Honduras: Bipartidismo, capital y giro neoliberal

Este texto propone una interpretación de la coyuntura política hondureña entre 2009 y 2026, a partir de la hipótesis de que el Partido Nacional de Honduras (PNH) y el Partido Liberal de Honduras (PLH) han convergido en la consolidación de un proyecto político y económico de orientación neoliberal (con antecedentes en la década de 1990). Más allá de la competencia electoral, ambos partidos habrían coincidido en la defensa de un modelo de Estado favorable a los intereses del capital y contrario a las demandas de transformación impulsadas por diversos sectores sociales y fuerzas progresistas.

Entre 2009 y 2021, la resistencia al golpe de Estado (2009), las movilizaciones populares y las luchas sociales contra el desfalco del Seguro Social (2015-16), la reelección de JOH en 2017, la protesta del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) entre 2015-20, y la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación en 2019, configuraron un escenario de fuerte confrontación política. Sin embargo, para 2026 el panorama parece distinto. La capacidad de movilización del movimiento popular se encuentra considerablemente reducida y la oposición social al nuevo ciclo político resulta limitada. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿qué ocurrió con el movimiento popular hondureño?

La hipótesis que se desarrolla en este ensayo sostiene que una parte importante del movimiento popular perdió autonomía al establecer una relación cada vez más estrecha con la política partidaria. Ese proceso debilitó su capacidad de convocatoria, redujo su independencia organizativa y limitó su papel como actor de presión social. Paralelamente, el fortalecimiento de una mayoría legislativa integrada por el bipartidismo - el PLH y PLH- ha permitido la aprobación de iniciativas que profundizan el modelo neoliberal y favorecen los intereses de las élites económicas. p

A partir de esta lectura de la coyuntura, el ensayo examina las elecciones generales de 2025, la configuración del nuevo gobierno, las primeras reformas impulsadas desde el Congreso Nacional y los desafíos que enfrenta el movimiento popular para reconstruir una agenda ciudadana independiente.

La construcción conservadora y neoliberal en las elecciones de 2025

Las elecciones primarias de marzo de 2025 marcaron el inicio de un nuevo momento en la disputa por el poder político en Honduras. Desde esta perspectiva, las élites vinculadas al bipartidismo identificaron al partido Libertad y Refundación (LIBRE) como el principal obstáculo para la continuidad del modelo neoliberal iniciado en la década de 1990 y retomado después del golpe de estado del 2009. En consecuencia, las dinámicas políticas y electorales desarrolladas durante ese año pueden interpretarse como parte de una estrategia orientada a impedir la continuidad del proyecto de gobierno encabezado por LIBRE.

El desarrollo de las elecciones primarias estuvo acompañado por múltiples irregularidades en la instalación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En distintos lugares del país, numerosas mesas fueron habilitadas con retrasos que oscilaron entre el mediodía, la tarde e incluso la noche, generando incertidumbre, cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y un deterioro de la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral. Desde la interpretación que aquí se plantea, estos acontecimientos no constituyeron hechos aislados, sino antecedentes de una crisis política que alcanzaría su punto más álgido durante las elecciones generales de noviembre.

En las elecciones generales de 2025 el voto de castigo hacia el gobierno de LIBRE favoreció principalmente la candidatura de Salvador Nasralla. Desde mi perspectiva, Nasralla desempeñó nuevamente el papel de un actor funcional a los intereses de las élites económicas y políticas, fragmentando el voto contrario al bipartidismo tradicional. A ello se sumaron errores cometidos por el propio gobierno de LIBRE, cuya gestión erosionó parte del respaldo ciudadano alcanzado en 2021 y debilitó sus posibilidades de continuidad.

El comportamiento del denominado voto independiente constituye uno de los fenómenos propios de los procesos electorales, que merece un análisis más profundo. Diversos factores confluyeron en su configuración: el desgaste del oficialismo, la persistencia de una narrativa anticomunista adaptada al contexto del siglo XXI, el activismo político de sectores de las iglesias neopentecostales y de grupos conservadores de la Iglesia católica, así como pronunciamientos internacionales que incidieron en el debate público. Entre ellos destacó la declaración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó que trabajaría mejor con Nasry Asfura, un hecho que tuvo amplia difusión durante la campaña electoral y que, en esta interpretación, contribuyó a reforzar determinadas percepciones dentro del electorado.

En las semanas previas a las elecciones generales, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) por LIBRE, Marlon Ochoa, hizo públicos varios audios que, según su denuncia, evidenciaban posibles acciones encaminadas a provocar una crisis electoral. Aunque la autenticidad y el alcance de ese material continuaron siendo objeto de debate, su divulgación alimentó las sospechas sobre la imparcialidad del proceso y profundizó la desconfianza ciudadana respecto a la conducción de las elecciones.

Fraude electoral y la llegada de Nasry Asfura

A mi parecer, la crisis electoral de 2025 no fue únicamente el resultado de deficiencias administrativas o disputas entre actores políticos, sino la expresión de una correlación de fuerzas favorable al bloque conservador. En esa interpretación, las consejeras del CNE, Cossette López, representante del PNH y Ana Paola Hall, representante del PLH, desempeñaron un papel determinante en la conducción de un proceso que terminó favoreciendo el retorno del bipartidismo.

Los primeros resultados difundidos durante la jornada electoral apuntaban a una ventaja del candidato presidencial del PLH, Salvador Nasralla. Sin embargo, la prolongación del escrutinio, la incertidumbre que marcó el mes de diciembre y las controversias surgidas alrededor del proceso modificaron el escenario político hasta culminar con la declaratoria oficial que otorgó la victoria a Nasry Asfura Zablah del PNH, el 24 de diciembre de 2025 por un estrecho margen del 0.76 %. Desde mi óptica, esa secuencia de acontecimientos constituye un fraude electoral que permitió la restauración del proyecto político del bipartidismo.

Más allá del conflicto electoral, este proceso revela un fenómeno que ha recibido escasa atención en el análisis político hondureño: la recomposición de las élites de poder.

Tradicionalmente, el liderazgo del bipartidismo estuvo asociado a sectores criollos y mestizos; sin embargo, en este proceso electoral ha cobrado mayor protagonismo grupo de empresarios y políticos hondureños de candidatos de origen palestino --identificados históricamente en el imaginario nacional como "turcos"--, cuya presencia se ha consolidado tanto en la economía como en la competencia por el poder político. Más que un simple cambio de apellidos, este proceso refleja una transformación en la composición de las élites que disputan la conducción del Estado hondureño, de forma más directa.

La llegada de Nasry Asfura al poder representó la restauración del statu quo político construido por el bipartidismo históricamente en el país. Paralelamente, la narrativa posterior a las elecciones estuvo orientada a desmovilizar a la militancia de LIBRE y a reducir la capacidad de respuesta del movimiento popular, que no logró articular una estrategia de movilización frente al desenlace del proceso electoral.

En ese contexto, el anuncio de un conteo voto por voto, promovido desde el Congreso Nacional y la Comisión Permanente como mecanismo para resolver la crisis poselectoral, nunca llegó a materializarse y Xiomara Castro entregó el mando presidencial y Nasry Asfura que asumió la Presidencia de la República el 27 de enero de 2026.

Uno de los aspectos más significativos de esta coyuntura fue la actitud del Partido Liberal. A pesar de que Marlon Ochoa denunció irregularidades durante el proceso, este partido no desarrolló una maniobra política orientada a disputar el resultado del fraude electoral, ni a cuestionar de manera sostenida la nueva correlación de poder. El sector más conservador del PLH prefirió la subalternidad en el poder.

Eso refleja la consolidación de una lógica de convergencia entre los partidos tradicionales, cuya experiencia de cooperación política entre 2009 y 2021 habría facilitado una nueva etapa de entendimiento parlamentario y gubernamental. Es decir, el cogobierno bipartidista conservador y de ultraderecha.

La profundización del Estado neoliberal: el papel subalterno del Partido Liberal en el cogobierno bipartidista

Los primeros meses del gobierno de Nasry Asfura evidencian la consolidación de una agenda legislativa orientada a profundizar el modelo neoliberal en Honduras. Con una mayoría parlamentaria integrada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, el Congreso Nacional ha impulsado un conjunto de reformas que fortalecen la lógica del mercado, amplían los espacios para la inversión privada y reducen la capacidad reguladora del Estado en áreas estratégicas.

Entre las iniciativas más controvertidas destacan la Ley de Empleo Parcial, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, señalada por diversos sectores sociales por restringir el derecho a la protesta y priorizar la mercancía sobre el ciudadano, la contrarreforma a la Ley Especial de Energía y la Ley de Reactivación Económica, promovida por el Poder Ejecutivo. En conjunto, estas medidas reflejan una orientación política que privilegia la flexibilización laboral, la apertura al capital privado y la reconfiguración del papel del Estado en la economía.

Particular preocupación genera la política energética del gobierno de Nasry Asfura. Desde la interpretación que aquí se plantea, las reformas impulsadas en este sector buscan debilitar progresivamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para ampliar el protagonismo de los generadores privados en la producción y comercialización de la energía. Más que una reforma administrativa, se trataría de una redefinición del papel del Estado en un sector estratégico para el desarrollo nacional.

En este escenario, el Partido Liberal ha dejado de desempeñar el papel de una oposición política efectiva y ha pasado a actuar como un aliado parlamentario del Partido Nacional. La experiencia de cooperación política construida entre 2009 y 2021 parece haberse consolidado en una nueva etapa de convergencia legislativa, donde las diferencias partidarias ceden frente a una agenda económica compartida. Desde esta perspectiva, el PLH ocupa una posición subalterna dentro del bloque gobernante, contribuyendo a la aprobación de reformas que fortalecen el proyecto neoliberal impulsado por el PNH.

La principal consecuencia de esta nueva correlación de fuerzas es la consolidación de un bloque político conservador que reduce los márgenes para el debate sobre modelos alternativos de desarrollo. La convergencia entre los partidos tradicionales no solo redefine la competencia electoral, sino que también fortalece una hegemonía política orientada a preservar los intereses del capital y de las élites económicas en detrimento de las demandas históricas de los sectores populares.

Articulación del movimiento popular y la construcción de una nueva agenda ciudadana

A partir de la coyuntura actual, cabe preguntarse si existe un detonante capaz de reactivar la movilización social en el contexto político y económico que atraviesa Honduras. Mis consideraciones en este momento es que no se observa en el corto plazo un factor que, por sí solo, pueda generar una reactivación amplia y sostenida del movimiento popular.

El ciclo de movilización social abierto tras el golpe de Estado de 2009 mostró una importante capacidad de resistencia y articulación durante varios años. Sin embargo, entre 2009 y 2021 ese proceso no logró consolidar una estructura organizativa unificada, sino que derivó en una progresiva fragmentación de sus expresiones políticas y sociales. Esta dispersión limitó su capacidad de incidencia en la nueva etapa política.

En el escenario reciente, las movilizaciones registradas durante los primeros meses del gobierno de Nasry Asfura han sido puntuales y de alcance limitado. Destaca principalmente la acción del sector magisterial, cuyas protestas han tenido un carácter predominantemente gremial. Paralelamente, algunas organizaciones de la sociedad civil han impulsado demandas específicas, aunque sin lograr articular una agenda común ni una coordinación sostenida entre distintos sectores sociales.

En la actualidad, el desafío pasa por la construcción de una nueva agenda ciudadana capaz de integrar las diversas demandas sociales que emergen dentro del modelo económico vigente. Esta agenda implicaría la articulación de sectores que enfrentan de manera directa las consecuencias de las políticas neoliberales, pero que hasta ahora han actuado de forma dispersa.

De tal forma, la fragmentación de las fuerzas sociales y progresistas limita su capacidad de incidencia política frente a un bloque conservador que, a diferencia de sus opositores, mantiene altos niveles de cohesión institucional y coordinación política. En consecuencia, el principal reto para las fuerzas populares no radica únicamente en la protesta social, sino en la reconstrucción de su capacidad organizativa y de su autonomía frente a la dinámica partidaria.

Finalmente, el reordenamiento político producido tras los procesos electorales de 2025 y 2026 ha contribuido a la consolidación de gobiernos de orientación conservadora en la región, en un contexto de reconfiguración más amplia de las fuerzas políticas de ultraderecha en América Latina.

elsoca.org