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Estado español :: 22/12/2020

La pobreza energética vive en la puerta del lado

Sandra Vicente
La pobreza energética es un elefante invisible que afecta hasta al 41% de la población española.

La precariedad y la pobreza energética van mucho más allá de casos mediáticos como el del incendio de Badalona. No se trata solo del riesgo que comporta tener pinchados los suministros o de tener atrasos en el pago de la factura. La pobreza energética es un elefante invisible que afecta hasta al 41% de la población española.

El 6% de personas en España tiene alguno retraso o dificultad para pagar facturas del agua, el gas o la luz. Estos son datos de 2018 del informe de Pobreza Energética en España, de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Pero, a pesar de que los datos oficiales solo pueden registrar los impagos, sería un error pensar que la pobreza energética se limita a esto. Según cifras extraídas de encuestas, el mismo informe asegura que el 15% de la población sufre temperaturas inadecuadas en el hogar y el 29% sufre dificultades para poder acceder a los suministros básicos. La realidad es, pues, que el 41% de españoles, casi la mitad, sufre pobreza energética.

Esta lacra, que es la responsable de más de 7.000 muertes prematuras cada año, es mucho más silenciada de lo que cabría esperar, teniendo en cuenta las cifras. Pero solo es en grandes catástrofes cuando la pobreza energética sale a relucir, como pasó con el incendio del barrio de Sant Roc, en 2018, o el de la nave en Gorg, las dos en Badalona. En ambos casos las fincas consumidas por las llamas compartían algunas características, más allá de estar en la misma ciudad: ambas eran infraviviendas y estaban ocupadas. Consecuentemente, los suministros estaban pinchados, con el peligro que esto comporta.

Pero, más allá de estos hechos escandalosos y altamente mediáticos, la pobreza energética mata cada día de maneras mucho más silenciosas y discretas. No hace falta un incendio ni dejar de pagar facturas para ser víctima de la pobreza energética. “Hay gente que sí paga, pero a expensas de privarse de comer adecuadamente o gente que renuncia a poner la calefacción”, apunta Maria Campuzano, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). “Hay muchos casos que no salen en prensa, que se sufren de manera oculta y no son tan radicales: la vecina de al lado puede estar siendo asediada ahora mismo por las empresas subcontratadas por las distribuidoras que exigen pagos atrasados”, añade.

A pesar de que estos acosos, que se dan a través de llamadas insistentes y mensajes amenazando con cortar suministros, no sean legales, las empresas “las continúan empleando, porque a menudo los afectados no saben que esto no se puede hacer y, aunque lo sepan, muchos no lo denuncian porque viven esta crisis solos, con la culpa y la vergüenza de alguien que no quiere reconocer que tiene deudas”, explica Campuzano. “Muchos acaban forzados a sacar el dinero de debajo las piedras para pagar”, añade.

Arrastrando una deuda más de siete años

Según datos de la Taula del Tercer Sector del 2018, los gastos energéticos han subido un 40% más que el nivel de vida en los últimos 10 años. Esta década fue la década de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Una crisis que Jaume Cortés recuerda como “el inicio del desmadre”. Este hombre de 64 años, originario de Reus, vio como su vida se volvía un conglomerado de créditos sin pagar del año 2013, cuando tuvo que cerrar una tienda de una franquicia para la cual tuvo que pedir varios préstamos. “Los bancos me dejaron tirado -recuerda- y tuve que unificar las deudas y dar el piso en dación para poder asumir los pagos”.

Cuando empezó el “desmadre”, Jaume era autónomo y solo pudo cobrar el paro un año sí y un año no, durante tres ciclos de dos años. Entonces tenía 57 años: “cuando no cobraba paro me mantenía mi prima y todavía le estoy volviendo el dinero. Esto que me hicieron con la prestación no me parecía justo pero tampoco tenía dinero para un abogado”, recuerda. Así, los años que no percibía dinero, no podía pagar nada, ni facturas, ni préstamos. Siete años después, las deudas todavía no se han enjugado, pero “ahora quién apreta no son los bancos, sino las distribuidoras”, explica el reusense.

Consiguió pactar unos aplazamientos y, aconsejado por Servicios Sociales, que le recomendaron “muestras de buena voluntad”, iba pagando recibos pequeños. Este hombre, “que nunca había debido nada a nadie”, ahora está jubilado, con una pensión de 900 euros. “Desde Servicios Sociales me dicen que ya podría pagar toda la deuda de golpe, pero es que todavía tengo que devolver el dinero que me dejó mi familia. Me dicen que tengo que establecer preferencias, pero para mí pasan primero las personas que me han ayudado que no las empresas”, reconoce Jaume. “Son siete años que han pesado mucho”, después de los cuales todavía arrastra 700.000 euros para quedar limpio de deudas, de los cuales 2.000 corresponden a la deuda de la luz y 800 del gas.

Acoso por SMS

“Es una desazón constante y no estás tranquilo por mucho que te esfuerces”, explica Jaume. Y es que, a pesar de tener un acuerdo con las distribuidoras, según el cual cada mes paga parte de la deuda que los liga, recibe llamadas y SMS “constantemente” de empresas subcontratadas que le reclaman el dinero pendiente, bajo la amenaza de cortar los suministros. Tanto la APE, a la cual Jaume se acercó el mes de junio, como los Servicios Sociales calman al reusense con la ley en la mano: según la ley 24/2015, más conocida como ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, los cortes de suministros están prohibidos.

“Pero yo que sé qué me harán”, dice Jaume, quien considera que “con las leyes no se puede contar”. Si bien es cierto que los primeros años la ley “se incumplía constantemente”, la situación ha cambiado, asegura Maria Campuzano, de la APE. “Tuvo que morir una persona para que las administraciones se pusieran las pilas para exigir el cumplimiento de la ley”, explica, en referencia al caso de la mujer que murió en un incendio en Reus en 2016, originado por una vela que usaba para iluminarse desde que le cortaron la luz. “Este caso se podría haber evitado si alguien hubiera comprobado que esta mujer vivía en situación de vulnerabilidad”, apunta Campuzano.

Según la APE, “hay un cumplimiento de la ley bastante elevado” gracias al texto catalán, que define como “el más garantista del Estado”. El foco ahora, pues, se encuentra en España, donde se aprobó una moratoria del pago de los suministros debido a la pandemia, que acabó en octubre. Ahora, la APE y otras entidades civiles cuentan con el apoyo de representantes de 10 grupos parlamentarios para conseguir prohibir los cortes a personas vulnerables en todo el Estado.

En lucha para condonar la deuda

La lucha, ahora, de los afectados y entidades es conseguir la condonación de la deuda de las personas protegidas por la ley 24/2015 en Catalunya: “no se está cumpliendo el convenio de la Generalitat con las empresas, que obliga a perdonar las deudas”, denuncia Campuzano. “Procuro estar al corriente de pago, pero a este paso no lo estaré nunca y, para mí, la condonación es una ficción”, explica Jaume. Este reusense hace tres años que está en contacto con un conocido bufete de abogados que trabaja para lograr el perdón de la deuda y, a la vez, también lo intenta de la mano de la APE. “Si me dejaran empezar de cero, podría estar al corriente de pagos, yo ya me administraría”, dice Jaume.

Pero, mientras tanto, los pagos a las suministradoras se llevan buena parte de sus ingresos. Y es que, a pesar de contar con el bono social, cada mes paga unos 60 euros de luz y unos 50 de gas. “Y en invierno es peor”, asegura. “Dejas de poner la calefacción…te pones una chaqueta de más en casa porque si no, acabarás pagando”, explica Jaume que, hoy, hace todo el posible para reducir gastos y poder acabar con la deuda. “No quiero que pase nada y acabe dejando dinero a deber detrás mío”, dice. El caso de Jaume podría ser el de cualquiera. “Podría ser el abuelo de todas nosotros”, dice Campuzano.

La crisis del 2008 se suma ahora a la del coronavirus, dejando una estela de precariedad. El 41% de la población en España tiene una situación como la de Jaume, o peor. La pobreza energética, pues, no solo habita en hogares ocupados con la luz pinchada o en infraviviendas, sino que vive en la puerta del lado.

 

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