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Mundo, Mundo :: 22/06/2025

Panamá: "Peor que cuando la dictadura militar"

Giorgio Trucchi
Dirigentes magisteriales analizan la difícil situación que vive el país. Uno de los perseguidos se exilió en Nicaragua. Régimen decreta estado de urgencia

Luis Sánchez y Diógenes Sánchez son dirigentes magisteriales de AEVE y ASOPROF. La Rel conversó con ellos sobre la delicada situación que atraviesa el país y la creciente represión gubernamental.

“Llevamos dos meses de incesante protesta que involucra a diferentes sectores de nuestra sociedad, y son dos meses de huelga indefinida del magisterio por la derogatoria de la Ley 462.

Gozamos de bastante apoyo popular y tal vez sea por eso que el gobierno ha comenzado a subir la intensidad de la represión”, dijo Luis Sánchez, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE).

Las movilizaciones que se desarrollan en varios puntos del país enfrentan la reforma del sistema de seguridad social y de pensiones, la reapertura de la mina Cobre Panamá, los reservorios multipropósitos del canal interoceánico y contra el acuerdo de mutuo entendimiento con los Estados Unidos.

“El gobierno pretende descabezar el movimiento criminalizando y judicializando a los dirigentes, reteniendo los salarios de los educadores en huelga, amenazándolos con despedirlos.

La verdad es que nos estamos enfrentando a una dictadura vestida de civil, que goza del apoyo de los Estados Unidos y que se vuelve cada vez más represiva”, agregó.

Intransigencia y represión

Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), compartió con su colega la preocupación por la creciente intransigencia gubernamental.

“El gobierno ya ha dicho que no va a dialogar. Nos enfrentamos a una policía militarizada y nos preocupa la sangre que ya se ha derramado y la que tememos pueda derramarse en las próximas semanas”, alertó el dirigente magisterial.

“Aquí ─continuó Diógenes Sánchez─ las libertades democráticas han sido pisoteadas, no hay independencia judicial y se están criminalizando a todos aquellos que tienen una voz disidente. La democracia está entredicha en Panamá”, manifestó.

Pese a las grandes dificultades, el secretario general de AEVE asegura que la lucha no va a parar.

“Vivimos una situación que es hasta peor que durante la dictadura militar. Sin embargo, estamos dispuestos a resistir. Tenemos el apoyo de un pueblo que se ha mostrado solidario y esperamos que el mundo, también a través de esta nota, se entere y se solidarice con este gran movimiento”, concluyó.

Últimos eventos

El domingo pasado, los dirigentes indígenas Ngäbe-Buglé del mayor sindicato bananero de Panamá, el Sitraibana, fueron detenidos —entre ellos el secretario general Francisco Smith— y encarcelados, después de que Chiquita Panamá despidiera a casi 5000 trabajadores que se habían declarado en huelga contra los efectos de la ley 462 sobre su sistema de pensiones.

La detención se produjo cobardemente después de que el Sitraibana firmara acuerdos con el Gobierno y el Parlamento. Francisco Smith y Gilberto Guerra fueron condenados a seis meses de prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Siguen produciéndose enfrentamientos violentos en varios puntos del territorio indígena. Más de 20 personas afiliadas a Sitraibana fueron detenidas y ya hay varios heridos.

También fueron detenidos dirigentes sindicales del sector educativo, mientras que la ministra de Educación, Lucy Molinar, amenazó con tomar medidas contra los trabajadores y trabajadoras, que van desde represalias económicas, suspensiones e incluso despidos.

Genaro López, secretario general del Suntracs (sindicato de la construcción), también se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que Saúl Méndez, presidente de la misma organización, ha solicitado asilo político a Bolivia y se encuentra en la embajada boliviana en Panamá.

Un tercer dirigente, Erasmo Cerrud, ha solicitado asilo en Nicaragua y se le ha concedido.

Rel-Uita

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Panamá decreta estado de urgencia en una provincia por protestas

actualidad-rt.com

El régimen panameño declaró el estado de urgencia por cinco días en la provincia de Bocas del Toro en medio de las manifestaciones en contra de la reforma neoliberal del seguro social. La decisión prevé la suspensión de garantías constitucionales.

 

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