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15/09/2013 :: Mundo

Campesinos cortan rutas para resistir a la militarización de Paraguay

x Otramérica

La MCNOC [Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas] reclama medidas para salvar al agro paraguayo pero también protestan contra la militarización y la criminalización de la lucha social. De hecho, señalaron que se han producido detenciones de varios militantes que luchan por la tierra, acusados de tener vínculo con el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Elvio Benítez, concejal municipal en San Pedro, aseguraba ayer que “lo que mata es el hambre, no el grupo armado”.

El lunes, antes de comenzar la protesta, se reunieron decenas de representantes de organizaciones y comunidades de San Pedro, Concepción y Amambay, los tres departamentos militarizados con la disculpa de combatir al EPP.

Salomón Ruiz, uno de los líderes de la MCNOC llamó también a frenar el avance de lo que denominó agricultura genocida empresarial con la liquidación de las siembras familiares y anunció se ejecutarán como protesta ocupaciones de terrenos de grandes latifundistas.

El problema de fondo

El Gobierno y las fuerzas de seguridad de Paraguay insisten en que la militarización del norte del país es indispensable y presentan al EPP como una fuerza agresiva que tiene control sobre la zona. De hecho, el Gobierno de Horacio Cartes ha dado un giro en el tratamiento del EPP al calificarlo oficialmente como guerrilla. El presidente envió urgentemente al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 1337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. En su exposición, plantea agregar un inciso al artículo 56 de esa ley con un texto que pretende perseguir las acciones del EPP como terrorismo: “En los casos calificados como terrorismo, de conformidad a la Ley Nº 4024/10 que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación Terrorista y financiamiento del terrorismo”.

Pero hay otra realidad oculta. Clyde Soto lo ha señalado en un artículo publicado por EA. Feminista y activista de derechos humanos, investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y representante institucional ante la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Soto asegura que hay “un patrón represivo irrespetuoso de los derechos humanos” promocionado por el Estado.

Ese patrón pasa por la “identificación (y, a veces, generación) de un enemigo”, “instalación de un argumentario que justifique la represión”, “deshumanización y demonización de las eventuales víctimas del patrón represivo” y “desactivación de la capacidad de defensa ante las violaciones”. En el caso de Paraguay hay que sumar la “invisibilidad” informativa mundial sobre lo que allá acontece. “El proceso de militarización de la seguridad interna en el Paraguay anda siguiendo los caminos de este circuito, por demás conocido en este país donde una larga dictadura nos enseñó en la propia piel lo que significa vivir bajo un autoritarismo represivo. Dictadura que dejó huellas potentes y muy actuales en mentalidades sujetas a los supuestos de este sistema autoritario”, explica Soto.

La activista también denuncia como la élite mediática está haciendo el trabajo sucio de señalar a los defensores de derechos humanos como enemigos: “el editorial de ABC Color del 1 de septiembre de 2013, digno de la más rancia escuela represora de cuño stronista, debe ser entendido como un importante ejemplo de este tipo de discurso. La mención explícita de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), de su secretario ejecutivo Enrique Gauto, del Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) y del activista Abel Irala, a más de organizaciones y actores políticos, son veladas amenazas que se ciernen sobre el conjunto de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos del Paraguay”.

Clyde Soto anuncia que Paraguay está volviendo a lo “más profundo del pozo autoritario".

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