Portugal: ¿Crisis política o golpe de efecto de António Costa?

Viernes 3 de Mayo, el país despierta sorprendido con la noticia de que el Consejo de Ministros va a reunirse de emergencia. ¿El motivo? Análisis de la situación creada la víspera por una votación en la Comisión de Educación del Parlamento relativa a la contabilización del tiempo de servicio de los profesores para efectos de progresión en su carrera.

Tras varias horas de suspense, el primer ministro António Costa habló al país a media tarde, anunciando que presentará su dimisión si esa propuesta es aprobada en votación final en el plenario. En su declaración, aunque reconociendo coherencia al Bloco y al PCP con sus posiciones de siempre, buscó trasladar la idea de una coalición negativa entre los partidos a su izquierda y los partidos de derecha. Y dramatizó lo más posible la situación, lanzando números muy poco rigurosos que amplificaban el posible impacto presupuestario de la medida aprobada la víspera en la Comisión de Educación, hablando de irresponsabilidad y de bomba presupuestaria que comprometería al gobierno actual y a futuros gobiernos.

¿Qué está en juego finalmente con la lucha de los profesores?

En 2011, por imposición de la troika, fueron congeladas todas las progresiones en las carreras de la Función Pública. Solo en 2018 fueron descongeladas las carreras generales de la Función Pública, lo que no sucedió con los profesores y las demás carreras especiales (funcionarios judiciales, militares, guardias de prsiones, enfermería). En estas carreras especiales, además de la realización de pruebas de evaluación, los años de servicio son también factor importante de progresión. Sin embargo, las profesoras no tuvieron derecho a recuperar ni un día del tiempo congelado -9 años y 4 meses- para efectos de progresión en la carrera. Los profesores nunca reivindicaron la retroactividad de los pagos de los recortes ni la aplicación de la contabilización, pero sí que esos casi diez años no fueran borrados de sus vidas y contaran para futuras progresiones.

La posición del gobierno del Partido Socialista

El gobierno tuvo siempre una posición de enorme inflexibilidad, rechazando las propuestas de los sindicatos sin presentar contrapropuestas razonables (la propuesta del gobierno era la recuperación de 2 años y 9 meses), cancelando o aplazando reuniones. Hizo todo para que se transmitiera la imagen de los profesores como un grupo profesional que reivindicaba privilegios.

Pero la posición del PS está llena de contradicciones. A 15 de Diciembre de 2017, conjuntamente con el descongelamento de las carreras de la función pública a partir de Enero de 2018, la Asamblea de la República (AIRE) aprueba, con los votos del Partido Socialista (PS) y de los partidos a su izquierda, una resolución que “recomienda al Gobierno que, en diálogo con los sindicatos, garantice que en las carreras cuya progresión depende también del tiempo de servicio prestado sea contado todo ese tiempo, para efectos de progresión en la carrera y de la correspondiente valorización remuneratoria" (Resolución n.º 1/2018). O sea, la AIRE asumió el compromiso con la contabilización integral del tiempo de servicio.

Sin embargo, el gobierno no negoció con los sindicatos y publicó en 2018 un decreto-ley (ley del gobierno) referente unicamente a los profesores, y que sólo incluía la cuenta de dos años, nueve meses y dieciocho días. Este decreto-ley fue vetado por el Presidente de la República por falta de negociación con los profesores. En la ley del Presupuesto de Estado para 2019, el Parlamento volvió a mandatar al gobierno para negociar la actualización de las carreras teniendo en cuenta todo el tiempo de servicio.

En el caso de los profesores, las contradicciones son mayores porque los Gobiernos Regionales de Madeira (PSD) y de Azores (PS) aprobaron la recuperación integral del tiempo de servicio de las docentes, creando una discriminación entre profesores de primera y de segunda.

La votación en la Comisión de Educación

El pasado jueves día 2 de Mayo concluyeron las votaciones en la Comisión de las enmiendas al decreto-ley del Gobierno. Con los votos en contra del PS, BE y PCP, fue rechazada la propuesta de la derecha que preveía la fijación de la recuperación de tiempo de servicio a factores económicos: crecimiento del PIB, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pago de la deuda pública, revisión del estatuto de la carrera docente. El texto final aprobado garantizaba inmediatamente los 2 años y 9 meses ya aprobados en Consejo de Ministros y promulgados por el Presidente de la República. Esta contabilización debía ser efectiva a partir de Enero de 2019 y rechazaba el apagón de 9 años y 4 meses en la carrera de los profesores: el resto de tiempo de servicio (6,5 años) sería reconocido, pero el plazo y la forma de contabilizar ese tiempo solo serán definidos en negociación por futuros gobiernos, como estaba previsto en los Presupuestos aprobados por el PS.

La novedad insólita de esta votación fue que PSD y CDS aprobaron esta propuesta cuando además de haber sido los autores de los recortes salariales y del congelamiento de las progresiones cuando fueron gobierno (2011-2015), nunca habían defendido esta contabilización integral.

¿Qué ganó António Costa con el ultimátum?

António Costa hizo una jugada de alto riesgo: la mayoría absoluta o el caos. Luego por la mañana del día 3, Catarina Martins, coordinadora del Bloco de Esquerda, reaccionó diciendo que el gobierno estaba fabricando irresponsablemente una crisis política que no tenía razón de ser. Más tarde, tras el discurso de António Costa, Catarina declaró: “No aceptamos el regreso al discurso de las inevitabilidades. La derecha siempre dijo que los acuerdos de la izquierda serían un fracaso y no llegarían al fin de la legislatura. El mayor error del PS es dar a la derecha el premio de decidir si la actual solución política completa o no la legislatura hasta el final. Es triste y errado. (..) En esta legislatura están en el aire proyectos importantes en que los que nos empeñamos y que deseamos concluir: Código del Trabajo, Ley de Bases de la Salud, Ley de Bases de la Vivienda, Estatuto del Cuidador Informal, Investigación de las Rentas de la Energía, Creación de la Entidad de la Transparencia. Tememos que la precipitación de este ultimátum, deje todo ese trabajo por concluir.”

Por parte del PCP, la reacción fue no aceptar ultimátums del gobierno. El mayor partido de la derecha, el PSD, tras celebrar en público el resultado de la derrota socialista (el otro partido de la derecha, CDS, llegó a exigir a Costa la presentación de una moción de confianza), tardó 48 horas en responder, acabando por anunciar un retroceso en la posición asumida en la Comisión de Educación: solo votaría una ley que incluyera la propuesta de la derecha que había sido tumbada en la Comisión. En ese sentido, António Costa obligó a la derecha a desdecirse..

Y ahora, ¿qué?

Aunque hubiera dimisión, en consonancia con la Constitución Portuguesa las elecciones anticipadas nunca podrían ser fijadas para antes de finales de julio, un absurdo, cuando agosto es el mes vacacional de la mayor parte de los trabajadores y sobre todo cuando las elecciones legislativas ya están fijadas para el 6 de Octubre.

En realidad, la actuación en la crisis por parte de António Costa tiene sobre todo por objetivo esconder las dificultades recientes del gobierno que afectan a su credibilidad: episodios como el nombramiento de familiares de miembros del gobierno para el propio gobierno; la incapacidad de negociar con los partidos a su izquierda las enmiendas a la ley laboral de tiempos del gobierno de la derecha; el retroceso en materias tan importantes como la Ley de Bases de la Salud (el gobierno había negociado con el Bloco una propuesta de no hacer nuevas colaboraciones con privados, habiendo reculado y creado tensión después) o la ley de bases de la vivienda.

Como comenta el economista Ricardo Paes Mamede: “En este contexto, los socialistas no tuvieron reparo en recurrir a una retórica típica de la derecha, que pone a los funcionarios públicos unos contra otros, a los trabajadores del sector privado contra los públicos, y en que todas las diferencias de opinión son reducidas a una división entre responsabilidad e irresponsabilidad presupuestaria.”

A tres semanas de las elecciones europeas, António Costa reafirma claramente que las imposiciones de los tratados, con sus restricciones presupuestarias, son más importantes que los derechos de las personas.

* Alda Sousa es militante del Bloco de Esquerda. Viento sur