir». A su lado, Araitz Zubimendi, también encarcelada por otra euroorden, secundó sus palabras. Y eso hicieron, uno a uno, el resto de los acusados a medida que el juez iba pronunciando sus nombres. Cuando terminó la ronda, todos ellos se echaron la mano al bolsillo y extrajeron catorce carteles en los que se podía leer el lema «Gurekin jai duzue. Epaiketa fartsarik ez», que alzaron sobre sus cabezas.

A sus espaldas tronaron los aplausos del público que llenaba la llamada Sala del Jurado, la mayor de la Audiencia de Iruñea. El juez clamó en vano:«Pueden decir lo que quieran, pero no pueden hacer un acto reivindicativo porque este sitio no es una sede natural para eso». Yordenó su expulsión.

Los policías forales se llevaron primero, casi en volandas, a Berrostegieta y Zubimendi, que se despidieron con el puño en alto y entre gritos de saludo y de ánimo tanto por parte de los demás condenados como desde el público, donde se agolpaban familiares y amigos que también fueron expulsados.

Después, poco a poco fueron saliendo de la sala Idoia Iragorri, Peio Etxeberria, Endika Urresti, Igor López, Iñigo Albisu, Karlos Sobron, Iraitz Iparragirre, Julen Barainka, Maider Goikoetxea, Eneko Arizti- muño, Naroa Jauregizelaia y Leire González. Todos ellos habían sido identificados el día en que la Policía española, con una orden judicial emitida tras la denuncia del Arzobispado de Iruñea, desalojó los locales de la iglesia de Donibane.

Como entonces, ayer tampoco hubo resistencia. Pero, también como entonces, el motivo de la protesta de los jóvenes no quedó acallado. En las sillas de la Sala del Jurado quedaron algunos carteles de «Gurekin jai duzue», mientras el juicio proseguía sin acusados. Aquel 5 de febrero de 2002, la Policía vació el local parroquial, pero los huelguistas no abandonaron su huelga de hambre, primero en el gaztetxe Euskal Jai y después en el local de un grupo de danzas de la calle San Lorenzo de Alde Zaharra. Allí, la mayor parte llegó a completar cuatro semanas de ayuno en denuncia de las ilegalizaciones, y su cruda iniciativa supuso un aldabonazo en muchas conciencias en un momento muy crítico.

PACIFICA Y AMISTOSA

El resto de la vista sólo sirvió para dejar en evidencia que el de ayer era demasiado montaje para tan endeble acusación. El propio párroco de la iglesia de La Asunción admitió que aquellos jóvenes no hicieron otra cosa que ayunar por una reivindicación política. «Me pidieron permiso para entrar y les dije que no podía dárselo porque había unas normas del Obispado, pero les expliqué que "si entráis, no me voy a poner en la puerta"», relató el juez.
Ni la fiscal ni el mando policial que ejecutó el desalojo pudieron apuntalar la acusación de «ocupación» del local. El párroco admitió que los huelguistas entraron en el sótano aprovechando simplemente que la puerta estaba abierta, tras el citado aviso previo, y que su actitud fue siempre correcta y laboriosa, sin provocar ningún desperfecto ni entorpecer el funcionamiento de la parroquia. «Yo iba a hablar con ellos para mantener una relación humana y amistosa, incluso por si necesitaban algo. Eso sí, no les insistí para que saliesen, sabía que no lo iban a hacer». Los propios jóvenes, añadió, le pidieron que fuera testigo del desalojo policial final.

La defensa recalcó que la jurisprudencia no ampara la tesis de la fiscal, que pide para cada joven cinco meses de multa a razón de nueve euros al día (unos 1.400 por cabeza). Y la letrada Amaia Izko apostilló que «este caso debe considerarse además a la luz de la situación social. Estos jóvenes ayunaban contra la ilegalización de organizaciones. Poco camino se deja a quienes consideran que se niegan sus derechos civiles y políticos. A la luz de esto, tampoco pueden ser condenados».

Mientras tanto, Unai Berrostegieta salía en un furgón policial camino posiblemente a Daroca, primera estación rumbo a Valdemoro, y Zubimendi emprendía viaje de vuelta a Soto con posible parada en Zuera. A sus familiares no les dejaron visitarles durante unos minutos. El precio de la rebeldía. -

GARA, 22-9-2005