Familias del barrio “Nueva Esperanza” (Merlo) comenzaron un acampe

Las familias trabajadoras que quedaron en la calle luego del violento operativo policial por el cual fueron desalojados hace menos de un mes decidieron iniciar el miércoles un ACAMPE por tiempo indeterminado en la plaza 25 de mayo, ubicada en Calle Real y 25 de Mayo (Merlo) para reclamar una solución al estado provincial y municipal.
Acompañados por organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, políticas y culturales, dieron una conferencia de prensa para denunciar el abandono gubernamental a quienes hace meses iniciaron la construcción del barrio Nueva Esperanza con el sueño de construir un techo para sus hijos.
Anahí, delegada del barrio, afirmó: "Hoy no existe política habitacional que incorpore a los más humildes de nuestro pueblo. Entendemos que los gobiernos provinciales, municipales y nacional tienen responsabilidad sobre la situación de emergencia social en la que nos encontramos las miles de familias en la provincia de Buenos Aires a quienes se nos niega el derecho a acceder a una vivienda digna" En estos cuatro meses dieron muestras de voluntad de diálogo para hacer frente a la necesidad de vivienda haciendo una serie de presentaciones en distintos organismos e instituciones provinciales y del municipio de Merlo, proponiendo trabajar en el marco de la Ley nacional 14.449 de Acceso justo al habitat, la cual propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, para garantizar soluciones definitivas a la necesidad de vivienda de las familias de la provincia de Buenos Aires. (Comunicado)

Pensando en nuevos negocios inmobiliarios evalúan el cambio o la derogación de la Ley de Tierras (La Nación/Marcha)

El Gobierno está trabajando en un borrador para realizar cambios en la Ley de tierras, sancionada en 2011, que introdujo restricciones para la venta de campos a extranjeros.
Así lo declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo donde funciona el Registro Nacional de Tierras: "Estamos estudiando una modificación que todavía está en etapa de borrador. Tenemos la intención de introducir cambios".
Hace unas semanas, representantes de las inmobiliarias rurales se reunieron con funcionarios de Agroindustria y luego con el Registro Nacional de Tierras. Allí llevaron su inquietud para que se adecúe la ley, ya que sostienen que desde su implementación se frenaron inversiones por parte de extranjeros.
Según la ley, se estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe).
Un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y desmontes, etc.
Pero estos problemas no tienen que ver con lo que ahora aduce el capital inmobiliario, esto es, con algún tipo de excesiva regulación que “frene” las inversiones, sino justamente con lo contrario: la insuficiencia o laxitud que esta ley parece tener en términos de entrega de tierras a capitales extranjeros, e incluso con la falta de cumplimiento de la misma reglamentación que la ley impone. La Ley de tierras establece que, en un plazo de 180 días luego de la sanción de la ley, debía crearse un Registro Nacional de Tierras Rurales en el que cada provincia informe la superficie total de su territorio en manos de titulares extranjeros. Este registro se ha cumplido parcialmente.
Tras un censo de titularidad que se realizó a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, surgió que 15,8 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros. En rigor, se trata del 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades. Entre los que aquí tienen más tierras figuran primeros los estadounidenses. Los propietarios de ese origen son poseedores del 1,13% de las tierras rurales del país, con un total de 3.042.680, 69 hectáreas. Luego les siguen los italianos (2,3 millones de hectáreas) y, en el tercer puesto, los españoles (2,1 millones de hectáreas), entre otras nacionalidades.
Sin embargo, según informó en septiembre de 2014 la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la mitad de las provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Neuquén, Santa Cruz y Santiago del Estero) no entregaron sus informes, con lo cual es de esperar que los resultados presentados por el Poder Ejecutivo Nacional hayan estado altamente subestimados.
En el mercado creen que de cambiarse o derogarse la Ley hay 20 millones de hectáreas que están en condiciones de venderse a extranjeros. Al igual que en el caso de la eliminación a las retenciones mineras, la potencial flexibilización de las leyes sobre la tierra parecen indicar un claro rumbo hacia la profundización del extractivismo y la extranjerización de la economía argentina.

La Haine