Por el derecho a voto

El próximo 10 de noviembre en las elecciones al Congreso y al Senado miles de personas verán limitados sus derechos porque no pueden votar. Solo pueden hacerlo los y las españolas. Por ello unas 45.000 mil personas mayores de edad que viven en Navarra, están excluidas del derecho a voto, una discriminación por origen flagrante que redefine el sujeto político desde la exclusión y el no reconocimiento de una parte de la ciudadanía.

Están excluidas del derecho a voto por el artículo 13.2 de la constitución española. Aquí viven, aquí desarrollan sus proyectos, personales, profesionales, están obligados a cumplir todos los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico que rige en la sociedad de la que forman parte, viven atravesados por una ley que les somete a un examen constante, que en ocasiones y durante largos periodos de su vida, los expulsa a los márgenes de la regularidad, tienen que cumplir mas obligaciones por el hecho de ser extranjeros, pero tienen menos derechos.

Además de estar sometidos a una legislación diferente que recorta sus derechos, como es la Ley de Extranjería, no tienen reconocidos sus derechos políticos en igualdad de condiciones, para las próximas elecciones, ello a pesar de que la “cuestión migratoria” sigue siendo utilizada como arma arrojadiza en las disputas electorales, apostando por medidas más restrictivas , con discursos xenófobos.

Las transformaciones de nuestra sociedad en los últimos tiempos, donde las migraciones ocupan un lugar destacado, han motivado entre otras inquietudes, que haya más voces a favor del derecho al voto activo y pasivo, de la inclusión de las personas extranjeras en los censos electorales. Pero `para ello la modificación del concepto de la nacionalidad, como excluyente del otro, no nacional, es clave en el ámbito de la inmigración, ya que contiene la condición sine qua non para acceder a la posesión de todos los derechos políticos. Sin embargo la sociología moderna equipara ciudadanía a la nacionalidad como el hecho tangible de que una persona disponga de los derechos y deberes inherentes a la adscripción a un determinado Estado. Esta equiparación favorecería la integración social y política, y ampliaría la democracia, promoviendo la participación de todas las personas que viven en esta sociedad. La tozuda realidad nos coloca en que solo, el que es español puede participaren en este evento de Elecciones Generales.

En este contexto, debemos recordar que en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, años atrás, hubo otras reivindicaciones, como el derecho de sufragio de las mujeres el derecho a salud o a la educación o los derechos obreros que propiciaron cambios sociales.. En la actualidad la inmigración pone de manifiesto la necesidad de un debate sobre la equiparación efectiva de derechos y deberes entre ciudadanía, y nacionalidad.

Mantener esta situación discriminatoria y excluyente fomenta la fractura social, vulnera el principio de igualdad de derechos, liga el derecho a la nacionalidad y no a la residencia.

Hacemos un llamamiento a la sociedad para que exija a sus diferentes representantes políticos, que se tomen urgentemente las medidas necesarias para reconocer en toda su plenitud los derechos, políticos a toda la población extranjera, haciendo que el concepto de residencia se equipare al de nacionalidad, a todos los efectos, y por lo tanto se les reconozca a las personas residentes el derecho al sufragio activo y pasivo.

Asimismo solicitamos a los partidos políticos, tanto de ámbito autonómico como estatal, su firme compromiso de modificar el artículo 13.2 de la Constitución que mantiene esta discriminación, reclamamos el reconocimiento de derecho a voto activo y pasivo.

Papeles Derechos Denontzat y SOS Racismo Nafarroa