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31/01/2005 :: Euskal Herria

Para que el alumnado preso de la UPV-EHU no pierda un nuevo curso

x PAT - Presoen Aldeko Taldeak
Firman este artículo 422 profesores y profesoras de la UPV-EHU, y entre ellos, Amaia Andrieu, Iñaki Antigüedad, Pedro Luis Arias, Baleren Bakaikoa, José Manuel Castells, Pedro Ibarra, Petxo Idoyaga, Txoli Mateos, Jon Olaskoaga, Koldo Unceta, Arantza Urkaregi, Ramón Zallo, Imanol Zubero.

En el curso académico 2002-2003 el entonces presidente del Gobierno español, D. José María Aznar, decretó la suspensión de los estudios de todas las personas encarceladas que, en ese momento, estaban matriculadas en la UPV-EHU. La mayor parte de esas personas estaban acusadas o condenadas por pertenencia a ETA, aunque había otras que estaban encarceladas por motivos distintos y algunas de ellas ni siquiera eran del País Vasco.

Como tantas otras decisiones de aquel presidente, se trató de un decretazo arrogante que obligaba a la UPV-EHU a incumplir sus obligaciones con personas a las que, meses antes, la propia universidad había matriculado. Como otros decretazos de la época, éste llevaba también una carga profunda de ataque a derechos democráticos básicos (el de acceso al estudio). La calumnia en que se basó para hacerlo fue que las presas y los presos de ETA obtenían de forma absolutamente inmerecida cualquier titulación universitaria y que la obtenían, además, con unas notas excepcionales, debido a las amenazas y al chantaje que se realizaban contra sus profesores. La referencia de autoridad utilizada por el ex presidente Aznar para sostener esta calumnia fue que un grupo de profesores de la propia UPV-EHU así se lo había manifestado.

Determinados medios de comunicación se han convertido en eco casi permanente de este reducido grupo de profesores. Pese a los comunicados y declaraciones del entonces Rector D. Manuel Montero afirmando lo contrario, esos medios de comunicación han mantenido tal calumnia a sol y a sombra.

Pero ésta era demasiado evidente para que todo el mundo se la tragase, y empezó a perder crédito. La primavera pasada, la mayoría absoluta del Parlamento Vasco aprobó, a propuesta del PSE-PSOE que sustituía a una anterior del tripartito, una moción que defendía el derecho de las personas encarceladas a estudiar en la UPV-EHU. La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, declaró ya antes del verano que podrían estudiar en todas las universidades españolas, aquellas carreras que no ofrece la Universidad a Distancia (UNED) y que sean realizables dentro de un programa de estudios en centros penitenciarios.

En septiembre, el Rectorado de la UPV-EHU publicó un estudio comparativo de la vida académica de su alumnado preso en instituciones penitenciarias entre los años 1998 y 2003 con el alumnado presencial en las aulas durante ese mismo periodo. Con todo lujo de datos y detalles se demostraba que la «tasa de rendimiento» (la relación entre el número de asignaturas matriculadas y el de las apro- badas) había sido significativamente menor para los presos y presas. Se demostraba también que, pese a ello, la «tasa de éxito» (el número de aprobadas respecto al de examinadas), apenas era estadísticamente significativa a favor de los presos. Se concluía demostrando que, en todas las titulaciones, el número de años que debe invertir un estudiante preso para terminar la carrera había sido significativamente superior al del estudiante presencial, pero la nota media era muy similar entre ambos y, además, el porcentaje de «egresados» (personas que terminan la licenciatura respecto al número de matriculados) era mucho menor en el caso de los presos.

Nadie negó ni siquiera respondió públicamente a estos datos.

El pasado 28 de octubre el Consejo de Gobierno de la UPV-EHU aprobó por unanimidad un «Protocolo» que regulaba la atención a las personas internas en centros penitenciarios. El «Protocolo» definía con toda claridad las normas que, para tales personas, regirían la oferta de titulaciones, los ingresos a los estudios, el sistema de matriculación, el contenido de los programas, la forma de realizar las evaluaciones, las condiciones en que podrían garantizar su permanencia en la universidad y el régimen de becas. En la historia de nuestra universidad no es normal la unanimidad en resoluciones de este calibre... menos tras una polémica como la que el tema arrastraba en los medios de comunicación. Pero la hubo, y eso demostraba lo absolutamente transparente y adecuada a derecho que es dicha normativa.

El Rector de la UPV-EHU, D. Juan Ignacio Pérez, envió este «Protocolo» tanto a la dirección de Instituciones Penitenciarias como a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Dado que la primera había prometido hace tiempo su voluntad de firmar un «Convenio Marco» sobre el tema con la CRUE, el «Protocolo» de la UPV-EHU era un material perfectamente adecuado para su discusión.

Pero a día de hoy no hay noticia pública alguna de las fechas en las que vaya a realizarse tal discusión para la firma del «Convenio Marco». Y esto representa un grave problema, no sólo por el injustificado retraso en reconstituir un derecho básico arbitrariamente suspendido por el entonces presidente Aznar, sino por el riesgo de que se deterioren definitivamente las condiciones que permitan la continuidad de sus estudios para muchas personas presas. Hay que tener en cuenta que no pudieron examinarse el año 2003 de las asignaturas que habían matriculado para el curso 2002-2003; después no pudieron matricularse el siguiente curso; y si esto no se remedia, se les obligaría a un tercer curso sin exámenes. En muchos casos esto significaría un corte demasiado grande para poder retomar sus estudios, ¡cuatro años después!

Si Instituciones Penitenciarias y la CRUE lo quieren, si articulan el prometido «Convenio Marco» sobre este programa de estudios, aún puede organizarse el presente curso para recuperar el ritmo de tal actividad académica. Esa sería la actitud más responsable ante el derecho al estudio de estas personas. Pensamos, también, que sería la actitud más sensible e inteligente ante un problema creado por el decretazo del Gabinete Aznar impuesto sin base de razón democrática, que debe ser una de las grandes razones universitarias.

Presoen Aldeko Taldeak (PAT)
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