Ordenan extradición de activista machetero en Puerto Rico

Pese a que el presunto machetero Avelino González Claudio pidió que se le juzgue en Puerto Rico y se describió como un "prisionero político", el magistrado federal Marcos López ordenó hoy, lunes, su extradición a Hartford, Connecticut, en un procedimiento judicial viciado por todos los costados.

Además de denunciar la parcialidad del juez, la defensa de González Claudio también denunció ante el togado que su cliente está recibiendo "trato inhumano" en la cárcel federal porque se le mantiene en una celda en la que se le selló la única ventana con una plancha de metal para impedirle ver la luz del día.

La portavoz del Centro Metropolitano de Detenciones en Guaynabo, Migdalia Torres, aseguró en una carta, sin sonrojarse, que en el penal "se están reparando algunas de las celdas y que esos trabajos pueden requerir que se tapen sus ventanas temporalmente."

Y negó que González Claudio reciba un trato especialmente duro o diferente al de los demás reclusos. "El tratamiento al reo González Claudio no es diferente al que recibe cualquier otro recluso en espera de juicio y con las mismas necesidades de seguridad", aseguró Torres en la misiva. Esto a pesar de las denuncias que se han puesto sobre el maltrato que recibe este y otros presos macheteros.

El acusado fue arrestado la semana pasada por supuestamente participar en el robo de 7 millones de dólares de un camión blindado de la compañía de transporte de valores Wells Fargo en Hartford, Connecticut, el 12 de septiembre de 1983.

González Claudio aceptó el lunes que responde a ese nombre, aunque a través de su representación legal dejó establecido que no reconoce la autoridad de la corte estadounidense en la Isla para extraditarlo.

"Avelino González Claudio no niega su identidad. Este ciudadano puertorriqueño frente a usted es Avelino González Claudio", dijo el licenciado Juan Ramón Acevedo Cruz, principal abogado de defensa del supuesto miembro del Ejército Popular Boricua-Los Macheteros, al magistrado López.

"En cuanto al asunto de la extradición, nosotros vigorosamente objetamos cualquier intento del gobierno de Estados Unidos de remover a González Claudio de su isla de Puerto Rico", agregó el letrado en la vista de identificación del acusado.

Según Acevedo, como prisionero político, González Claudio reclama su potestad, al amparo del derecho internacional, de permanecer en su tierra natal. El abogado reclamó, además, que el gobierno estadounidense cumpla con la Resolución 1514 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que declara el colonialismo como "la negación de un derecho humano fundamental".

"Desde 1972, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas ha reconocido el derecho inalienable de los puertorriqueños a la autodeterminación y la independencia de acuerdo con la Resolución 1514", agregó el abogado citando la resolución.

La defensa también solicitó una vista de fianza, que fue señalada por el magistrado para el 21 de febrero a la 1:30 de la tarde. La fiscalía federal, sin embargo, pidió (y logró, dada la evidente parcialidad del tribunal) que González Claudio permanezca encarcelado en la institución federal de Guaynabo por considerarlo un "riesgo de fuga" y "un peligro para la comunidad" porque usó nombres falsos por 22 años y por la naturaleza de los delitos que se le imputan.

Sobre la denuncia de trato inhumano, el magistrado dijo que eso no sería jurisdicción de "su" corte. Ante los reclamos del abogado para poder ver a González Claudio en un cuarto de visitas de la cárcel y no en un salón de conferencias donde no tiene privacidad, y para que se le quiten las esposas y pueda firmar documentos, el magistrado le respondió que hiciera los arreglos pertinentes con el Negociado federal de Prisiones. Le indicó que si la situación persiste entonces el tribunal "podría llegar" a intervenir.

Mientras la vista se llevaba a cabo, frente al edificio federal en Hato Rey hubo una protesta de organizaciones independentistas donde participaron cientos de personas.

"Esta corte representa los intereses del imperio y van a seguir fielmente la orden de Washington, pero vamos a dar todas la batallas legales para que se quede aquí", expresó Osvaldo González Claudio, hermano del acusado.