Kanaria: Lucha obrera contra las privatizaciones

Los Cabildos gobernados por la derecha (CC y PP), quieren privatizar por la vía del "procedimiento negociado", es decir, ¡a dedo!, las gestiones tanto del Hospital Militar de S/C de Tenerife, como de todos los centros destinados a la atención de personas mayores, bajo el hipócrita y falso argumento de no poseer recursos económicos para ello, al tiempo que continúan con el despilfarro de erario público en proyectos y obras faraónicas, como en los peores tiempos de la dictadura franquista. En el caso concreto de la conversión del antiguo
Hospital Militar de S/C de Tenerife en centro sociosanitario, el
Cabildo de Tenerife cede el suelo y abona no sólo los costes de la obra, sino también los intereses financieros, proximadamente, unos 41 millones de euros en total), durante los próximos 25 años en la sola gestión de este, siendo la empresa adjudicataria la que preste efectivamente los servicios de atención a los mayores enfermos en el nuevo centro a un precio diario, incluyendo los gastos de amortización de la obra de 78,38 euros por cama/día, que supone un desembolso por cama/año de 28.608,70 euros, o sea, más de 4.700.000 ptas. aproximadamente.

Hasta la fecha se habían celebrado, dos concursos de licitación
pública y varios procedimientos negociados, sin publicidad, para la adjudicación de las obras y explotación del referido centro,
quedando todos ellos desiertos. En estos expedientes constan numerosos informes negativos y/o desfavorables de los servicios gestores y de fiscalización de este Organismo. No obstante, lo anterior, y a fin de facilitar la presentación de ofertas, al quedar desiertos los dos concursos públicos y hasta tres procedimientos negociados, se ha accedido a las demandas de las empresas, modificando paulatinamente el pliego de condiciones, llegando a garantizar a la empresa adjudicataria (cláusula XI del pliego de condiciones), el abono de la obra y los intereses financieros aun cuando puedan surgir "incidencias y/o responsabilidades derivadas de la construcción y explotación del
servicio, incluido el supuesto de intervención, rescate, del
servicio o resolución del contrato", lo que ha sido calificado por los servicios fiscalizadores y de gestión del organismo como una medida "contraria al interés público y al principio de buena administración".

Asimismo y según la cláusula XII del pliego de condiciones referente al Régimen Económico, "la empresa adjudicataria percibirá, el importe fijado por plaza en el contrato, aunque las plazas no estén ocupadas".

De dicho importe el usuario, sus familiares y otras personas
aportaran el 75% de los ingresos líquidos mensuales, que tuviera por cualquier concepto. Este Organismo abonará a la residencia el resto hasta completar el importe mensual de la plaza. "Será a cargo del adjudicatario cualquier diligencia de cobro que deba realizar sobre la parte que corresponda abonar al residente". El incumplimiento por el usuario o su familia del pago que les corresponda realizar, podrá dar lugar a la pérdida de la plaza.

El Plan Canario de Atención a los Mayores, aprobado por todos los grupos políticos, prevé diferentes fórmulas para su ejecución y la primera de ellas es la denominada "Gestión Pública". Entendemos que el sistema de "Gestión Indirecta" (titularidad pública y prestación del servicio por una empresa privada) propuesto por esta administración, aún cuando la misma conserve las facultades de inspección, no puede asegurar la calidad y los recursos adecuados para la atención de las personas mayores dependientes residentes en los centros
sociosanitarios de toda Canarias, por cuanto una empresa privada no puede disponer con las mismas garantías que las corporaciones insulares, de un personal asistencial bien formado para dispensar los cuidados sociosanitarios, por la carencia de un sistema objetivo de selección, por los precarios salarios que ofrecen a su personal y por el número de efectivos contratados.

El ratio de personal, especialmente el sanitario (enfermeros, auxiliares, etc.), exigido a las empresas adjudicatarias para la prestación de los servicios es proporcionalmente muy inferior,
al que actualmente tienen los centros sociosanitarios gestionados directamente por el I.A.S.S.

Además, por un estudio económico realizado por Intersindical
Canaria, la gestión privada que se pretende de estos centros, no resulta económicamente más barata que la gestión que se realiza en otros centros públicos, como por ejemplo, el de La Orotava.

Como consecuencia del eficiente trabajo de la unidad de intervención social del I.A.S.S., se ha mejorado de forma considerable el desarrollo social, cultural y recreativo del colectivo de mayores de las islas, pero esta esmerada atención que se presta a los usuarios de residencias, club y centros de la tercera edad mientras son personas validas socialmente, y pueden votar, debe continuarse cuando estos ancianos pasan a ser personas dependientes y deben ingresar en un centro sociosanitario.

Aunque el modelo del I.A.S.S., no es el modelo que los trabajadores canarios preconizamos, siempre será mejor que la privatización a ultranza defendida por la derecha gobernante (PP y CC).

Cuando no se escatiman recursos para obras faraónicas para las
elites o se llenan nuestras islas de cemento y asfalto, resulta una tomadura de pelo invocar ahora limitaciones presupuestarias para que el Hospital Militar de S/C de Tenerife y otros centros para mayores sean gestionados directamente por los Cabildos a fin de que los mayores reciban una atención de la mayor calidad.

La explotación de estos centros por empresas privadas, merma
claramente las expectativas de estabilidad laboral y el desarrollo profesional de numerosos trabajadores del ámbito sanitario y social que trabajan de forma eventual y temporal en los hospitales integrados en la Unidad Sociosanitaria del I.A.S.S. y su posible futuro como trabajadores indefinidos.

Esta es una prueba en la que el proletariado canaria está siendo
oprimido por el sistema capitalista burgués en el que vivimos.

A través, de este comunicado hacemos un llamamiento al pueblo
canario a constituir una plataforma contra las privatizaciones de los centros de mayores.

CELULA JMP