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Un escalofrío que llegaba de Busot recorrió Euskal Herria hace hoy diez años
Un día como hoy de hace diez años, Euskal Herria se sobresaltó con una noticia llegada desde 800 kilómetros. Un cúmulo de carambolas permitieron a un comisario de policía de Alicante tomar conciencia de que los restos humanos hallados en una fosa de cal viva hace diez años y que él decidió guardar en un depósito del cementerio correspondían efectivamente a Joxean Lasa y Joxi Zabala, los refugiados tolosarras de los que no había pista alguna desde el 15 de octubre de 1983. Los días siguientes, la conmoción aumentó al constatarse que ambos habían sido tiroteados y enterrados en cal viva con la presumible intención de borrar no sólo su identidad, sino los posibles restos de torturas. Lo primero no lo lograron;lo segundo, a tenor de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en 2000, sí.
Los recuerdos afloraron en la memoria colectiva de un pueblo que revivió los dramáticos pasajes que lo habían sacudido una década antes, y las fotografías de los restos de los dos refugiados vascos abrasados por la cal quedaron grabadas en la retina de una sociedad que intuía el suplicio que sus captores les habían hecho pasar antes de matarlos. Ese 21 de marzo de 1995, los vecinos de Tolosa y toda Euskal Herria se despertaron con el estupor y el asombro que les causaba lo que reflejaba el periódico, un sentimiento mezclado con la rabia y el dolor ante el brutal destino de sus jóvenes vecinos.
Denuncia en el parlamento
La izquierda abertzale convocó dos días más tarde una jornada de lucha en toda Euskal Herria íen Tolosaldea también se llamó a la huelga generalí, y la respuesta fue acorde a la magnitud de la noticia. Miles y miles de personas salieron a las calles en manifestaciones cuyas cabeceras portaban los retratos de los dos refugiados y, en algunos casos, se produjeron enfrentamientos con la Ertzaintza que trataba de impedir las movilizaciones. Institutos y universidades pararon ímás de cien centros secundaron el llamamiento del movimiento estudiantil y juvenilí y cerca de 20.000 jóvenes se movilizaron durante toda la jornada.
La denuncia llegó incluso hasta el Parlamento de Gasteiz, donde el parlamentario de Herri Batasuna Mikel Zubimendi terminó su intervención respecto a un punto que trataba de la insumisión situando las fotografías de Joxi y Joxean en el estrado de oradores y vaciando un saco de cal viva en el escaño del dirigente del PSE y entonces consejero de Lakua Ramón Jáuregui, que en esos momentos se encontraba ausente y cuyo asiento se hallaba entre el del vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, y el consejero de Interior, Juan María Atutxa.
La Cámara no consiguió acordar en esa sesión una declaración que fuera suscrita por todos los grupos, al negarse el PSE a firmar un texto en el que se mencionara la petición de «responsabilidades políticas». En el Consistorio de Tolosa, los representantes de PNV, EA y Euskal Ezkerra rechazaron con sus votos una propuesta de HB que solicitaba, entre otras cosas, ayudar económicamente a las familias de Lasa y Zabala.
La noticia sirvió también para que el juez de la Audiencia Nacional española Carlos Bueren reabriera la instrucción del sumario, que pasó poco después a manos del magistrado Javier Gómez de Liaño. Bueren prefirió dejar la Audiencia Nacional antes que actuar contra el ex jefe de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo.
El proceso de instrucción se prolongó por espacio de cuatro años ante la dificultad para reunir pruebas concluyentes, en la que la cal viva tuvo mucho que ver. El juicio comenzó finalmente en diciembre de 1999 y la sentencia, que estimó probadas las cuestiones sustanciales pero dejó abiertas múltiples incógnitas, no llegó hasta el 26 de abril de 2000.
Durante el juicio se produjo además otra tragedia: la muerte, en el momento en que se encontraba declarando como testigo, del comisario Jesús García, cuya labor había sido clave para la identificación de los dos refugiados vascos.
García, que falleció de un infarto en la misma sala, explicó antes de desplomarse en su asiento los motivos que le llevaron a suponer que los restos apilados en el depósito de Alicante pertenecían a Lasa y a Zabala.
Según explicó, en el momento en que se encontró la fosa de Busot, él formaba parte de un grupo de investigación de delincuencia internacional, y el forense Antonio Bru, con quien le unía una relación de amistad, le explicó que habían aparecido unos restos «con las uñas arrancadas, torturas y una serie de acciones deleznables».
En cumplimiento de sus ta- reas profesionales, el comisario contactó con mandos policiales de diversos países para intentar recabar algún indicio sobre la identidad de los cuerpos, aunque tras no lograr ninguna pista al respecto aparcó el tema.
Sin embargo, en 1994 García tuvo conocimiento de la desaparición de los dos jóvenes tolosarras al repasar el contenido de algunas investigaciones relacionadas con los GAL. Y después de leer una declaración sumarial íno pudo precisar si de José Amedo o de Ricardo García Damboreneaí sobre un plan para hacer desaparecer secuestrados con cal viva, inmediatamente le vino a la cabeza que los restos de Busot habían estado enterrados bajo 50 kilos de esta sustancia.
Durante su declaración, el policía hizo especial hincapié en la impresión que le había causado el estado en que se encontraban aquellos restos, y subrayó que «una revancha, un ajuste de cuentas o un tema sexual no dan lugar a este tipo de acciones».
Sin embargo, el tribunal no consideró probado en la sentencia que Joxi y Joxean hubieran sufrido torturas, a pesar de que los forenses y peritos que declararon en el juicio coincidieron en señalar que ambos murieron «posiblemente» tras sufrir un tormento.
Esta hipótesis estaba sustentada en las vendas, gasas, esparadrapos y otros apósitos encontrados juntos a los cuerpos, así como la presencia de mercromina y de una sustancia llamada tul, que se emplea para sanar quemaduras, en las vendas que rodeaban las piernas de los jóvenes.
A pesar de estas evidencias, la existencia o no de quemaduras o de cualquier otra forma de torturas en sus cuerpos resultó imposible de probar, debido al tiempo transcurrido y, sobre todo, a los efectos de la cal viva en que ambos fueron enterrados, como explicó entonces el profesor de la UPV Francisco Etxebarria.
Rematado en el suelo
Lo que el tribunal sí consideró demostrado fue que, por orden del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y con la complicidad del ex gobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, varias personas adscritas a los servicios de información de la Guardia Civil, cuya identidad no se pudo determinar con seguridad, abordaron a los dos refugiados políticos en la calle Tonneliers de Baiona sobre las 00.30 horas del 16 de octubre de 1983, y que tras inmovilizarlos los introdujeron en un vehículo para trasladarlos escondidos hasta Donostia.
En la capital guipuzcoana Lasa y Zabala fueron retenidos en La Cumbre, villa situada en el alto de Aldapeta y que era propiedad del Estado español, Allí, su custodia fue encomendada a los guardias civiles Angel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado, así como a «otras personas».
La sentencia señala que una vez concluídos los interrogatorios «resolvieron darles muerte para hacerlos desaparecer». La localización elegida para ello fue la Foya de Coves, en el término municipal de Busot.
Allí, en una zona de monte, Bayo, Dorado y «otras personas» dispararon un tiro en la cabeza a Lasa y otros dos a Zabala, causándoles la muerte. Los forenses explicaron que los disparos se habían producido «a cañón tocante», y que, en el caso de Zabala, los agresores probablemente lo remataron tras un primer tiro.
Los cuerpos fueron arrojados a la fosa desnudos, aún amordazados y vendados, y sepultados por la cal. Allí permanecieron hasta que el azar los rescató y devolvió a Tolosa.
Tolosaldea se paralizó en señal de duelo
Los vecinos de Tolosaldea secundaron masivamente la convocatoria de huelga general efectuada por LAB y Herri Batasuna para el viernes 24 de marzo en protesta por las muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, y durante todo el día no se levantó ni una sola persiana de los comercios de la comarca. La hemeroteca refleja que sólo abrieron los kioscos de venta de periódicos, que para las 9.00 ya habían cerrado. En el sector industrial, muchos centros de trabajo ya habían realizado asambleas el día anterior y en la mayoría de ellas la actividad ni siquiera hizo amago de iniciarse. Según destacan las crónicas de aquella jornada la imagen que ofrecían las calles y los polígonos industriales era la propia de una jornada dominical. Asimismo, Tolosa fue escenario de multitudinarias movilizaciones.
Revelación terrible, pero tranquilizadora
Para las familias Lasa y Zabala, el viaje hasta Alicante se ha quedado grabado muy dentro. En 1999, Arantxa Lasa recordaba que la confirmación de la muerte de su hermano y Joxi Zabala y de las circunstancias que le habían precedido «fue muy fuerte, pero también muy emocionante, porque lo realmente terrible era la desaparición, aquella incertidumbre y aquellos fantasmas que te habían crecido dentro». De Busot se trajeron las fotografías cedidas a GARA para ilustrar estas páginas.
«Vivimos los preparativos del entierro con una emoción intensa. Fueron días muy bonitos organizando quién llevaba los féretros, qué aportaría cada uno... Aunque luego aquello se estropeó», recordaban entonces las familias.
Efectivamente, la llegada de los restos, tras tres meses de costosas labores de identificación, estuvo marcada por la orden del juez Bueren de que los restos fueran enterrados rápidamente. Las cargas empezaron en el aeropuerto de Hondarribia, y la imagen de los porrazos en el camposanto queda para las páginas más negras de la historia de Euskal Herria.
Galindo ya goza del tercer grado
Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, Angel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo fueron condenados por dos delitos de «asesinato» y otros dos de «detención ilegal» cada uno, por los que los dos primeros recibieron penas de 71 años de cárcel, 69 años el tercero y 67 años para Bayo y Dorado.
Posteriormente, el Tribunal Supremo incrementó en cuatro años sus condenas. Sin embargo, algunos de ellos no tardarían mucho en abandonar la prisión, e incluso el ex general de la Guardia Civil goza del tercer grado desde enero del presente año.
De hecho, Galindo ya fue excarcelado en setiembre del año pasado «por motivos de salud» y le fue permitido permanecer en casa en vez de en la prisión donde se encontraba encarcelado. Por su parte, Elgorriaga abandonó la cárcel, también por «motivos de salud», sólo un año después de ser condenado por la Audiencia Nacional y antes incluso de que el Supremo se pronunciara, mientras Bayo y Dorado ya gozaban de permisos meses después de que se ratificara su condena.
