Dos gremios de periodistas contra el "protocolo de seguridad" de Macri

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), a través de dos comunicados, marcaron su rechazo al nuevo protocolo de intervención en manifestaciones que anunció Patricia Bullrich desde el ministerio de Seguridad.

Sipreba dice no al corralito policial

El planteo del sindicato de prensa es por partida doble. En primer lugar, en su comunicado los trabajadores de prensa afirman que el protocolo “se trata de un claro cercenamiento al derecho a la protesta”, ya que establece como prioridad el derecho a la libre circulación por encima del derecho a peticionar ante las autoridades. Y Sipreba, como organización política y social, que sale a la calle a reclamar por sus puestos de trabajo y sus salarios, entiende que “todos los artículos (del nuevo protocolo) apuntan a promover la violencia policial como respuesta a los reclamos populares”.

Pero en la otra cara del protocolo, está la censura. El Capítulo III del nuevo reglamento se titula “De los medios de comunicación” y establece que durante las manifestaciones, los periodistas “desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada” por la policía. El sindicato de prensa considera que esta es una forma de garantizar la impunidad en las represiones.

Tanto en el asesinato de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki el 26 de junio del 2002 en el Puente Pueyrredón, como en el de Mariano Ferreyra, el 20 de octubre del 2010, se demostró la participación necesaria de las fuerzas de seguridad. Y fue el trabajo de fotógrafos, periodistas y camarógrafos lo que permitió, no sólo hacer pública la represión, sino aportar prueba a la Justicia. En la lógica de este nuevo protocolo, esos periodistas deberían haberse restringido a una zona indicada por los que llevarían adelante la represión primero y los asesinatos después.

El comunicado del Sipreba rechaza cualquier limitación al ejercicio de la actividad periodística: “Los trabajadores de prensa no aceptamos ‘liberar la zona’ para que la policía reprima sin que queden evidencias. No nos van a encerrar en un corralito”.

ARGRA: desenmascarar la lógica de la impunidad

El comunicado de la asociación de reporteros gráficos trata de desenredar la letra oscura del protocolo. Porque si el texto indica que la llamada “zona determinada” para los periodistas está prevista como un espacio “donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”, los reporteros entienden que, en realidad, lo que se está proponiendo es una ecuación más siniestra: “Solo falta que se aclare -dice el comunicado- que ‘se garantizará su integridad física’ en tanto no ‘interfieran con el procedimiento”.

Y más adelante, en el mismo espíritu del comunicado de Sipreba, suma a los ejemplos de la masacre de Puente Pueyrredón y el asesinato de Mariano Ferreyra, los casos de la Matanza de Tlatelolco en octubre de 1968 o la represión en la universidad de California en 1964. En ambos casos el rol del periodismo fue fundamental para denunciar y conocer los hechos.

En el primero, un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia y el ejército mexicano, asesinaron a más de 200 estudiantes. El emblemático libro La noche de Tlatelolco de la periodista mexicana Elena Poniatowska cuenta esa masacre y fue posible porque el ejercicio del periodismo no se hizo desde una “zona determinada”.

El comunicado de ARGRA expresa: “No es necesario reflexionar demasiado para concluir que una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde ‘una zona determinada’ por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”.