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31/07/2008 :: Argentina

Los derechos humanos en Paraguay

x Red Eco Alternativo
La Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay en Buenos Aires dará a conocer un informe del Estado guaraní sobre las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en ese país.

Ciudad de Buenos Aires
En la tarde del miércoles 23 de julio, la sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue, una vez más, espacio propicio para expresar la solidaridad y unidad militante de quienes pelean por la vigencia de los derechos humanos en distintos rincones de Nuestra América.
Con la organización de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos residentes en Buenos Aires y la presencia de representantes políticos y profesionales de la LADH, miembros de la Dirección Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos y sobrevivientes de la larga dictadura del genocida Alfredo Stroessner en el Paraguay, se pudo escuchar a los representantes de la Comisión Verdad y Justicia de ese país, quienes están prontos a hacer público el informe encomendado por el Estado guaraní que da cuenta de las violaciones de derechos humanos y crímenes de toda índole cometidos no solo por ese gobierno dictatorial, sino por varios de los "democráticos" que le siguieron.
Realzando una tradición militante en torno a la solidaridad de la institución con el pueblo paraguayo, la Presidenta de la Liga, Graciela Rosenblum, dio la bienvenida al Embajador Mario Sandoval y al abogado Carlos Portillo, representantes del Estado y de la Sociedad Civil respectivamente, en la comisión oficial creada por Paraguay para que se investiguen los crímenes de Estado de toda índole cometidos entre 1954 y 2003 en ese país.
En su presentación, Rosenblum no omitió la mención al caso de los seis dirigentes campesinos de nacionalidad paraguaya presos desde hace más de dos años en nuestro país en virtud de un reclamo de fiscales paraguayos quienes les imputan estar vinculados al secuestro y asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas Grau.
El caso, de gran notoriedad, ha puesto a ojos de todos en la región la complicidad de los elementos del Poder Judicial paraguayo con el poder económico y político más concentrado –del recientemente derrotado en elecciones Partido Colorado -. Asimismo, en los hechos se ha comprobado no solo la no vinculación de los dirigentes del Partido Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular acusados con el crimen (esto expresado aún por el juez paraguayo Pedro Mayor Martínez), sino que la acusación no es más que parte de la persecución hacia la izquierda y los sectores progresistas encarada sin cuartel por los sectores de la burguesía paraguaya.
El primero en hablar luego de las presentaciones de rigor fue el diplomático de carrera Mario Sandoval quien intentó hacer un paralelismo entre la iniciativa lanzada por el Estado paraguayo y antecedentes latinoamericanos al respecto como lo fueron la Conadep en la Argentina y similares en Chile y Perú.
Al respecto, señaló como importante el hecho de que en el caso paraguayo no se haya expresado lo que sí ocurrió en el Perú donde terminó consagrándose como violación de derechos humanos lo actuado por agrupaciones políticas civiles participantes de la lucha armada.
Por su parte, el abogado de derechos humanos Carlos Portillo remarcó la importancia de analizar los crímenes de la dictadura no sólo a la luz de las violaciones a los más elementales derechos, tales como la vida y la integridad física de las personas –brutal práctica generalizada en todas las dictaduras de la época- sino también en relación a los efectos actuales de esas violaciones de derechos humanos.
A sus aspectos políticos y psicológicos en toda la población, por ejemplo en el retaceo al derecho a la identidad cuando el terror sembrado, implicaba la negación de la identidad étnica o política en las relaciones sociales de la mayoría de la población.
A poco menos de un mes para que en el Paraguay asuma la presidencia el Obispo Fernando Lugo, quien al frente de una amplia y heterogénea alianza electoral finalmente derrotara después de más de cincuenta años de poder al Partido Colorado en el Paraguay, el informe anunciado implica, aunque tarde, la voluntad soberana de ese país de revisar los años más brutales de su historia reciente.

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