Masiva protesta contra el régimen de Bukele y sus políticas neoliberales en El Salvador

En el marco de las manifestaciones celebradas para conmemorar los 200 años de independencia de la corona española en los países centroamericanos, los salvadoreños asistieron el miércoles a unas multitudinarias protestas, organizadas por la sociedad civil, para expresar su descontento por la concentración del poder en el Ejecutivo, las medidas económicas como el cambio de la moneda de curso legal en Bitcóin, la alta inflación, los despidos masivos, el alto endeudamiento, las negociaciones del Gobierno y las pandillas, la reelección presidencial y la destitución de cientos de jueces.

Los manifestantes pegaron carteles contra el Bitcóin y Bukele en los cajeros instalados por el Gobierno recientemente y prendieron fuego, junto con el inmobiliario, uno ubicado en la plaza Gerardo Barrios, en San Salvador, la capital.

Movimientos sociales, miembros de las comunidades indígenas y jueces del país, las organizaciones estudiantiles y colectivos feministas también participaron en las marchas que tuvieron lugar en el mismo día en el que el Gobierno anunció su decisión de presentar en la Asamblea Legislativa un amplio pliego de reformas a la Constitución. 

La polémica creció en El Salvador después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitiera un fallo en el que habilita que el presidente en ejercicio pueda competir por su reelección, con lo que Nayib Bukele podría buscar un segundo período en 2024, a pesar de estar expresamente prohibido por la Constitución.

Los magistrados que reinterpretaron la Constitución fueron nombrados el pasado primero de mayo por el presidente, luego de que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyera ilegalmente a los cinco magistrados que la conformaban.

La decisión vino como la gota que colmó el vaso de la paciencia de los ciudadanos, pues consideran la medida como la consolidación de una dictadura. La oposición, por su parte, denuncia que el oficialismo ni siquiera quiso conseguir sus aspiraciones a través de reformas constitucionales.

Lo que les preocupa a los organismos internacionales de DDHH no es que un presidente busque la reelección, sino la conducta de un mandatario que, según afirman, está anulando la separación de poderes en el país centroamericano.