Chile en espejo: ética de época y militarización

Invierno entre seguridad, energía y territorio

Cuando empezó el otoño, Chile respiraba hondo. En la radio de la mañana se repetían tres palabras como un latido: seguridad, energía, territorio. En el sur, la niebla se acostaba sobre caminos militares y forestales; en Santiago, los liceos tejían asambleas cortas como fogonazos. Entre ambos puntos, una línea de tensión: el Estado prorrogaba, otra vez, la excepcionalidad en la Macrozona Sur; las grandes empresas ajustaban la gramática de la transición energética para hacerla digerible; la sociedad, con sus tramas desiguales, buscaba aire entre la urgencia y el cansancio.

Wallmapu y la normalización del estado de excepción

En Wallmapu, la excepcionalidad dejó de ser evento para volverse clima. La prórroga mensual, de julio a septiembre, ya no sorprendía a nadie; lo que ayer fue medida extraordinaria hoy organiza rutinas: controles, convoyes, helicópteros, titulares. En clave del bloque estatal-empresarial afirma su fuerza y posición con un dispositivo que promete orden y movilidad de mercancías, especialmente madera y transporte. La contradicción no es abstracta: atraviesa comunidades donde la normalidad se define por el roce constante con policías y militares, por el mapa de caminos que se cierra y se abre según decretos.

En ese cuadro, dos historias concretas marcaron el pulso del período. Primero, Julia Chuñil: defensora territorial y presidenta de la comunidad de Putreguel, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en un predio de Máfil. A más de 11 meses, su familia insiste en que el caso se trate como delito y exige resultados; la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor en julio de 2025, ordenando al Estado intensificar la búsqueda y proteger a su familia.

En los últimos días, una filtración que el Gobierno pidió aclarar reavivó la hipótesis más cruda: "la quemaron", según lo que trascendió en prensa, extremo aún no confirmado judicialmente. El peso simbólico del caso --una defensora desaparecida, con indicios de violencia extrema, en contexto de disputa territorial-- expone el límite entre retórica de derechos y garantías efectivas de vida.

Segundo, el río Pilmaiquén: allí, el 19 de agosto una ceremonia mapuche terminó en tragedia con dos personas fallecidas, a causa de que las centrales eléctricas controlan las crecidas del río e inundaron abruptamente la zona de la ceremonia. Desde entonces, la Machi Millaray Huichalaf quedó en calidad de imputada mientras la Fiscalía investiga; a las centrales no las tocaron. La escena, atravesada por dolor y pugnas discursivas, desnudó otra vez la tensión entre justicia estatal, capitalismo "verde" y prácticas ancestrales mapuche.

Y, a la vez, fue usada por actores adversos para criminalizar liderazgos que encabezan la defensa del río sagrado frente a proyectos hidroeléctricos multinacionales. Para entender la densidad del conflicto ayuda la memoria larga: la misma machi fue encarcelada en ciclos previos (2013-2014) por otra causa similar, antecedente que muchas comunidades leen, y con razón, como patrón de persecución.

Transición energética y conflictos territoriales: del norte al sur

La política, en su versión más concreta, se volvió geografía. No se juega sólo en el Congreso o la prensa: se juega en la ribera de un río, en la servidumbre de paso a una central, en la ruta hacia un observatorio astronómico. Desde junio, el megaproyecto de amoníaco/hidrógeno "verde" --esa promesa de supuesto futuro limpio-- acumuló centenares de observaciones técnicas y ciudadanas. En el norte, la defensa de los cielos oscuros resumió un argumento que parece técnico pero es profundamente político: quién decide qué es el progreso y a costa de quién.

En el sur, Rucalhue y Pilmaiquén recordaron que la electricidad barata se escribe con nombres de ríos, cementerios, trayectorias espirituales. Allí, lo "verde" no es color sino conflicto: una transición por arriba que desplaza emisiones pero reproduce lógicas extractivas conocidas en la semiperiferia. El Estado 'progresista' avanza como regulador y promotor; las empresas afinan relatos de empleo y mitigación; las comunidades combinan peritajes, ritualidad y protesta. En el tablero, la fuerza económica y legal está del lado corporativo-estatal; la posición territorial, del lado comunitario y de la ciencia pública; la contradicción es abierta y persistente.

Grietas en los aparatos coercitivos: narco-militares y corrupción

En paralelo corrió otra historia, menos épica y más áspera: la integridad de los aparatos coercitivos. Las noticias de narco-militares, los fallos contra carabineros por apropiación indebida y otras causas dibujaron una grieta que no se tapa con conferencias. Aquí, el discurso de "orden" se apoya, paradójicamente, en instituciones que cargan con su propia descomposición segmentaria.

El Gobierno gestionó el daño con protocolos y anuncios, pero la pedagogía social es lenta: a la vuelta de cada caso, la confianza pierde milímetros y a veces kilómetros. La excepcionalidad, sostenida por esas mismas instituciones, gana la batalla de la inmediatez --calma hoy-- pero pierde puntos en la batalla de la legitimidad --sentido mañana--.

Ciclo estudiantil y conflictos sectoriales

Durante julio y agosto, la ciudad volvió a escuchar la respiración estudiantil. Tomas, desalojos, retornos rápidos. Fue un rebrote corto: no faltó voluntad, faltó ensamble nacional. Los ciclos juveniles, como olas, rebotan contra paredes altas: municipalidades que no quieren incendios, ministerios que manejan el reloj, medios que alternan entre criminalizar y romantizar. A ratos, hubo también conflictos sectoriales --puertos, servicios-- que recordaron que el mundo del trabajo conserva capacidad de veto localizado, capaz de doblar la mano en negociaciones puntuales, todavía lejos de una convergencia programática.

Escuela Popular Permanente