Quebracho: La Justicia selectiva para la Impunidad infinita

El pasado 27 de abril, a pocos días de haberse cumplido 3 años del asesinato de Carlos Fuentealba, comenzó el juicio oral y público a 14 compañeros de Quebracho, quiénes están acusados de “resistencia a la autoridad, daños, incendio y atentado”.

En realidad los compañeros fueron reprimidos y encarcelados el 5 de abril de 2007, luego del escrache realizado por varias organizaciones al local de Sobich, en repudio al cobarde asesinato del docente neuquino, perpetrado por el policía provincial Poblete el 4 de abril de 2007 durante una manifestación de los trabajadores de la educación, mientras cortaban la ruta 22 a la altura de la localidad de Arroyito. Represión ordenada por el entonces gobernador Sobich para desarticular la protesta, y una vez más ejemplificar mediante el miedo y la muerte a los que se atreven a no acatar mansamente, sino que se levantan y luchan dignamente por lo que les corresponde.

No es nuevo ver como se acelera, por un lado las causas que criminalizan a los luchadores populares, en este caso a los compañeros de Quebracho, y por el otro no se mueve un pelo para demostrar la responsabilidad política, tanto a nivel provincial como nacional, de quienes ordenaron éste u otros operativos represivos con igual barbarie. Y cuando se logra juzgar a los que usan a la fuerza del Estado para meter bala, se encarcela solo al asesino material, para usarlo como chivo expiatorio, y así encubrir al verdadero responsable político de los lamentables hechos ocurridos.

Algo muy parecido sucedió con el caso de Darío y Maxi, cuando el 9 de enero de 2006 culminó el juicio a los actores materiales (Fanchiotti, Acosta, Vega), con condenas a cadena perpetua por asesinar a sangre fría a los compañeros manifestantes. En el transcurso de aquel juicio, el senador en ejercicio de la presidencia Eduardo Duhalde, como el entonces secretario de Seguridad de la Nación Juan José Álvarez, y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, fueron excusados de prestar declaración. A cuatro años de aquella chicana jurídica elaborada desde el duhaldismo, ninguno de ellos tiene motivos para estar preocupado ante una causa en la que no hubo voluntad real de investigar “hasta las últimas consecuencias”. Hoy, Atanasof es representante del país ante el MERCOSUR; Duhalde vuelve a mostrarse como un político en plena actividad, y su secretario de entonces, José Pampuro (también mencionado en la causa) es un encumbrado referente del gobierno actual.

Mientras la “justicia” argentina muestra gran eficiencia y velocidad para condenar a los que luchan, lleva adelante juicios a cuentagotas y parcializados contra los genocidas. Al día de hoy solo 70 represores fueron condenados desde que se reanudaron los juicios. Y aunque otros tantos estén siendo juzgados en todo el país, y 634 más ya están procesados, es imprescindible señalar que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa y cargo, que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años, y que todos los condenados y todos los procesados lo están por un número de víctimas mucho menor al que les corresponde, que continúan existiendo cárceles de lujo, y que muchos de los procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria.

Pero lo más alarmante es que a casi 7 años de anuladas las leyes de impunidad, la cantidad de procesados es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas 1 represor por campo. Como si tan sólo esa ínfima cifra de genocidas pudiera ser responsable de la maquinaria de Terror que instauraron desde 1974.

Por otro lado, cientos de causas por delitos de lesa humanidad están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas y no quieren ni juzgarlos ni condenarlos. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.

Mientras en La Plata asistimos al juzgamiento de sólo 14 represores de la Unidad 9, cárcel que funcionaba en dictadura en coordinación con el resto de los Centros Clandestinos de Detención del denominado “Circuito Camps”, causa que es vociferada por muchos medios masivos porque entre los ex detenidos hay dirigentes cercanos al kirchnerismo, la huelga de hambre iniciada en marzo pasado por internos del mismo penal en reclamo de las más básicas condiciones de dignidad humana es reprimida, silenciada y ninguneada para encubrir los chanchuyos de ese otro brazo armado de “La Bonaerense” que es su Servicio Penitenciario. Y la causa de Unidad 9, lugar donde estuvo detenido y sufrió a los verdugos Jorge Julio López entre abril del ’77 y junio del ’79, no lo toma como caso porque investiga otros hechos igual de aberrantes.

En contraste, en todas las cárceles del país el 70 % de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y sin alternativas de reinserción social.

Así es como el sistema crea pobres, el gobierno mediante el aparato represivo, usado como brazo armado del Estado, cumple a rajatabla su función de garantizar el orden establecido violando sistemáticamente los Derechos Humanos más elementales. Muestra de esto es que, según informes de organismos como Correpi, miles de chicos siguen siendo asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención, mueren fusilados por el gatillo fácil o desaparecen a manos de las fuerzas de “seguridad”. Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno de los Kirchner mató con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, a más de 1.323 personas. Esto quiere decir que el aparato represivo estatal mató una persona cada 28 horas. Más de 20 por mes. Y el 53% del total tenía menos de 25 años.

Esta es la verdadera “justicia” que reina en Argentina: la que se supone que debe ser de orden igualitario y común a todos los hombres y mujeres del territorio, no es más que una justicia burguesa y recortada, muy eficaz para los de abajo y para los que luchan y resisten, pero muy lenta o generalmente inexistente para los poderosos de siempre, que no son más que los que mantienen al pueblo en condiciones de hambre y opresión.

Vemos ejemplificado en este caso de judicialización a los compañeros de Quebracho la firme imposición de distintos sectores del gobierno y del poder judicial de querer golpear a las organizaciones populares que no se venden y no son serviles a las garras de los gobiernos de turno. Por eso decimos que estas son todas distintas caras de la misma IMPUNIDAD que continúa y se reproduce día a día.