Regularización administrativa de personas migrantes como medida de emergencia social y sanitaria

Desde SOS Racismo, así como desde diversos colectivos antirracistas y entidades defensoras de los derechos humanos, venimos denunciando hace ya años el racismo institucional y la instrumentalización de la migración amparadas legalmente por la Ley de Extranjería.

En medio de la crisis sanitaria y social global se alzan muchas voces reclamando la regularización de las personas migrantes como medida urgente para asegurar que todos y todas dispongamos del derecho a ser protegidos/as y a recibir los apoyos oficiales que cualquier ciudadano/a tiene. Comprobamos, una vez más, cómo la gestión y las medidas decretadas por el Gobierno dificultan el acceso a la protección sanitaria y excluyen de las ayudas sociales a los colectivos más vulnerabilizados. Los mecanismos de protección social se dejan en manos de la sociedad civil y no se asumen por parte de la administración pública. El modelo de sociedad racista, capitalista y colonial aflora de manera más evidente durante el estado de alarma, por lo que la respuesta para revertir esta situación debe ser igual de contundente.

Se llevan anunciando medidas para la contratación de personas migrantes con formación sanitaria o como trabajadores agrarios, sin embargo, aún a día de hoy existe una falta de información en cómo se van a llevar a cabo dichas iniciativas. Por otro lado, cabe puntualizar que solo se beneficiarían aquellas personas ya regularizadas o bien las que estuviesen tramitando su regularización antes del confinamiento. Además, existe aún una gran cantidad de gente con formación o dispuestas a trabajar pero que debido a su situación irregular en el país quedarán excluidas de contribuir a la crisis. En momentos donde se apela a la solidaridad y a los mejores valores de los seres humanos para hacer frente a esta pandemia, aflora también la lógica utilitarista de la población migrante, a través del uso selectivo de aquellos perfiles que beneficien al conjunto de la sociedad y de la negación de esos mismos beneficios a una parte de ella.

Debemos recordar que muchas personas se han visto abocadas a trabajar forzosamente en el mercado informal debido a una legislación excluyente, por lo que durante el estado de alarma no dispondrán de ningún ingreso y tampoco se contemplan las medidas de protección previstas durante la crisis para preservar los derechos de los y las trabajadoras. Un ejemplo claro de ello son las ayudas a las trabajadoras del hogar y del cuidado, donde 180.000 de las 400.000 que ejercen estas labores se encontraban en situación irregular, debido en gran parte a la omisión de sus empleadores/as en darles de alta en la Seguridad Social, y que no van a tener derecho a recibir ninguna prestación o subsidio.

Así mismo, los trabajadores temporeros se encuentran completamente desamparados por las administraciones públicas, viviendo de manera insalubre, precaria y sin ni siquiera acceso a agua potable en poblaciones como Huelva. Se proponen contrataciones masivas de trabajadores agrarios, entre ellos jóvenes migrantes en situación regular aunque sin permiso de trabajo, para garantizar el abastecimiento de la población durante el periodo que dure el estado de alarma y sin embargo, tememos que una vez finalizada la crisis pudieran encontrarse con impedimentos para normalizar su situación administrativa. Creemos importante que una vez regularizados se establezcan los mecanismos necesarios para evitar, como ocurrió en experiencias pasadas, empujarles a una economía sumergida caracterizada por la explotación y el abuso de empleadores que sacan provecho de sus miserias, en el mejor de los casos.

Por todo ello, y teniendo en cuenta las inciertas consecuencias que esta pandemia nos dejará a nivel social y económico una vez se levante el confinamiento, la regularización de estas personas debe ser vista como una medida urgente y necesaria de prevención, que evite a toda costa la perpetuación de una discriminación estructural que resulte en una mayor vulnerabilidad, más si cabe, una vez empecemos a reconstruir nuestras sociedades. Quizás esta sea una oportunidad única para empezar a corregir y transformar las injusticias y desigualdades que llevamos demasiado tiempo acarreando y que no son compatibles con un estado de derecho y democrático.