ePub
pdf
Mercedes Gallizo deja las futuras redenciones en manos de los carceleros
Instituciones Penitenciarias (IP) y la Audiencia Nacional continúan trabajando codo con codo para limitar al máximo las redenciones a los presos vascos condenados por el Código Penal de 1973, norma aplicable a las personas juzgadas por hechos anteriores a 1995.
El último capítulo lo protagonizó ayer Mercedes Gallizo. La directora de Instituciones Penitenciarias presentó en la Audiencia Nacional su nuevo sistema de evaluación para la concesión de futuras redenciones a los prisioneros políticos.
La directiva «se basa en criterios de individualización, análisis y valoración exhaustiva y rigurosa de las actividades de cada uno de los reclusos. Será fundamental para proponer redenciones el rendimiento efectivo por parte del interno en aquellas actividades en las que participe».
Hasta la fecha, las reducciones de pena se concedían según criterios objetivos. Por ejemplo, por inscribirse en un determinado taller se descontaba un número estipulado de días.
A partir de ahora, los presos deberán participar de forma «activa» y acreditar un «rendimiento efectivo». Este criterio subjetivo quedará en manos de los carceleros. Serán ellos quienes dictaminen si un preso tiene una actitud positiva o no y si, por lo tanto, puede aspirar o no a la redención.
Otra vuelta de tuerca
Se trata de un nuevo obstáculo, puesto que hasta ahora la obtención de redenciones tampoco era automática. Tal y como recordó la abogada y parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Jone Goirizelaia, «en la mayoría de los casos los presos han tenido que recurrir a los Juzgados de Vigilancia, antes de cada cárcel y ahora del Central de Vigilancia Penitenciaria, para que se reconozcan sus derechos a las redenciones».
Subrayó que «al día de hoy, hay más de 105 personas que tendrían que estar en libertad condicional» si se hubiese aplicado la legislación vigente.
Gallizo presentó sus nuevas instrucciones en el encuentro que mantuvo con el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, Jesús Santos y Pedro Rubira.
En esta cita, la máxima responsable de las cárceles españolas puso a disposición del tribunal especial documentación «pormenorizada» acerca de una veintena de presos vascos que finalizan su condena en 2005 y que fueron juzgados con el Código Penal de 1973.
La entrega de los archivos se produjo un día después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la revisión de los «beneficios penitenciarios» que «hayan supuesto rebaja del tiempo efectivo de condena».
Doble frente
Así, mientras que Instituciones Penitenciarias cierra más si cabe el acceso a las redenciones, la Audiencia Nacional se atribuye la potestad de derogar las que ya han sido concedidas, al acordar que «es competencia exclusiva del tribunal sentenciador la aprobación de la excarcelación definitiva por haber extinguido la condena».
Para Jone Goirizelaia, este tribunal está «modificando la Ley», algo que «está absolutamente prohibido. El Poder Legislativo está para hacer las leyes, y el Judicial para cumplirlas. No se puede modificar por un criterio de oportunidad política o de presión social».
Censuró que ninguno de los letrados que representa a los presos vascos «conozca exactamente el contenido de la resolución» y no dudó en calificar esta situación como la consumación del «Derecho Penal del enemigo».
A través de una nota, Aralar mostró asimismo su desacuerdo con estas medidas, que a su juicio están enmarcadas dentro de una «política de venganza» contra los prisioneros políticos.
«Satisfacer el clamor de la opinión pública»
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, no tuvo reparo en reconocer que «obviamente», la revisión de redenciones por parte de la Audiencia Nacional «va a suponer en muchos casos el alargamiento de las condenas».
Esta medida, a su juicio «positiva y eficaz», viene «de alguna manera» a «satisfacer el clamor de la opinión pública». Sin embargo, defendió que estas decisiones obedecen a «la aplicación de la ley y no a una medida de oportunidad», a pesar de haber sido tomadas tras una intensa campaña dirigida a evitar el excarcelación de Iñaki de Juana Chaos.
Por su parte, el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, consideró que la decisión de la Audiencia Nacional es «perfectamente adecuada a la ley», por lo que «tiene todo el respaldo del Gobierno».
Subrayó que «en los delitos especialmente odiosos, los que mayor alarma provocan en la sociedad y entre la ciudadanía», se debe «exigir una reinserción social positiva para poder acceder a beneficios penitenciarios».
