Balance de los primeros 100 días del régimen de Nasry Asfura en Honduras

El ilegítimo presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien asumió el cargo el 27 de enero tras ganar con fraude unas controversiales elecciones generales en noviembre de 2025, arriba a sus primeros cien días de Gobierno con muchos cuestionamientos asociados al rezago en la aprobación e implementación de políticas sociales y sobre seguridad, finanzas y servicios públicos.

Esta semana, Asfura participa en la edición 29 de la Conferencia Global del Instituto Milken, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, con el propósito de atraer inversión extranjera. No obstante, algunos analistas consideran que "no generará ningún beneficio real para el pueblo, responde más bien a un alineamiento bilateral Tegucigalpa-Washington, sin precedentes".

"Es una forma de seguir lineamientos en una relación totalmente asimétrica que favorece a todas luces a EEUU, y validar nuevamente el servilismo histórico de los sectores conservadores hondureños. Otro de los objetivos es que la Casa Blanca fortalezca su control político sobre el país para alejarlo de China o, al menos, vigilar los vínculos entre los dos Estados".

Pero esa genuflexión tampoco ha dado los frutos esperados. De hecho, Washington canceló recientemente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes hondureños, un programa que les otorgaba protección frente a deportaciones desde 1999. Además, "ha amenazado con usar a la nación como un puente migratorio de retorno y con la imposición de aranceles sobre las remesas que representan aproximadamente 27% del PIB".

La gestión de Asfura sigue sin ningún tipo de resultados concretos e, incluso, desmanteló los programas para migrantes del Gobierno de Xiomara Castro.

¿Qué ha pasado con los anuncios de campaña?

Durante la contienda rumbo a la Presidencia, el entonces candidato conservador prometió austeridad y reducción del Estado, fortalecimiento de la transparencia, reactivación económica, empleo y la mejora de los nexos con inversionistas y socios internacionales. No obstante, las acciones no han ido mucho más allá de una reducción del despliegue protocolar o la presentación de la Ley Antisoborno.

Incluso, el otorgamiento discrecional de un bono de 100.000 lempiras (3.749 dólares) a los diputados de la bancada legislativa del Partido Liberal despertó la desaprobación de la ciudadanía (en un país donde el salario mínimo es de 370 dólares por mes), ya que el país asume medidas económicas extraordinarias frente al encarecimiento de la canasta básica.

Tampoco se ha reducido la tasa de homicidios en zonas claves como San Pedro Sula (norte) que enfrenta una crítica situación de seguridad desde comienzos de mayo de este año, con recientes masacres y ataques armados, y continúa como uno de los principales focos de violencia, extorsión y actividad delictiva de un país con las desigualdades más grandes de la región.

Esto demuestra que la política de seguridad del Gobierno carece de una estrategia preventiva; aplica la mano dura sin atacar realmente las causas. Con el retorno o la reinstalación de los sectores de derecha, los políticos del bipartidismo (Nacional y Liberal), en procesos de enjuiciamiento o con penas ya dictadas por los jueces, hoy forman parte del gabinete de Asfura. Esto es la prueba de su complicidad estructural y de la restauración del juanorlandismo.

Las figuras con procesos penales por lavado de activos y malversación han sido integradas al gobierno, lo que evidencia su apuesta por rodearse de un círculo cercano señalado por corrupción. Ello perpetúa el sistema de impunidad (...). Asimismo, persisten las denuncias de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.

A su juicio, existe un patrón sistemático de silencio frente a la explotación minera y a los recursos en el territorio indígena y afrodescendiente. Asfura flexibiliza las regulaciones ambientales y entrega los bienes comunes naturales a las corporaciones trasnacionales, profundizando el ecocidio en varias regiones.

El gobierno no presenta un plan integral de reinserción laboral y social para los miles de connacionales expulsados de Estados Unidos. Existe una inacción frente a las deportaciones masivas. Es una bandera prácticamente abandonada, deja sola a la diáspora y muestra falta de voluntad para negociar condiciones justas.

Y el empleo está "en un concreto abandono". En este sentido, "la tasa de desempleo juvenil supera el 15% y la creación de empleos formales es casi nula. También hay una creciente informalidad y profundización de la precariedad". La aprobación de la ley de empleo temporal o por hora "representa un retroceso en términos de derechos, condena sobre todo a los jóvenes y a las mujeres que laboran en las maquilas y genera una situación de inestabilidad, ya que los patrones aprovechan esta normativa para sacar al trabajador permanente y contratar empleados temporales".

Los hospitales ha vuelto a estar colapsados, desabastecidos y sin medicinas, como en los antiguos regímenes de derecha, mientras la propuesta de recortes en educación y salud ya se ha materializado con despidos masivos en ambas carteras y el país acumula un déficit de 18.000 médicos.

En esencia, estos cien días evidencian "un gobierno que replica, reproduce y profundiza las antiguas medidas y políticas neoliberales. Eso implica la privatización, desregulación de las relaciones obrero-patronales, deterioro de los derechos humanos y afectación de los territorios de los pueblos originarios".

La gestión del régimen mantiene una estructura económica y política que concede prioridad al pago de la deuda, el impulso de proyectos extractivos y el fortalecimiento del aparato represivo por encima de la inversión social.