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Más de cien mil denuncias contra paramilitares colombianos
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Prensa Latina/ inSurGente.- El coordinador de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General, Luis González, ha revelado hoy que su entidad tiene registradas más de 100.000 denuncias contra los integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde diciembre de 2006, los paramilitares desmovilizados comenzaron a rendir sus versiones libres sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su pertenencia a esos grupos de extrema derecha. Las denuncias de las víctimas pueden servir para comprobar si los desmovilizados dijeron todo la verdad y en caso contrario privarlos de los beneficios y ser juzgados por los tribunales ordinarios, que establecen condenas de hasta 40 años de cárcel para sus delitos.
En declaraciones a la prensa, González indicó que unas 25.000 víctimas se han presentado en la Fiscalía para señalar a diferentes paramilitares como los responsables de los asesinatos de sus familiares o por quitarles sus tierras.
Ante la intención de algunos abogados de lucrar con los procesos contra los integrantes de las AUC, el funcionario insistió en que todos los trámites de denuncias son gratuitos.
Agregó que los afectados pueden presentar sus quejas en la Fiscalía, en la Defensoría, en las Personerías e incluso a través de la página Web de su entidad, donde están las fotos de restos óseos con sus objetos personales para identificar.
En cuanto al tema de las fosas comunes, González refirió la creación de la unidad especial de exhumaciones, dedicada exclusivamente a ubicar unas tres mil personas desaparecidas por los miembros de las AUC.
Desde diciembre de 2006, los paramilitares desmovilizados comenzaron a rendir sus versiones libres sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su pertenencia a esos grupos de extrema derecha.
La revelación de toda la verdad sobre sus actos constituye un requisito indispensable para que los paramilitares sean beneficiados con la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico creado para juzgarlos, y que establece penas máximas entre cinco y ocho años de cárcel.
Las denuncias de las víctimas pueden servir para comprobar si los desmovilizados dijeron todo la verdad y en caso contrario privarlos de los beneficios y ser juzgados por los tribunales ordinarios, que establecen condenas de hasta 40 años de cárcel para sus delitos.
