ePub
pdf
La repatriación, eje de la protesta y paso hacia la resolución del conflicto
Saben de qué hablan. No en vano, suman entre los cuatro casi medio siglo de cárcel. En un acto organizado por el movimiento pro amnistía, los ex presos Xabier Alegria, Karmele Urbistondo, Mitxel Sarasketa y Joxean Pagola se reunieron ayer con diversos medios de comunicación para intercambiar impresiones en torno a la dinámica de movilizaciones puesta en marcha por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) a principios de este año.
Alegria puso sobre la mesa las primeras consideraciones al subrayar que el objetivo de esta lucha es «llevar a la práctica la victoria lograda contra la política de dispersión». Una política que «ha fracasado» hasta el punto de que «ya nadie quiere ni siquiera reconocer su paternidad», puesto que «se puso en marcha para romper al colectivo» y sólo ha servido para generar «muertes, accidentes y castigo para las familias».
Por ello, instó a los estados español y francés a dejar de utilizar la política penitenciaria «como herramienta de guerra y sufrimiento» y a «abrir un diálogo con los presos para impulsar una solución».
El lezotarra destacó las aportaciones realizadas por EPPK durante los últimos meses, tanto en el Congreso Internacional de Presos como en torno a la Comisión para la Resolución del Conflicto, siempre desde el prisma de la «defensa integral de todos los derechos», al margen de «divisiones interesadas» de los mismos.
Una de las demandas de los prisioneros vascos es la del reconocimiento de su «estatus político». Preguntado sobre el significado concreto de esta expresión, Alegria apuntó que supone «el reconocimiento de que existe un colectivo formado por militantes políticos, que tiene su personalidad, su configuración, sus derechos y su interlocución. Y son presos políticos porque los motivos de su lucha son políticos».
Pese a las palabras del ministro español de Justicia negando la existencia de presos políticos en las cárceles de su Estado, Alegria subrayó que esta situación es reconocida de facto y desde un punto de vista punitivo en todas las cárceles, puesto que a los represaliados vascos «se les aplica una legislación especial desde el primer día».
Dificultades
Mitxel Sarasketa manifestó que cualquier estado «tiene muchas dificultades para reconocer que tiene presos políticos», ya que apuestan por negarlo «para negar que exista un conflicto político y que se debe hallar una solución política».
Pero, ¿qué se está pidiendo? «No un reconocimiento jurídico, sino práctico», señalaron. En este punto, recordaron que a los presos irlandeses tampoco se les reconoció nunca formalmente este estatus.
En concreto, Sarasketa enumeró «el derecho de organización, el derecho de reunión, el reconocimiento de los cuatro interlocutores elegidos por el colectivo, el derecho a relacionarse con otros agentes y el derecho a participar en el debate político». A ello cabe sumar la exigencia del respeto a derechos básicos como «no ser objeto de torturas o malos tratos, el derecho a la salud, a la comunicación, a utilizar el idioma propio y a la educación».
Para los cuatro ex presos, un paso fundamental e imprescindible en este camino es el final de la dispersión y la repatriación a Euskal Herria. «Los prisioneros podrían así realizar sus aportaciones a un proceso de resolución», puntualizaron.
Durante la charla salió también el tema de los interlocutores, ya que en el último comunicado de EPPK se incide en que sería «en vano» intentar abrir un cauce con otros presos que no sean Juan Lorenzo Lasa, Anabel Egües, Daniel Dergi o Argi Perurena.
Al respecto, Joxean Pagola destacó que, «cada vez que se nombra a una interlocución, lo primero que hace el enemigo es restarle legitimidad. Se tiende a negar incluso al colectivo».
Como detalle, Alegria expuso cómo en cada cárcel los presos eligen a sus propios portavoces ante la dirección. «Cuando se elige a un nuevo representante, la dirección tiene por costumbre ir a hablar con cualquier otro preso», explicó.
Sobre la mesa estuvo asimismo la constatación de que la huelga de hambre coincide con un proceso preelectoral en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En este punto, Sarasketa remarcó que el Colectivo de Presos «marca su propio ritmo», al tiempo que recordaba que «las elecciones han sido adelantadas. Creo además que todo esto estaba marcado desde tiempo antes», añadió el vecino de Algorta.
Noventa cárceles
Una impresión que corroboró al recordar que las decisiones no pueden tomarse de un día para otro dentro de un grupo dividido en noventa cárceles. Karmele Urbistondo también desligó ambos hechos al recordar que las protestas comenzaron ya a principios de enero y que la lucha seguirá posteriormente.
Xabier Alegria destacó que la negativa de los estados a reconocer la existencia de un conflicto político es cada vez más débil. «Existen muchos factores, entre ellos la labor de la Comisión para la Resolución del Conflicto y la función de los observadores y notarios internacionales».
«El problema no está sólo en Madrid o París, sino que muchas veces aquí no se quiere reconocer la naturaleza política del conflicto», puntualizó Sarasketa.
