No a la quita de custodia

En las últimas semanas hemos podido presenciar numerosas concentraciones de mujeres, muchas de ellas migrantes, delante de la sede de la DGAIA protestando por la quita de custodia de sus menores por parte de dicha institución.

Según datos oficiales, existen en el estado español 45.000 menores sin familia además de los miles de menores que llegan a nuestras costas inmigrando en solitario. Esta afirmación es solo una verdad a medias, pues una gran mayoría de esos menores han sido arrancados de sus familias con argumentos la mayoría de las veces basados en sospechas y carentes de bases objetivas.

En efecto muchas familias vulnerables, una gran parte inmigrantes, madres solas y todas pobres, ven como sus niños y niñas son arrebatados del núcleo familiar incluso a los pocos días del parto. Esas criaturas son después confinadas en centros de menores, algunas a la espera de familias de acogida y otras hasta la mayoría de edad.

Muchas veces las familias no son escuchadas en este proceso y prevalece sobre ellas la opinión de los diferentes servicios sociales. Tampoco se establece planes de ayuda económica, psicológica o social a las familias para que puedan educar convenientemente a sus hijos e hijas. A veces se separan hermanos sin motivo alguno o se producen rupturas innecesarias en el núcleo familiar.

Los centros de menores, muchos de ellos privatizados y regidos por la máxima del beneficio económico, no pueden ser considerados idóneos para la educación de menores y menos si se trata de criaturas de muy pocos años. Hemos conocido en su seno actos de violencia objetivamente documentados como la muerte sufrida por Ilias Tahiri en un centro de Almería. En ellos las visitas de los padres biológicos están racionadas como si de una cárcel se tratase.

Como dijera un alto responsable de DGAIA, entrar en el sistema es muy fácil, pero salir de el, muy difícil. Las familias que quieren recuperar a sus hijos se ven obligadas a largos y costosos procedimientos judiciales que muchas no pueden afrontar. La muestra de amor paternal que constituyen esos procesos se encuentra impotente frente al muro del silencio oficial.

Este es el caso de Loubna, madre de Noor, que desde hace meses combate en los juzgados y en la calle por recuperar a su niña de 3 años separada un buen día de sus padres y de su hermano de 4 años sin escuchar a la familia. Y es también el caso de Kerem, de Lynda, de Carmen, de Vanesa, de Nita, y muchas otras, mujeres todas con dificultades económicas, inmigrantes o no, pero que han demostrado y demuestran estos días en las calles su voluntad de recuperar a sus hijos.

Es un caso claro de abuso de poder de las administraciones pagadas con los impuestos de todos, también con los de Loubna, Kerem, Lynda, Carmen, … y de violencia contra mujeres que luchan por su vida y por sus familias. Una situación silenciada por los medios de comunicación y ocultada por las instituciones y sobre todo por la DGAIA absolutamente opaca y cuyo poder parece superior al de los gobiernos y la sociedad.

Una situación que no podemos permitir que continúe ni como mujeres, ni como personas ni como asociaciones de defensa de los derechos. La lucha de estas madres, de estas familias, es también la nuestra.