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Medio Oriente, Medio Oriente, Anti Patriarcado :: 01/03/2018

Empleados de la ONU solo entregan alimentos a mujeres y niñas sirias a cambio de sexo

Actualidad RT / La Haine
Muchas mujeres rechazan la ayuda humanitaria, en un intento por evitar el acoso

En Siria, un gran número de mujeres y niñas están siendo explotadas sexualmente por los encargados de proveer ayuda humanitaria. Los trabajadores humanitarios locales, contratados por las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales, retienen los alimentos y artículos básicos recibidos para intercambiarlos por favores sexuales. Las viudas, divorciadas y desplazadas son las más vulnerables, denuncia en un informe el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Además se han descubierto casos de mujeres o niñas que se han visto obligadas a casarse por un corto período con los distribuidores a fin de poder recibir alimentos, mientras que otros pedían números de teléfono de sus víctimas y las llevaban a casa para obtener "algo a cambio".

Mujeres y niñas sirias esperan la distribución de alimentos en la ciudad de Jarablus.

Las agencias y organismos salpicados por este escándalo afirman que siguen una política de "cero tolerancia" y que no estaban al tanto de ningún caso de abuso por parte de su personal en Siria.

Sin embargo funcionarios que trabajan en el terreno aseguran que la explotación sexual está tan extendida que algunas mujeres rehúsan acudir a los centros de distribución humanitaria, en un intento por evitar el acoso.

Algunas de las agencias hacen la vista gorda frente a la explotación, por un lado debido a que el uso de colaboradores locales es la única manera de llevar la asistencia a los lugares más peligrosos de Siria, donde el personal internacional no puede entrar. Y por otro para intentar que la población, cansada de la situación, acepte las promesas occidentales y se rebele contra el Gobierno sirio legítimo, y así favorecer los planes de los regímenes de EEUU e Israel.

Este tipo de explotación sexual ya se había denunciado en el 2015, pero la situación persiste en la actualidad, lamenta la UNFPA.

 

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