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La tortura en el Estado español en el año 2006
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha presentado su informe sobre el Estado español en el año 2006, que presenta las 610 denuncias recogidas ese año y realiza el seguimiento de denuncias realizadas en años anteriores.
Nota informativa de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura: Presentación del Informe 2006 sobre la tortura en el Estado español (Santiago de Compostela, 12 de mayo de 2007)
Esta mañana, en Santiago de Compostela, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha presentado su informe sobre el Estado español en el año 2006, que presenta las 610 denuncias recogidas ese año y realiza el seguimiento de denuncias realizadas en años anteriores. Este es el tercer año en el que presentamos desde la Coordinadora un informe de estas características, informes a través de los que constatamos la pervivencia de este problema en el Estado español, puesto que entre los años 2001 y 2006 hemos recogido 4.196 denuncias. Esta realidad nos lleva a exigir un correcto desarrollo de los mecanismos de control como los propuestos por el Protocolo Facultativo de la ONU contra la Tortura, un mecanismo que debe contar con la participación de la sociedad civil, como ejemplifican iniciativas como la propuesta no de ley aprobada recientemente por el Parlamento de Galiza, así como la propuesta estatal que hemos presentado desde la Coordinadora.
En el informe 2006, las 610 denuncias se recogen en 266 casos o situaciones distintas, la mayoría de los cuales viene de Catalunya y Galiza, comunidades que no sólo son las que más casos acumulan sino que, además, han incrementado un 85 y un 133% los casos denunciados, respectivamente. De estos casos concluímos que las torturas y malos tratos afectan a todos los grupos sociales, si bien la mayoría de las denuncias son presentadas por sindicalistas y personas vinculadas a movimientos sociales. Igualmente, miembros de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido denunciados. Igualmente se han recogido resúmenes de los distintos organismos internacionales (como la CPT o el Relator Especial de la ONU contra la Tortura) que denuncian la persistencia de la Tortura en el Estado español, así como la falta de voluntad para acabar con ella por parte de los distintos Gobiernos.
Analizando el incremento de las denuncias en Catalunya y Galiza el análisis de la Coordinadora es que se debe, no tanto a un aumento de los casos que se puedan haber dado, sino a que el tejido asociativo de estos territorios ha ayudado a una mejor visualización de los casos existentes. Este ejemplo nos reafirma la importancia de la sociedad civil en la denuncia de la tortura y la necesidad de nuevos mecanismos de control, puesto que estamos convencidos de que los territorios en los que se dan menos denuncias no es tanto por que se den menos estas situaciones, sino porque el tejido asociativo es menor y los canales de denuncia se ven reducidos, expresando nuestra preocupación por las pocas denuncias recibidas de colectivos que sabemos por otros lugares que están especialmente desprotegidos, como puedan ser l@s migrantes y l@s pres@s.
Además de estas generalidades existen casos concretos como el espectacular aumento de las denuncias contra los Mossos d’Esquadra en Catalunya y más en concreto en Barcelona, ciudad donde se han recogido más de 100 denuncias. Es por ello que los grupos catalanes de la Coordinadora han presentado su propia propuesta de mecanismo de control en el Parlament. Además, ante los últimos casos ocurridos en la comisaría de Les Corts en Barcelona, la Coordinadora quiere denunciar la actitud de los Mossos d’Esquadra grabadas por las cámaras instaladas en la mencionada comisaría, así como criticar la repuesta de los sindicatos policiales que justifican estas palizas y critican la instalación de las cámaras que han grabado los hechos. En Galiza, donde se han recogido 16 casos que afectan a 49 personas, la preocupación es comprobar cómo aumenta el número de denuncias contra las policías locales (algo que también se da a nivel estatal), así como la comprobación de las dificultades judiciales en el seguimiento de las mismas, que nos demuestra la falta de interés en investigar los casos que se denuncian. Esta actitud judicial cierra el círculo de impunidad que rodea la Tortura, que se completa con el elevado número de causas archivadas, la levedad de las condenas en los pocos casos que se dan y el indulto gubernamental de los casos condenados.
