lahaine.org

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cD8g

convertir a:
Convertir a ePub  ePub        Convertir a pdf  pdf

  tamaño texto

  enviar          imprimir


traductor

26/06/2019 :: Argentina, Argentina

Se apagan la luz, el trabajo y el salario: no estamos bloqueados, pero parece

x Mario Hernández
Panorama político y sindical

Una familia tipo compuesta por un matrimonio y dos hijos pequeños necesitó en mayo $ 30.337,84 para no caer debajo de la línea de pobreza. Ese es el monto estimado para un conjunto de bienes y servicios que cubra sus mínimas necesidades. El valor de esa canasta básica total (CBT) subió 2,9% con relación al mes anterior y 61,1% con respecto a un año atrás. El dato fue publicado el martes pasado por el Indec.

El número es preocupante porque cerca de la mitad de los trabajadores registrados en el sector privado (franja que se supone es el empleo de mayor calidad, ya que no están en negro ni dependen del Estado) tiene dificultades para superar ese monto. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo en marzo la mediana (el valor que corresponde al individuo que está justo en la mitad de la serie analizada) era de $ 31.093, apenas por encima de la línea de pobreza actualizada.

De la misma manera, en mayo la línea de indigencia para una familia tipo quedó en $ 12.086,78. Ese es el costo de los bienes considerados imprescindibles para cumplir las necesidades alimentarias de sus integrantes.

En la Ciudad de Buenos Aires, una familia necesita para llegar a fin de mes $ 74.000, según el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC).

La tasa de desocupación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos superó los dos dígitos. Se ubicó en el 10,1% representando 1.961.840 desocupados, cifra que implica que en un año hay 211.800 nuevos desempleados. Pero dadas las características que presenta el mercado laboral argentino, al observar los denominados “ocupados demandantes”, la tasa sube en un año de 15,3% a 17,5%, es decir, que hay una desocupación encubierta de 477.695 personas más. Los datos surgen de un reciente estudio realizado por el IPyPP, que sintetiza: “En concreto, sumando la desocupación abierta y la encubierta en un año se agregaron a la búsqueda de empleo 689.495 personas más totalizando casi 5,4 millones de personas buscando trabajo”.

“Durante todo el período de Macri de cada diez puestos de trabajo generados 5 son cuentapropistas y 4 trabajadores clandestinos o no registrados”, asegura el texto.

Este nivel verificado de la desocupación abierta es el más elevado de los últimos doce años, sólo empatado en el también recesivo año 2014, cuando la economía, y especialmente la actividad industrial, comenzaban una trayectoria de retroceso.

El relevamiento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas concluye que “el año 2018 fue protagonista del mayor deterioro experimentado en los últimos años. Así, la pobreza e indigencia trepó al 36% a finales del año pasado en el marco de una caída en el nivel de actividad del 7% mientras la industria sufrió un achicamiento aún más drástico, del -14,9%”.

Para Claudio Lozano, “el salto vivido en materia de pobreza durante el último año equipara lo ocurrido entre octubre del 2000 y octubre del 2001”, es decir, en el año previo a la debacle del 2001.

Entre los jóvenes, la situación laboral es peor: la tasa de desempleo en las mujeres de entre 14 y 29 años se ubicó en un 23,1 %, 2,2 puntos más que un año atrás, mientras que entre los varones del mismo rango etario el desempleo es de 18,5 %, 3,2 puntos más que doce meses atrás.

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, casi dos de cada diez jóvenes están desempleados. La tasa de desempleo en los jóvenes duplica a la de la población adulta en general. La Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región.

El desempleo más elevado se da en comercio (18,3%), a partir del cierre de negocios ante el congelamiento del consumo por la pérdida de poder adquisitivo, seguido por el conglomerado industrial (11,3%), guarismo que se repite en el sector de los servicios financieros y alquiler, donde repercute el cierre de inmobiliarias. En la construcción, el índice de desempleo se mantuvo en 8,6 %, igual que el registro de un año atrás.

El Gran Buenos Aires (11,1%) y la región pampeana (sur del país, 10,2%) lideraron los niveles de desempleo dentro del relevamiento de los 31 aglomerados urbanos. En el Conurbano de Buenos Aires (la zona de mayor población económicamente activa, de 5.743.000 personas), el desempleo alcanzó 12,3 %, equivalente a 705.000 ciudadanos sin trabajo.

Hugo Yasky, líder de la (CTA), señaló como una “regresión social” volver a tener estos índices de desocupación, y al respecto confirmó que «el miércoles próximo vamos a hacer una conferencia de prensa con legisladores y representantes del movimiento sindical para anunciar que se va a presentar el Proyecto “de emergencia pública” para sancionar la Ley anti despidos”.

Dicha presentación será en términos similares a los que existían a principios de los años 2000, y estaría basada en un pedido de “prohibición de despidos, medidas para sostener el empleo con líneas de crédito accesibles para PyMes y la posibilidad de una doble indemnización para aquellos despidos que resultaran inevitables.”

En el 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la ley que “prohibía los despidos o suspensiones, sin justa causa, por 180 días”, fue vetada por el Presidente bajo el argumento de que la ley “atenta contra la generación de empleo” y con la promesa de crear “empleo genuino”, cosa que no sucedió y que los números del INDEC confirman.

Un estudio privado reveló que el 2019 cerrará con un desempleo del 12%.   De acuerdo a un relevamiento de la consultora Radar, hacia fin de año comenzará a notarse un incremento del desempleo producto del ingreso de trabajadores al mercado laboral y fundamentalmente la «continuidad» de la destrucción de empleos producto de la crisis económica que atraviesa el país.

En ese sentido, a fin de 2019 se estima que más de 2.600.000 personas estarán desocupadas frente a los 1.900.000 desocupados que se registró un año antes.  

“Hoy cinco amigos de Macri pueden apagar la luz de toda la Argentina”. Así señaló en diálogo por Radio Argentina al histórico apagón sufrido el domingo pasado el secretario general del personal superior de empresas de energía, (APSEE), Carlos Minucci.

En ese sentido argumentó que cuando los capitales son privados “se priorizan las ganancias y no los usuarios” razón básica por la que “50 millones de personas pueden quedarse sin luz de repente como sucedió días atrás, por ahorro en personal y materiales”.

“Despiden a la gente que sabe y toman nueva”, apuntó. “Si hay un problema en Lanús tiene que venir una cuadrilla desde Quilmes porque no hay una más cerca para ahorrar una sucursal. Esa es la nueva y triste realidad”, dijo Minucci, quien ironizó “si seguimos así vamos a necesitar una fábrica de velas”.

Minucci responsabilizó a la “soberbia, impericia, y ceguera que tiene este gobierno en atender todo lo que es público”. “Ni siquiera han explicado lo que sucedió”. Seguramente “están buscando culpables, cuando los culpables son ellos”.

En ese sentido señaló que fue fácil de saber la razón, simplemente dialogando con los trabajadores. “Lo que pasó fue que desde Yaciretá habitualmente salen tres líneas de energía, pero una de ellas fue sacada de servicio. El sistema siguió funcionando, pero recargado sobre las otras dos. La línea que salió de servicio fue para cambiar una torre que estaba adentro del Río de la Plata que finalmente no se cambió porque según esta administración es más económico importar energía desde Brasil”.

El domingo 16 de junio, desde Brasil a las 7 de la mañana dispararon más megas de lo que la línea resiste, la línea se descompensó y se descompaginaron todas las líneas de cables y terminaron cayendo una a una y logrando generación cero de energía que dio como resultado el apagón”.

Respecto a que no volverá a suceder Minucci desmintió al secretario de Energía, Mario Quintana. Por el contrario, el sindicalista afirmó que “si no hay inversión ni control volverá a pasar” y agregó: “cada vez que llueve se inundan las cámaras, hay gente durmiendo adentro, cables quemados, cortocircuitos, los problemas son complejos”.

En ese sentido Minucci insistió en que, en la intención de ahorrar se han perdido cuadrillas que hacían trabajo preventivo, correctivo. “Ahora el sistema está en manos de nadie”, dijo irónicamente, pues al mismo tiempo confirmó que Transener, el tubo que transporta toda la energía en la Argentina está (en un 50%) en manos de Marcelo Midlin, uno de los amigos de Macri que también tiene Edenor y la Central Barragán, entre otras centrales de energía, al mismo tiempo que afirmó que “Caputo (Nicolás) también es dueño de parte del sistema energético nacional”.

La semana pasada Cambiemos continuó con la política de entregar en manos privadas la generación y distribución de energía, cuando en la práctica no existieron resultados concretos para que el servicio mejore ni se abarate. En esta ocasión, la empresa estatal Integración Energética Argentina transfirió el control de la central termoeléctrica Brigadier López, en la provincia de Santa Fe, a la compañía Central Puerto, cuyo uno de sus accionistas es el mencionado Nicolás Caputo.

Vale recordar que Central Puerto tiene una participación del 11,4% en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), porcentaje que se eleva al 15% si se considera sólo la generación térmica. Si bien durante la gestión de Mauricio Macri siguió sumando proyectos a esta línea, también desembarcó recientemente en la generación eólica, adquiriendo siete parques que al momento están en ejecución.

Hay todo un sistema de corrupción estatal y de negocios entre amigos que se incrementó con el gobierno de los CEOs, ya que también muchos de los que fueron gerentes de las empresas privadas hoy son funcionarios del Estado. El propio armador del traspaso de Edenor y Edesur de Nación a CABA y Prov. de Buenos Aires, Juan Antonio Garade, secretario de Recursos Renovables, fue ejecutivo de Edenor de 1992 a 1998 y de Edesur del 2001 al 2012. Uno de sus predecesores en el área de energía del Gobierno fue Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y empleado estrella de la firma anglo holandesa durante décadas.

A pesar de los tarifazos que destruyeron el poder adquisitivo de los trabajadores, el mega apagón que sufrió el país dejó en evidencia la impericia de la política energética de Cambiemos. Los cortes de luz aumentaron casi un 60% durante la gestión de Mauricio Macri. Según un informe del Cepis, en los últimos 12 meses, 3.570.854 usuarios sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.  De esta manera, el promedio diario de usuarios de las empresas Edenor y Edesur sin suministro aumentó un 59%, al pasar de 83.093 en 2016 a 132.254 a principios de 2019.

Sin embargo, e n el mismo período y por las fuertes subas de los precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018. La demanda total registrada por la distribuidora y comercializadora Edenor cayó en el sector residencial un 18%, mientras que la caída registrada por Edesur ha sido del 19%, según Cepis.

Además, en el marco de las exigencias del FMI, sacaron de la órbita de Nación el control sobre Edenor y Edesur, con el plus de la condonación de una deuda de $ 7.000 millones que irían a una supuesta inversión en atención al cliente en vez de volver a los usuarios.

Según lo firmado en la concesión original, esta cifra debía ser distribuida entre los usuarios a modo de compensación por las fallas en el suministro. De haberse hecho, le correspondería un aproximado de $ 1.692 a cada usuario de Edesur y $ 2.565 para los usuarios de Edenor. Pero en vez de que se cumpla con esta pauta, van a pasar esa cifra como inversiones a realizar en la mejora de atención al público, con un plazo de aplicación de 5 años.

El discurso de las empresas era que el congelamiento de tarifas que habían sufrido las afectaba en sus ganancias y cotización en Bolsa, y por este supuesto se habilitaban los préstamos y subsidios. A pesar de que con los últimos aumentos de tarifas sus ganancias crecieron, no saldaron las deudas, e incluso las refinanciaron y se les permitió comprar sus propias acciones, elevando en parte su valor.

Edenor en su balance oficial reconoce que sus ingresos aumentaron en un 240 %. Hablamos de valores que superan los $ 3.250 millones de ganancias; lograron así una re-categorización positiva de sus acciones en la Bolsa. Edesur, por su parte, con un margen de aumento del 200% en sus ingresos, registra una ganancias de $ 3.087 millones.

Las empresas se quejan de un congelamiento de tarifas durante unos años, pero nada dicen de los subsidios abultados que recibían. Nunca se les pidió una rendición de cuentas que explique dónde fueron a parar los millones que recibieron, o dónde están las supuestas inversiones que realizaron.

El traspaso pone en riesgo también más de 400 puestos de trabajos del ENRE. Según señala un comunicado de la Junta Interna de ATE: “De parte de las autoridades locales existe una ausencia total de precisiones sobre la futura implementación del traspaso de jurisdicción y sobre cómo se integrará el nuevo Ente Metropolitano de Servicios Eléctricos (EMSE) que deberá controlar a EDESUR y EDENOR.

Esta falta de precisiones resulta preocupante a más de un mes de la firma del acuerdo de traspaso y a pocas semanas de su implementación. A su vez, implica un serio riesgo para el adecuado funcionamiento del nuevo Ente y la defensa de los derechos de los usuarios.

Consideramos esencial que en todo el proceso de traspaso de jurisdicción se respete tanto la estabilidad laboral de quienes desde hace varios años nos desempeñamos en el control de EDESUR y EDENOR, como la “necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios” que prescribe el artículo 42 de la Constitución Nacional. Solo de esta manera el nuevo Ente Metropolitano velará desde el primer día por una protección integral y efectiva de los derechos de los usuarios.

Por estas razones, desde la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) del ENRE mantenemos el estado de Alerta y Movilización y no descartamos nuevas medidas de fuerza en el futuro inmediato hasta lograr que se garanticen todos los puestos de trabajo”.

El INTI tenía un programa que podía evitar el apagón, pero el gobierno lo vació

En la edición del domingo 23 de junio Alfonso de Villalobos publicó en Tiempo Argentino que: “El domingo 16 de junio se produjo el apagón más importante en la historia del país. Cincuenta millones de usuarios quedaron sin servicio en cuatro países.

Poco más de 500 días antes, el 26 de enero de 2018, 266 trabajadores del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) recibían un telegrama de despido. Entre ellos había decenas de profesionales y técnicos encargados de desarrollar programas de vanguardia para su aplicación en la producción industrial nacional y para la certificación de productos importados.

Entre ellos se encontraba Luciano Domínguez Pose, un joven ingeniero electrónico de 36 años, recibido en la Universidad de Buenos Aires y que había ingresado como becario en 2011. Dos años después fue contratado para encabezar el desarrollo del proyecto denominado «sistema de medición fasorial orientado al desarrollo de redes inteligentes». Ese programa, que comenzó en 2014, contaba con un financiamiento de $ 20 millones provenientes del Fondo Argentino Sectorial (FonArSec) para un período de tres años y estaba desarrollado en un 70% cuando fue despedido.

Domínguez Pose, «Lolo», como lo conocen en el INTI, adonde volvió como resultado de un fallo judicial de reinstalación por ser delegado gremial de su sector, se graduó en la UBA en 2015 luego de obtener una calificación de 10 puntos en su tesis «Estudio, desarrollo e implementación de un sistema de calibración para PMUs» referida a los desarrollos que, a la vez, investigaba en el INTI.

El tema de los apagones le había llamado la atención a partir de lo ocurrido en 2003 en Estados Unidos, cuando un inmenso corte de energía dejó sin electricidad a 60 millones de usuarios y produjo la muerte de once personas. El gobierno estadounidense decidió avanzar en el desarrollo de una nueva tecnología para la observación y el control de las redes eléctricas de alta y media tensión, con un monitoreo sincronizado a través de tecnología GPS. Ese era el contenido del programa que, con el despido de Domínguez Pose, se discontinuó definitivamente luego de padecer el corte de fondos.

Ese programa podría haber sido puesto a disposición de las compañías de generación, distribución y transporte eléctrico para la medición en tiempo casi real de fallas de esa naturaleza, anticiparse a ellas y tomar las medidas necesarias para evitar los apagones masivos. Según Domínguez Pose, «dependiendo de los recursos, en un año, hubiera podido ser implementado en todo el país».

[…] Domínguez Pose explicó que las autoridades «están observando al sistema eléctrico con un mecanismo obsoleto». «No disponen, porque no quieren, de la mejor tecnología para observar la red y prevenir eventos de este tipo. Observan con un sistema de una generación anterior, que se llama SCADA. El dinero está pero no lo ejecutan para este propósito sino con otros fines que desconocemos», señaló el ingeniero que, luego de su reinstalación judicial en el marco de una huelga de 47 días, y a la cabeza de la lista Naranja, desplazó a la conducción histórica de la Junta Interna de ATE y hoy es, además, el delegado general de los trabajadores del INTI.

Domínguez Pose indicó que «luego de mi reincorporación se me puso en el mismo lugar pero sin recursos para continuar con el trabajo. Sin presupuesto, sin incorporar gente al equipo y bloqueando toda capacitación sobre el tema». Y agregó: «El INTI no ejecutó el dinero pero el FONARSEC le dio los fondos. No sabemos dónde está esa plata».

[…] Domínguez Pose destacó que el proyecto que desarrollaba «es rentable, tiene mucho futuro». Con todo, arriesgó que su discontinuidad podría deberse a que «esos equipos compiten con otros importados». Con una visión amplia del problema, destacó que «este es un caso testigo, el mismo derrotero han seguido muchas líneas de trabajo. En medio del desastre económico y la caída industrial, las autoridades del INTI montaron un sistema de empresas y fundaciones tercerizadas para desviar recursos. No es que desatendieron una línea de trabajo. Son decenas de líneas de investigación. Se fueron profesionales, científicos y técnicos despedidos o con retiros voluntarios. Fue en el marco de un vaciamiento generalizado».

Pero además, destacó que «el otro tema es que las patronales, en medio de la crisis, para bajar costos pidieron que saquen todos los controles que hace el INTI. Al hormigón le retiraron pruebas obligatorias, lo mismo las de seguridad de autopartes o las de piezas de ascensores. Echaron al ingeniero que estaba a cargo».

Así, el apagón, podría ser la punta del iceberg que pondrá de relieve, una y otra vez, que el desguace del INTI contiene graves consecuencias para la industria, la economía y la seguridad de las personas”.

“Los anuncios del gobierno en materia de tarifas son falsos”

En el mes de junio, la tarifa de gas aumentará 7,5% y acumulará una suba del 29% en 2019, casi el doble de la inflación. Pero el pago se realizará durante los meses de verano donde hay menor consumo.

Cabe recordar que el Gobierno, ante la crisis económica y en un año electoral, decidió congelar tarifas de servicios públicos a excepción del gas, cuyos incrementos se mantienen aunque con pagos diferidos. De esta manera, con el 7,5% de suba que llegará durante junio en las boletas, se completará el 29% previsto desde abril.

En ese marco, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se pagará un 78% del total final, que contempla ese 29% de incremento. El porcentaje restante de cada mes se abonará en cuatro cuotas iguales, pero con intereses, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo que figurará como “diferimiento estacional”.

Desde el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) recalcaron que “los anuncios del gobierno en materia de tarifas son falsos. La electricidad tenía un aumento del 48% para el año y ya se aplicó el 40%. Sólo suspende el 4% de mayo y el 4% de agosto. Y sólo para los residenciales”.

“El gas: igual se aplicará todo el tarifazo aprobado el 1º de abril, prevé tres tramos: 10% abril, 9,1% mayo y 8% junio. Anunciaron que en octubre no habrá aumento. También sólo para residenciales. Excluye a clubes y Pymes. Una quinta parte de la factura del invierno te la van a cobrar en verano (pos elecciones)”, agregó.

En relación al agua, “se mantiene el tarifazo de Aysa, que el mes que viene aumentará la tarifa un 27% (se suma al 17% de enero)”. También expresaron que esas suspensiones de incrementos son sólo válidas para el precio de generación y transporte, la distribución (que depende de provincias y municipios) sí puede aumentar.

Las cooperativas eléctricas están pasando por un difícil momento, por las deudas que se vienen acumulando desde la aplicación del tarifazo y también por los altos costos de los insumos que utilizan, y que están dolarizados.

Carlos Santarrosa, titular de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco), señaló: “Nosotros somos el último escalón de esta cadena y al trasladarse la suba al usuario, sumado a los altos índices de inflación, las facturas son muy abultadas y tenemos graves problemas de morosidad. Tenemos que estar permanentemente dando planes de pago, porque lo que sucede es que nuestros “clientes” son nuestros “asociados”.  Tenemos ese doble problema”, finalizó el titular de la Federación que engloba a empresas de la economía social y solidaria.

Más tarifazos: créditos UVA, Planes de Ahorro, medicamentos, medicina privada

Los créditos hipotecarios se convirtieron en una trampa con los índices de inflación que atraviesa la Argentina. Un informe del Colegio de Martilleros bonaerense confirma que hay unas 200.000 familias en la provincia de Buenos Aires con riesgo de perder su vivienda ya que no pueden afrontar la deuda de esos préstamos.

La situación es de tal magnitud que el Colegio de Martilleros y el colectivo Hipotecados UVA-PBA (agrupa unas 4.000 personas en todo el país), junto a legisladores y expertos del sector inmobiliario realizaron un encuentro provincial que analizó medidas para solucionar la acuciante situación de los deudores hipotecarios.

Según expresan algunos de los propietarios su deuda está cerca de triplicarse. En ese sentido el presidente del Colegio, Juan Carlos Donsanto, expresó que «la gente entró a los créditos porque el gobierno le decía que la inflación no superaría el 12% y ahora no puede hacer frente a las cuotas, entonces si el gobierno es parte del problema, podría ayudar condonando parte de la deuda y buscar una solución de fondo».

A marzo de este año el salario promedio creció un 31,23%, mientras el valor de un inmueble 81,2%, por lo cual, el Colegio de Escribanos porteño consignó que las operaciones realizadas con crédito hipotecario cayeron un 91% en un año.

También se registran aumentos de hasta el 300% en las cuotas de los planes de ahorro para la compra de automóviles 0km que en muchos alcanzan a la mitad del salario de los clientes cautivos.

“Un mecanismo que se creó para aumentar las ventas resulta hoy una trampa para los consumidores, ya que no pueden afrontar los aumentos de las cuotas”, señaló Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los casos que llegó a la Defensoría pagaba en setiembre 2015 $ 1.718 mensuales que se transformaron en la cuota 46 en $ 11.491 (son 84 cuotas en total) para un sueldo de $ 24.776,71.

Un fallo de la Cámara Civil de Gral. Roca (Río Negro) hizo lugar a una medida cautelar favorable a los suscriptores de los planes. También Eugenia Barranco Cortés, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Resistencia (Chaco) contra las empresas Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Plan de Ahorro Previo Peugeot.

En base a un relevamiento de precios sobre una canasta de 123 productos de diversas características, marcas, función y origen, el informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) advierte que al menos 8 de cada 10 medicamentos relevados triplicaron sus precios en los últimos tres años.

En el detalle, se destacan las subas más pronunciadas en medicamentos para las tiroides (+556%), ansiolíticos (+450%), analgésicos antiespasmódicos (437%) y broncodilatadores (+430%).

El informe elaborado por el equipo de economistas de UNDAV, indica que los precios de los remedios subieron más de 65% por encima de los niveles de inflación.

Entre enero de 2016 y abril de 2019, la cuota de la medicina prepaga trepó hasta representar el 28,5% de un salario medio. Entre febrero de 2016 y mayo de 2019, el alza de precios de la medicina prepaga fue de 15 puntos más que los niveles de inflación.

Al respecto, el informe de la UNDAV remarca que “en el acumulado desde febrero de 2016, el aumento en la cuota de las prepagas fue del 199,5% hasta mayo de 2019”.

No obstante, en la última semana de mayo, el Gobierno permitió a las empresas de medicina prepaga aumentar los valores de las prestaciones en un 17,5%, repartido en 3 meses: 5,5% en julio, 6% en agosto y 6% en setiembre. Sumado a los aumentos de febrero (5%) y de mayo (7,5%), acumulará un 32,6%, por ahora.

Pero las subas de las pre-pagas no solo están por encima de la inflación general, sino también de los salarios. Un plan familiar (matrimonio y dos hijos) básico costará en setiembre unos $ 20.000, mientras que en el mismo mes del año pasado costaba $ 14.300. Según el último dato disponible del Indec (cuarto trimestre de 2018), el decil 9, es decir, el segundo 10% de los hogares con mayores ingresos, equivalente a la clase media alta, tiene un ingreso mensual de $ 55.570. Para este hogar, un plan de salud privado de primer nivel equivale al 37% de los ingresos.

De allí el pasaje a planes inferiores o entidades más baratas. No obstante, hay entre un 10 o un 15% de usuarios que se han bajado de toda cobertura en los últimos años.

La Unión Argentina de Salud (UAS), una confederación de reciente creación que agrupa a todas las entidades del sector, con el fin de impulsar una reforma estructural del servicio, busca avanzar en ofrecer planes de cobertura parcial. “Es imposible seguir financiando el Programa Médico Obligatorio (PMO)”, sostienen.

Salarios

El economista director del Estudio Eco Go, Federico Furiase, estimó que «en el mejor de los casos», la inflación «va a bajar muy lentamente al ritmo de 2,5% mensual, cerrando el año en la zona de 42%» con una estabilización de la caída del nivel de actividad.

Esos pronósticos contrastan contra la realidad de los salarios. Es que desde el Ministerio de Producción y Trabajo impulsan un corset d el 28% que ya consiguieron para buena parte de los empleados registrados.  

Así lo había hecho Carlos Acuña, secretario general de la CGT y titular del sindicato que agrupa a los trabajadores de estaciones de servicio, cuando en abril aceptó un incremento del 28 %. Lo mismo hizo el titular del sindicato de los empleados públicos nacionales y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, que aceptó ese mismo techo. Similar camino recorrieron gremios como la carne, gastronómicos y metalúrgicos. En el caso de los últimos dos se incluyeron cláusulas de recomposición por lo perdido en 2018 de un 15% para el primero y de un 8% para el segundo. Antes habían suscripto acuerdos entre un 20% y un 25% Utedyc (entidades deportivas y civiles), Seguros, Suterh (porteros), aceiteros, remiseros y el tabaco.

Las paritarias firmadas en el último período no han incluido cláusulas gatillo, sino apenas compromisos de revisión que, de no plasmarse, podrían dejar los salarios unos 12 puntos detrás de la inflación que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA pronostica en un 40% para 2019. Así las cosas, los asalariados corren el riesgo de perder un 9,3% de poder adquisitivo durante el próximo año.

Las grandes empresas siderúrgicas como Siderar, Siderca y Acindar no quieren aplicar el mismo acuerdo alcanzado con la rama 17 y las otras Cámaras sobre los salarios conformados.

En Villa constitución, la UOM y la Comisión Interna de Acindar, dispusieron el inicio de un plan de lucha que arrancó el jueves 6 con la realización de una asamblea general donde se planteó un corte de horas extras y quite de colaboración.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), junto al Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) y la Asociación de Institutos Libres de Enseñanza en General , firmaron un alza salarial del 65% para todos los docentes extra programáticos del país .

El acuerdo entra en vigencia desde el 1º de mayo de 2019, en tanto que en agosto las partes volverán a reunirse, a fin de evaluar una «recomposición de los valores básicos de la escala a tenor de la evolución de los índices económicos a esa fecha»,   según indica el acta.

La última actualización que habían recibido los educadores extra programáticos fue dispuesta por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada (CGEP), el 3 de mayo de 2017.

Paliativos electorales

Frente a esta realidad el Gobierno ha lanzado una batería de medidas para incentivar el consumo por lo menos hasta diciembre en una clara maniobra electoralista. Entre ellas, una canasta de 64 productos con precios congelados (Precios Esenciales); relanzó el plan Procrear para la compra de viviendas a tasas blandas (10.000); se ofrecen modelos de autos con descuentos de entre $ 50.000 y $ 232.000 (vigente inicialmente durante junio); la promo Bapro “Súper 50%”, con un tope de reintegros de hasta $ 2.000 en las compras con tarjetas de crédito/débito del Banco Provincia de Buenos Aires; Ahora 12 que contempla la financiación en las compras de bienes durables con una tasa anual del 20% y los créditos Anses de hasta $ 200.000 a tasas blandas para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH. Hasta el momento se otorgaron 2.000.000.

Sin embargo, en este último caso, la tasa de interés es más alta que el ritmo al que crecen los ingresos de sus beneficiarios, ya que las pensiones, jubilaciones y asignaciones, que son la garantía de repago de esos créditos, se actualizan con índices más bajos que los intereses que cobra el Anses.

Al respecto, el Defensor de la Tercera Edad de la CABA, Eugenio Semino, había calificado de “electorales” a estos préstamos. “No se solucionan grandes problemas salvo puntualmente a algún jubilado, sino que le causan un gravamen más importante que el que se plantea solucionar, el descuento de la cuota”, afirmó.

Embestidas contra las gestiones obreras del Hotel Bauen y La Toma

Difundimos la Gacetilla de Prensa de los trabajadores del Bauen:

“Hoy 22 de Junio íbamos a festejar compañeros y compañeras del BAUEN y de El Descubridor la concreción de un sueño: la apertura de una sala de teatro a la que le habíamos puesto el nombre de Osvaldo Chacho Dragún en homenaje a quien fuera el mentor de Teatro Abierto, que reunió a los trabajadores de teatro para enfrentar a la censura impuesta por la dictadura militar genocida.

Hoy en democracia festejábamos la apertura y el estreno de una obra mundialmente premiada, “Yo Feuerbach” de Tankred Dorst, con la dirección de Manuel González Gil y la actuación de Manuel Callau y Francisco González Gil. Pero nos llegó una Cedula de Notificación en la que se nos prohíbe la apertura de la sala y el estreno. Tal vez nuestro crimen sea haber firmado un acuerdo de colaboración mutua entre compañeros y compañeras del Bauen y El Descubridor para generar trabajo.

Hoy que se cierran fábricas, pequeñas y medianas empresas, que se pierden cientos de puestos de trabajo, nos prohíben trabajar.

No somos guerreros, no estamos dispuestos a dejarnos arrastrar por la insensatez, no vamos a chocar, pero sí vamos a exponer nuestras razones con el ánimo de encontrar alternativas que salven la posibilidad del trabajo.

Agradecemos a todos los medios, fundamentalmente a los trabajadores gráficos que nos acompañaron hasta acá, seguramente porque querían festejar como nosotros. Ahora los invitamos a acompañarnos en una conferencia de prensa donde les contaremos cuál es la situación y exhibiremos el video de Yo Feuerbach. Será el sábado 22 de Junio a las 18:00 en la sala Simón Bolívar del Hotel Bauen.

Decíamos en una gacetilla anterior que la batalla por un mundo mejor será desigual si nos dejan solos, pero si nos acompañan, el futuro será nuestro”.

Recordemos que la jueza Paula Hualde los convocó para el martes 25 de junio a una audiencia en el Juzgado Comercial Nº 9 y libró oficios al gobierno porteño para que, a través de la Agencia Gubernamental de Control, realice una exhaustiva inspección de las instalaciones de la Avenida Callao 360.

La inspección se realizó a comienzos de este mes y duró 6 horas: “Si bien gran parte de la documentación requerida estaba en orden, encontraron también algunos espacios del hotel que no presentaban las condiciones necesarias para sortear la inspección de la AGC del gobierno de (Horario Rodríguez) Larreta. Es importante aclarar que el director ejecutivo de la AGC es el esposo de la apoderada de Mercoteles SA, empresa que reclama la restitución del hotel solicitando el desalojo de la cooperativa. Esto implica la manifiesta parcialidad del gobierno de Larreta frente al conflicto del BAUEN. No debemos olvidar además, el veto presidencial a la ley que solucionaba el conflicto y legalizaba la gestión de la cooperativa”, afirmaron los trabajadores del Hotel recuperado por sus trabajadores. A fines de 2016 Mauricio Macri vetó la Ley de expropiación del hotel recuperado, aprobada por el Congreso. Los trabajadores manifestaron su preocupación ante esta situación, ya que el 28 de diciembre pasado los asociados y asociadas a la cooperativa recibieron el rechazo, por parte de la Corte Suprema, de un recurso extraordinario que habían presentado. En este sentido, consideraron que es muy probable que en esta nueva citación del 25 de junio se les vuelva a pedir que dejen el hotel. “Lxs trabajadorxs del Hotel sabemos perfectamente que el macrismo está detrás del conflicto, jugando abiertamente a favor del antiguo grupo BAUEN, ahora bajo la figura de Mercoteles SA. Llevamos 16 años gestionando el hotel como cooperativa, haciendo una verdadera 'utilidad pública' de las instalaciones y sosteniendo los puestos de trabajo que se esfumaron con el cierre del hotel allá por 2001 (…). El próximo 25 de junio iremos a la audiencia para manifestar una vez más que defendemos la autogestión a pesar de los embates jurídicos y políticos que promueve el macrismo", manifestaron los trabajadores. En este sentido, se reunieron la semana pasada con el Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, para solicitarle colaboración para abrir una mesa de negociación con el Gobierno de la Ciudad para trabajar en la situación que atraviesan los trabajadores de la cooperativa.

Por su parte, los trabajadores de LA TOMA (Rosario), en lucha desde hace 18 años, convocan a un ACTO POPULAR DE RESITENCIA el próximo 3 de julio a las 17:30 en Tucumán 1349 – Rosario, ante la presentación del pedido de ejecución del desalojo, presentado por los abogados de los fondos especulativos (SEDESA S.A.) que se quedaron con una hipoteca residual impaga de… 1993 (sic), para manifestar que no se moverán y defenderán el lugar.

La Haine

compartir

                          

Dirección corta: https://lahaine.org/cD8g

 

Contactar con La Haine

Envíanos tus convocatorias y actividades!

 

La Haine - Proyecto de desobediencia informativa, acción directa y revolución social

::  [ Acerca de La Haine ]    [ Nota legal ]    Creative Commons License    [ Clave pública PGP ] ::

Principal