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15/06/2022 :: Mundo, Mundo, Anti Patriarcado

La marea verde en Latinoamérica

x Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky
¿Qué enfrentan las personas que hoy abortan en México, Bolivia, Paraguay y Brasil?

Los pañuelos verdes se multiplicaron por todo el continente y, si bien las derechas conservadoras elevan los niveles de agresividad, cada país muestra sus particularidades. Compañeras de la región nos cuentan los retos y las realidades que atraviesan.

El mapa regional de luchas por la despenalización del aborto cobró fuerte dinamismo en los últimos años, inspiradas e impulsadas por la marea verde que traspasó fronteras. Se multiplicaron las movilizaciones y acciones por la autonomía de nuestras vidas, desnudando la violencia y el sometimiento que sufrimos los cuerpos gestantes. ¿Qué obstáculos enfrentan las personas que quieren abortar en México, Paraguay, Bolivia y Brasil?

México: luz verde al aborto

“En México, actualmente, estamos viviendo un momento importante en materia de derechos sexuales y reproductivos”, expresa Stephanie Lomelí, coordinadora del Fondo MARIA. El aborto es legal en todo el país para casos de violencia sexual y está despenalizado en nueve estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. “Esto ha permitido mantener en la agenda pública discusiones importantes para seguir avanzando en los congresos locales hacia la despenalización del aborto en el resto del país”, agrega.

“Existen aún retos importantes para que todas podamos acceder a servicios de aborto seguro de calidad -cuenta Stephanie-. Esta coyuntura ha permitido que se reconozca el trabajo de las redes de acompañamiento existentes en todo el país, que han sostenido y acompañado a las mujeres y otras personas gestantes en sus decisiones y procesos, aún frente a los vacíos del Estado, acrecentados por la pandemia”.

La despenalización impactó positivamente en las narrativas sociales alrededor del aborto, sumado a los esfuerzos institucionales por brindar mayor claridad sobre las rutas de acceso y atención en los servicios de salud. El Lineamiento Técnico para la atención del aborto seguro de la Secretaría de Salud está “enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos, y recupera conceptos de justicia reproductiva”, explica Stephanie, al tiempo que hay un claro reconocimiento del estigma asociado al aborto, “como una barrera importante en el acceso a servicios de calidad y se expone una guía sobre cómo deben brindarse las consejerías”, agrega.

En el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió tres sentencias históricas. La primera establece como inconstitucional la penalización del aborto voluntario. A pesar de que no lo saca del Código Penal en los estados que aún lo contemplan como delito, impide que sea una causa de judicialización. Las segunda sentencia regula la objeción de conciencia, estableciendo que no puede ser usada para negar el acceso a los servicios de aborto seguro. Finalmente, la tercera tiene que ver con la protección de la vida desde la concepción, donde se establece que esta no es una condición jurídica que se contraponga a la despenalización del aborto. “Lo festejamos ampliamente porque sienta un precedente importante sobre las discusiones presentes y futuras en materia de aborto, y desarticula aquellos argumentos que, desde los bloques conservadores antiderechos, han utilizado para impedir el acceso al ejercicio de nuestros derechos”, concluye Stephanie.

Paraguay: fuertes restricciones

Casi en las antípodas, encontramos al país vecino con una de las normativas más conservadoras de la región. La práctica está penalizada en casi todas las circunstancias, salvo cuando la vida de la persona gestante está en peligro, una excepción “casi inaplicable”, señala Emilce Sánchez Ferreira, proveedora de servicios de salud sexual y reproductiva en el país.

La penalización, lo sabemos, no impide los abortos, “solo amplía las brechas de la desigualdad socioeconómica”, que se evidencian en el acceso a las distintas modalidades para realizar la interrupción, algunas en “sanatorios privados con todos los requerimientos médicos necesarios, otras en lugares improvisados, en clínicas que no reúnen las condiciones exigidas o lo realizan ellas mismas recurriendo a métodos variados, incluso bajo riesgo de vida”, explica Emilce.

La clandestinidad de la práctica imposibilita saber la dimensión de la problemática. En Paraguay, no hay cifras oficiales, los datos disponibles son registrados y sistematizados por el sistema de salud pública y las instancias vinculadas al proceso penal y la responsable de la ejecución de la pena privativa de libertad. No hay datos que reflejen la cantidad de abortos voluntarios: “Esta cifra invisible es la que realmente marca la distancia entre el hecho ocurrido y las consecuencias más drásticas del aborto, que son la muerte de algunas mujeres, las eventuales consecuencias sobre la salud para otras y, para unas pocas, el paso por el sistema penal”, explica y agrega que las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes por gestación, y el 13% de estas muertes son causadas por abortos inseguros.

El Centro Paraguayo de Estudios de Población elaboró un informe en el año 2017 que calcula la magnitud del aborto inducido en el país. Solo a partir de los egresos hospitalarios registrados como “embarazo terminado en aborto”, se encontró que poco más de 30.000 personas abortan cada año. En 2018, el aborto inseguro figuró como la primera causa de muerte relacionada con la gestación. “Esto muestra que la penalización del aborto no es un mecanismo eficiente para proteger la vida, pues si una mujer ha decidido abortar, lo hará aun en medio de un ambiente legalmente restrictivo o aunque signifique un riesgo para su salud o su vida -sigue Emilce-. Por esta razón, en Paraguay, hay varios colectivos y grupos de mujeres que están luchando por lograr una ampliación de las causales que sea más respetuosa de los derechos de las mujeres”.

Brasil: el toque bolsonarista

La realidad brasilera es similar en cuanto a la restricción casi absoluta para acceder a la práctica del aborto, sin embargo, como nos tiene acostumbrades el bolsonarismo, marca su huella distintiva de retrocesos y violaciones a los derechos humanos básicos. 

Juliana Reis es Coordinadora Ejecutiva de Millas por la Vida de las Mujeres Brasil. En conversación con La tinta, comenta que “lo más terrible de los últimos tiempos fue el pasado 6 de mayo, cuando tuvo aprobación en la Comisión de la Mujer en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que otorga al niño por nacer la condición de fin en sí mismo y sujeto de derechos”. Así, se transforma efectivamente en el ser en situación de mayor vulnerabilidad en relación con la mujer.

“Al igual que cualquier niño, debe recibir prioridad absoluta según la Constitución Federal -agrega-. Es el camino abierto para que Brasil reproduzca la trayectoria de El Salvador que, en menos de 20 años, ya ha procesado penalmente a 181 mujeres por delitos de emergencia obstétrica”. 

Juliana tiene esperanzas de que las elecciones de octubre marquen otro contexto donde la situación pueda modificarse. “Ojalá podamos, por fin, retomar nuestro proceso civilizador”, expresa.

Bolivia: luz roja para las infancias

“Niña de 11 años violada por su abuelo en Chimoré está embarazada. La víctima tiene 23 semanas de gestación”. Este titular apareció en la prensa el 7 de junio de 2022. “Se repite con una frecuencia que pone los pelos de punta”, dice Alexia Escóbar Vásquez, activista de la Campaña 28 de Septiembre en Bolivia. Un día después, rectificaron la noticia: en realidad, eran 27 semanas de gestación y el hospital público al que acudió la niña rechazó realizarle una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El equipo médico sugería que, para resguardar la salud y la vida de la víctima, fuera internada en un hogar para niñas en su misma situación y espere que el embarazo llegue a término.

“La detección tardía de los casos pone en situación crítica sobre todo a niñas víctimas de violación que llegan a los servicios de salud con edades gestacionales avanzadas -explica Alexia-. A pesar de que no existe normativa que ponga un límite a la edad gestacional para la realización del ILE, el personal de salud pone obstáculos cuando los embarazos superan las 20 semanas”.

Según el Sistema Nacional de Información en Salud, en el año 2020, se registraron seis embarazos por día en niñas y adolescentes menores de 15 años. Una práctica habitual es que procedan a adelantar el momento del parto produciendo un nacimiento, en lugar de aplicar prácticas de calidad que garanticen un aborto. 

Actualmente, el Ministerio de Salud y Deportes impulsa un “Protocolo de Atención para Menores de 15 años”, con los parámetros mínimos no negociables que debe seguir el personal de salud para garantizar el derecho a una atención integral. Alexia cuenta que también desde la Asamblea Nacional existen iniciativas para avanzar en una Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. “Mientras, la sociedad civil, aglutinada en torno al Pacto por la Despenalización del Aborto, se constituye en instancias de veeduría para asegurar que se cumpla la normativa vigente”, concluye la activista.

Más restricción = mayor inseguridad

El informe del Instituto Guttmacher del año 2017 evidencia que las legislaciones del aborto tienen relación directa con la seguridad/inseguridad de la práctica y, por ende, con el resguardo de la salud y la vida de quien decide interrumpir un embarazo. En los países menos restrictivos, el 87% de los abortos se realiza en contexto de seguridad, mientras que solo el 25% en los más restrictivos.

La tinta

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