Madrid: El caso Eduardo García es un aviso de la policía y la prensa al movimiento anticárceles

Eduardo, actualmente en libertad condicional, permaneció once meses en prisión sin juicio tras ser detenido como sospechoso de los envíos de paquetes explosivos a los periodistas Alfredo Semprún (La Razón) y Raúl del Pozo (El Mundo) a finales del año 2000. El objetivo de estos envíos era denunciar el papel servil de la prensa y llamar la atención sobre la represión carcelaria.

La policía no pudo encontrar a los responsables. En los primeros meses del 2001 se realizó una investigación policial para descubrir al autor o autores de los envíos, y su sencilla conclusión fue achacarlos "a un movimiento de presión dentro de los centros penitenciarios, tendente a la supresión del régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento)".

Entonces, el poder decidió realizar un ataque político al movimiento anarquista y anticárceles. Para ello dieron los siguientes pasos:
1. Escogieron a un joven activo en el trabajo solidario con los presos, Eduardo García.
2. La policía colocó en la casa de Eduardo una bolsa de plástico con 36,885 gramos de pólvora cloratada, "susceptible de producir efectos letales o lesivos en atención al envoltorio en cuyo interior se haga explosionar mediante un sistema de activación eléctrico o químico".
3. Le adjudicaron la responsabilidad de los envíos.

En un principio se le acusó de 3 delitos: intento de asesinato, envío de paquetes-bomba y tenencia de explosivos, por lo que le pedían más de 20 años de cárcel. Ahora, más de 3 años después de los hechos, el tribunal le ha absuelto de los dos primeros delitos "al no existir prueba de cargo suficiente" para relacionarle con ellos.

Pero la prensa, objetivo de los paquetes-bomba, no se rinde. Hay personas de carne y hueso detrás de cada noticia. Y en este caso, titular la noticia de la absolución de los delitos más graves con el mensaje de que Eduardo es "el anarquista absuelto de tratar de asesinar periodistas", se convierte un acto político descarado.

El montaje en la práctica no se sostiene pero les da igual. Quieren que alguien pague el pato para que sirva de ejemplo a otros jóvenes comprometidos con la lucha contra las cárceles.

El abogado de Eduardo, Juan Ignacio Ortiz de Urbina, señaló que es "un contrasentido" que se absuelva a su cliente de un delito de terrorismo a la vez que se le condena por la tenencia de sustancias explosivas con fines terroristas.

No es un contrasentido porque el aviso para los rebeldes ya está dado.

"Si queremos, os metemos un año en la cárcel sin juicio. Si queremos, os criminalizamos en la prensa porque la prensa es nuestra. Si queremos, convertimos vuestra vida en un infierno. Así que no luchéis contra nosotros por un mundo mejor. Tenemos el poder y no nos lo vais a quitar".