Hollywood invade Venezuela

Tras la invasión y rápida conquista de Grecia en abril de 1941, el país heleno fue desmembrado en zonas de ocupación alemana, italiana y búlgara. La porción alemana, que incluía Atenas, el puerto del Pireo y la estratégica Creta, era la más extensa y económicamente vital. Las autoridades de ocupación nazis, ejerciendo un control absoluto sobre el Banco de Grecia, impusieron al Estado griego derrotado la obligación de conceder un «crédito» ilimitado para cubrir los llamados «gastos de ocupación».

El mando militar alemán presentaba sus demandas --que iban desde los salarios de sus soldados y la construcción de fortificaciones hasta la adquisición masiva de alimentos y materias primas-- al banco central griego, el cual se veía forzado a imprimir dracmas (moneda griega) a un ritmo frenético, entregándolos a los ocupantes a un tipo de cambio fijado unilateralmente por Berlín, una tasa tan favorable al Reichsmark que constituía un saqueo en sí misma.

Los alemanes utilizaban estos billetes recién salidos de la imprenta para comprar todo lo de valor en el mercado griego, provocando una hiperinflación devastadora que, combinada con el acaparamiento de alimentos, desembocó en una hambruna que se cobró cientos de miles de vidas. Cada billete emitido bajo coacción era meticulosamente registrado como un «préstamo» que la empobrecida Grecia le hacía a su rico ocupante, una deuda fantasma que crecía exponencialmente mientras el país se hundía en la ruina. Al final de la pesadilla, los invasores se retiraron dejando tras de sí solo escombros, miseria y un documento oficial que declaraba que las víctimas, reducidas al hambre, debían una fortuna a quienes las habían despojado de todo.

Esta perversión económica, esta deuda disfrazada de tinta y números, no es un mero artefacto histórico. Es el arquetipo de un mecanismo que, con distintas sofisticaciones, se repite a lo largo de la historia de la dominación. Y no es muy diferente de la lógica que ahora se implementa, con una frialdad calculada, sobre los yacimientos petroleros de Venezuela.

En el escenario venezolano posintervención de enero de 2026, el Departamento de Energía de EEUU ha contactado de manera directa y coercitiva a los ejecutivos de las grandes petroleras, planteando una ecuación que es la esencia del capitalismo de ocupación: las inversiones privadas en la reconstrucción del sector energético venezolano serán el vehículo para el «reembolso» de los laudos arbitrales pendientes por las expropiaciones de 2007. Es decir, las empresas no recibirán una compensación en efectivo por lo que les fue supuestamente 'arrebatado'; en su lugar, se les «permitirá» invertir nuevamente, con condiciones ventajosas, para recuperar su dinero a través de la futura explotación del petróleo venezolano.

Se trata de disfrazar una presunta 'deuda de reparación' con el ropaje de una nueva oportunidad de negocio, un ciclo donde las propias víctimas del expolio anterior deben financiar la reactivación del botín, beneficiando a las corporaciones mientras se evade una compensación plena y soberana a Venezuela. Esta idea, lejos de ser una especulación, se basa en informes concretos que detallan cómo el Departamento de Energía estadounidense exige inversiones como condición sine qua non para cualquier reembolso, creando así un circuito cerrado donde las supuestas 'deudas' del pasado financian la extracción futura, y donde el costo de la intervención militar se socializa a través de la deuda venezolana y se privatiza a través de las ganancias corporativas.

Sin embargo, este formato perverso, donde Venezuela terminaría pagando --a través de concesiones, royalties reducidos y control operativo cedido-- las inversiones para su propia reconstrucción petrolera, llevan implícitas una serie de premisas geopolíticas y legales que deben diseccionarse antes de reflexionar sobre la mecánica financiera concreta. En principio, y de manera sucinta, hay que resaltar que la intervención militar estadounidense prioriza de manera obscena el poderío militar bruto sobre cualquier norma multilateral, exacerbando la crisis de legalidad global e instalando de facto la «ley del más fuerte» como único principio rector.

La operación, ejecutada contra una fuerte resistencia de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, utilizó apagones eléctricos y electrónicos. La Organización de las Naciones Unidas, reducida a la irrelevancia, condenó el acto sin medidas coercitivas, una farsa que simplemente resaltó la erosión terminal de la arquitectura legal internacional construida tras 1945. Las violaciones son múltiples y flagrantes: el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU (prohibición del uso de la fuerza), el Principio de No Intervención (Artículo 2(7), la soberanía estatal, la integridad territorial, la inmunidad de jefes de Estado e incluso la Convención sobre Personas Internacionalmente Protegidas. La Carta de la OEA fue igualmente triturada. Este desprecio por el derecho no es un efecto colateral; es un requisito funcional para el modelo económico que se pretende implantar.

El diseño político de la transición venezolana es igualmente revelador. En los meses previos a la intervención, mientras la retórica belicista de Washington se intensificaba, un grupo de ejecutivos, abogados e inversionistas vinculados a la industria petrolera mantuvieron intensas conversaciones con la administración Trump y asesores del Congreso.

Intentan poner en práctica la fórmula perfecta del neocolonialismo eficiente: utilizar a una élite local colaboracionista para gestionar la extracción de recursos, manteniendo la fachada de un gobierno soberano mientras se transfiere el control real a las corporaciones extranjeras. Se trataría, en esencia, de utilizar al chavismo para destruir al chavismo como proyecto soberano, transformándolo en un gestor de la renta para nuevos dueños. Pero no lo están consiguiendo.

La teoría económica subyacente parece de una simplicidad seductora. Venezuela posee vastas reservas de petróleo, de hecho, las reservas certificadas más grandes del mundo, y en su mejor momento producía más del triple de los 1,2 millones de barriles diarios actuales. Por lo tanto, la lógica hollywoodense dicta que, con una inyección masiva de capital y tecnología occidental, debería ser sencillo (no lo es en absoluto) modernizar el equipo deteriorado y observar cómo los barriles adicionales --y las ganancias-- fluyen de nuevo. Pero el interés estadounidense trasciende la mera extracción. Tiene un componente estratégico de seguridad energética y, más concretamente, de rentabilidad refinadora.

La costa del Golfo de México de EEUU, especialmente Texas y Luisiana, está sembrada de refinerías gigantescas diseñadas específicamente para procesar crudo pesado y ácido, el tipo de petróleo que Venezuela produce en abundancia. Desde que las sanciones cortaron el flujo en 2019, estas refinerías han tenido que buscar sustitutos como el crudo Maya mexicano, con resultados inferiores: pérdidas de eficiencia de hasta el 10% en la producción de combustibles de alto valor como la gasolina y el diésel, debido a diferencias en la composición química.

Es aquí donde la mecánica del «canje de deuda por inversión» revela su genialidad, alineándose perfectamente con la lógica de la «máquina de guerra» que se autofinancia. Según informes de enero de 2026, Trump ha propuesto un intercambio condicionado. Las grandes petroleras estadounidenses, principalmente ExxonMobil y ConocoPhillips, deben comprometer inversiones significativas en Venezuela para poder acceder a cualquier reembolso por los activos expropiados legalmente en 2007.

Los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI - Banco Mundial, que siempre favorece a los intereses occidentales) son cuantiosos: ConocoPhillips ganó un fallo por 8.700 millones de dólares (que con intereses se acerca a los 12.000 millones en 2026), y ExxonMobil reclama entre 1.600 y 2.000 millones. El total del sector supera los 10.000 millones de dólares, una deuda fantasma e ilegal que pende sobre PDVSA y el Estado venezolano. En lugar de pagar esta deuda, el nuevo esquema la convierte en palanca.

La intervención militar, que secuestró a Maduro y a Cilia Flores el 3 de enero, no genera así un costo neto para los contribuyentes estadounidenses; se presenta como una operación que se «paga sola» a través del robo petrolero financiado por el capital privado, el cual a su vez recupera sus antiguas pérdidas a través de ganancias futuras. Es el ciclo perfecto: la guerra abre la puerta, el capital extranjero roba el recurso, y los beneficios cubren los costos políticos y legales previos.

El mecanismo operativo es un «quid pro quo» pragmático y coercitivo, inspirado en la visión trumpista de que «el petróleo venezolano pagará por esto». Primero, se exigen inversiones obligatorias. Las compañías deben comprometer entre 20.000 y 50.000 millones de dólares en infraestructura para PDVSA, principalmente a través de 'joint ventures' donde recuperan el control operativo de los yacimientos que una vez les fueron expropiados, particularmente en la Faja del Orinoco.

Segundo, los reembolsos están condicionados a estas inversiones. El supuesto Gobierno de transición utilizaría los ingresos petroleros futuros para ir saldando los laudos, un proceso facilitado por el levantamiento de sanciones y la protección de activos como Citgo. No habrá un cheque por 12.000 millones para ConocoPhillips; en su lugar, se le otorgarán concesiones con royalties bajísimos o nulos, o se le permitirá deducir el monto de sus inversiones, de modo que sus ganancias a largo plazo equivaldrán al monto del laudo. Quien no invierta, pierde toda prioridad en el cobro.

Tercero, este esquema financia indirectamente la intervención. En la lógica de la máquina de guerra, las inversiones privadas cubren los costos militares y de estabilización, logrando un «costo cero neto» para el erario estadounidense. El petróleo extraído fluye a las refinerías del Golfo, generando empleo, impuestos y seguridad energética doméstica.

Sin embargo, este diseño choca con una realidad económica incómoda. Las proyecciones de la consultora Rystad Energy indican que se necesitarían 155.000 millones de dólares para reparar una década de sanciones ilegales y duplicar la producción a 2 millones de barriles diarios para 2030. Es una cifra astronómica, incluso para gigantes como Exxon y Conoco. Este esfuerzo inversor se ve complicado por otro objetivo contradictorio de Trump: mantener los precios del petróleo bajos, alrededor de 50 dólares el barril, para beneficiar al consumidor estadounidense y cosechar réditos electorales de cara a las elecciones de medio termino de 2026.

Un petróleo a 50 dólares hace que las inversiones de alto costo en la compleja Faja del Orinoco sean mucho menos atractivas, ya que limitan drásticamente los márgenes de beneficio. Las petroleras pensarán en recortes de gastos, no en aumentos masivos de inversión. Trump se encuentra en una pinza: necesita el flujo de crudo, pero no puede permitir que su precio suba, y necesita que las empresas inviertan, pero les ofrece un entorno de precios bajos. La solución probable será una combinación de garantías políticas y subsidios encubiertos: seguros de riesgo soberano del gobierno de EEUU, contratos de compra a largo plazo a precios preferenciales para las refinerías del Golfo, y una presión feroz sobre las compañías para que asuman el riesgo «patrióticamente», con la promesa de ganancias futuras en un mercado rediseñado.

La reconfiguración geopolítica sería profunda. Si EEUU consolida (lo cual es muy dudoso) este control indirecto sobre la producción venezolana, el flujo global de crudo pesado cambia. China, actualmente el mayor comprador del crudo venezolano a través de trueques y pagos en yuanes, sería expulsada del mercado, perdiendo un aliado estratégico en su guerra económica con Occidente. Rusia vería debilitada la alianza energética dentro de los BRICS+. Las refinerías del Golfo recuperarían su fuente de alimentación ideal, una de las causas de la invasión, reduciendo la dependencia de la volátil OPEP+ y estabilizando sus márgenes.

Para Venezuela, el resultado es una estabilización precaria y profundamente dependiente. Se podría detener la inflación y recuperar cierta normalidad económica, pero a un costo feroz: la soberanía energética quedaría hipotecada por décadas. PDVSA se convertiría en poco más que una entidad titular, mientras los consorcios internacionales toman las decisiones operativas y capturan la mayor parte del valor. Los laudos de la deuda fantasma no se pagan; se transforman en títulos de propiedad sobre el futuro del país.

En resumen, la intervención en Venezuela prioriza la energía sobre la democracia, el beneficio corporativo sobre los DDHH, y el poder bruto sobre el derecho internacional. Los pretextos humanitarios y democráticos que pudieron esgrimirse se desvanecen ante la cruda mecánica de un acuerdo que convierte la deuda de guerra en inversión extractiva.

EEUU gana en seguridad energética, sus corporaciones recuperan y amplían sus ganancias, y el complejo militar-industrial demuestra una vez más su capacidad para crear mercados a través de la fuerza. Venezuela, como Grecia en 1941, se encontraría atrapada en la lógica de la deuda fantasma: la factura de su propia ocupación, disfrazada de contrato de inversión, se le presentaría durante generaciones, mientras el petróleo que fluye de sus entrañas paga, gota a gota, el precio de una libertad que esta vez no se perdió en un campo de batalla, sino en los despachos de abogados y las salas de juntas de Houston y Washington.

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