Situación de los Derechos Humanos en Córdoba

Según Esther Muñoz, delegada de la asociación en Córdoba, "el perfil más habitual de estas personas es el de una mujer de entre 30 y 35 años con grandes cargas familiares, con problemas de salud, en paro y una nula o escasa formación, y que en ocasiones tiene además cuestiones añadidas como toxicomanías o familiares encarcelados".

Respecto a la población reclusa, el responsable del área, Valentín Aguilar, llamó la atención sobre el aumento progresivo de personas encarceladas que sufren enfermedades mentales, "y por lo tanto no entienden el sentido de la pena que están cumpliendo, por lo que tal pena no tiene sentido". Según Pro Derechos Humanos, el 8% de los 1.900 presos de la cárcel de Córdoba tienen una enfermedad mental grave y un 40% sufren algún tipo de trastorno mental y de personalidad, si bien "la prisión no tiene ni un solo recurso para atender a los mismos a pesar de ser el colectivo más necesitado de atención". Ante tal realidad, APDH insistió en "encontrar alternativas a la prisión donde, entre otras cosas, estos enfermos reciban la medicación adecuada".

COMER EN LA CARCEL Por otro lado, Valentín Aguilar informó de que "la Junta descuenta el dinero de la comida a los presos que tienen una pensión no contributiva por minusvalía de más del 65% (de alrededor de 300 euros), lo que supone entre tres y cinco euros diarios". Según APDH, además de que esta práctica es discriminatoria porque el resto de los presos no tienen que pagar por lo que comen, "como no paga uno cuando está en un hospital público", indicó, se trata de una práctica "ilegal, que ya ha sido condenada en Córdoba con dos sentencias por parte del Juzgado de lo Social, una de ellas mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Respecto a la inmigración, Carlos Arce hizo hincapié en el "incumplimiento de compromisos con la Unión Europea por parte de la Junta de Andalucía", en relación con "la repatriación conveniada de menores extranjeros no acompañados, a pesar de la obligación de vigilar el interés superior del menor" y de la falta de soluciones "ante la falta de habitabilidad, sin la posibilidad de techo, higiene y manutención del colectivo rumano", al que, en opinión de la asociación, "no se está dando una respuesta social de justicia, aunque la UE establece que son ciudadanos europeos de pleno derecho".