Las sanciones están agravando aún más las consecuencias del terremoto en Venezuela

Más de 5 mil 200 personas han fallecido en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, y cerca de 17 mil 000 resultaron heridas, según los últimos informes del Gobierno. Los miles de sobrevivientes se enfrentan ahora a una crisis sanitaria, y 17,800 personas se han quedado sin hogar.

En un momento como este, los venezolanos y la comunidad internacional no deberían tener que luchar para poner fin a las sanciones que han destruido la economía del país y que obstaculizan su recuperación, ni para que Venezuela tenga acceso a los miles de millones de dólares en activos que le pertenecen. Pero nosotros sí, porque el papel de las sanciones y los activos congelados ha recibido muy poca atención del público.

De 2012 a 2020, Venezuela sufrió lo que probablemente sea la contracción económica más grave durante una depresión que ocurrió sin que hubiera una guerra. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran una caída de 74 por ciento de su PIB durante ese periodo.

Esto no fue un desastre natural como el terremoto, sino uno provocado por el hombre. Datos del FMI muestran que 88 por ciento de esta pérdida se produjo a raíz de las sanciones económicas de EEUU, que comenzaron en 2015. La destrucción se aceleró con las sanciones de Trump a partir de 2017, que aislaron al país de la mayor parte del financiamiento internacional y, posteriormente, de casi la totalidad de sus ingresos en divisas.

Como resultado, Venezuela ya se enfrentaba a una crisis humanitaria antes de que se produjeran los terremotos. Según datos de la Comisión Europea, antes de junio de 2026 habían 3.9 millones de personas (de una población de 28.5 millones) en necesidad de ayuda humanitaria. El 20 por ciento de los venezolanos se enfrentaba a una inseguridad alimentaria moderada, y alrededor de 26 por ciento de la población vivía en situación de pobreza.

Casi la mitad de los médicos de Venezuela, así como muchos profesionales sanitarios y otros trabajadores cualificados -entre ellos 200 mil docentes- abandonaron el país a medida que el bloqueo asediaba.

Un estudio del que fui coautor con Francisco Rodríguez y Silvio Rendón, cuyos resultados fueron publicados el pasado mes de julio en The Lancet Global Health, estimó que sanciones unilaterales amplias como estas -la gran mayoría impuestas por EEUU- provocan 364 mil muertes adicionales al año. Esta cifra es comparable al número de vidas perdidas a nivel mundial a consecuencia de los conflictos armados. Se calcula que la mayoría de estas muertes corresponden a niños menores de 5 años.

La tasa de mortalidad entre los venezolanos aumentó a lo largo de la crisis económica que sufrió Venezuela, con más de 80 mil muertes adicionales durante los años (2015-2020) en que el colapso económico coincidió con las sanciones.

Venezuela cuenta con recursos esenciales a los que no se le permite acceder. EEUU y Europa están impidiendo que el país disponga de más de 11 mil millones de dólares que, legalmente, pertenecen a Venezuela. Unos 4 mil millones de dólares se encuentran en el Banco de Inglaterra.

Hay alrededor de 4.5 mil millones de dólares en el FMI en forma de activos internacionales (denominados Derechos Especiales de Giro), parte correspondiente a Venezuela de una asignación realizada a los países miembros en 2021.

Trump mantiene retenidos miles de millones de dólares más, a pesar de un decreto ejecutivo que establece que estos fondos "constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela". Se trata de ingresos en efectivo procedentes de la venta del petróleo venezolano, cuyo control ha asumido la administración Trump.

Las Naciones Unidas estima ahora que la reconstrucción de Venezuela tras el terremoto costará unos 37 mil millones de dólares, lo que supone una suma enorme para este país, 33 por ciento de su PIB actual. Economistas y otros expertos han hecho un llamado para el levantamiento de las "sanciones económicas y financieras vigentes, la congelación de activos" y, mediante una condonación de la deuda, se elimine "la onerosa carga de la deuda" que pesa sobre Venezuela.

La medida más importante para salvar vidas en el futuro inmediato de la Venezuela posterremoto será lograr que los principales actores mundiales -EEUU junto con sus aliados europeos- dejen de bloquear el acceso a los miles de millones de dólares en activos de Venezuela. Además, que dejen de causar más daños y pérdidas de vidas humanas mediante sanciones económicas.

Cada año son más las personas, incluidos miembros del Congreso de EEUU, que reconocen la violencia económica, el castigo colectivo y las consecuencias letales humanas de estas sanciones, y que están oponiéndose a ellas.

Esta misma semana, 14 miembros del Congreso enviaron una carta a Trump en la que exigen "levantar estas restricciones injustificadas y contraproducentes" para permitir que Venezuela se reconstruya sin obstáculos.

A medida que se conozca más ampliamente la ilegalidad y el costo humano de estas sanciones, el gobierno de EEUU debería verse cada vez más obligado a abandonarlas. Pero no lo hará.

cepr.net