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04/08/2019 :: Bolivia, Bolivia

Un historiador desmemoriado

x Anselmo Esprella
Lava Jato boliviano

En el último tramo de la contienda electoral, el candidato de Comunidad Ciudadana, se “autoproclamó” campeón de la lucha contra la corrupción, caminando despreocupado por la frágil cornisa de la memoria de los electores. En el entendido de que quien acusa de corrupto a otro está exento de toda culpa, ha encarado una vieja cruzada medieval que podría costarle caro.

Corrupción hay en todos los países del mundo, lo que diferencia a una nación de otra, es la conducta institucional, cuando se descubre algún hecho de irregularidad en la administración de los caudales públicos. En 13 años de gobierno, la actual gestión ha procesado a decenas de funcionarios, muchos de ellos purgan penas de varios años de cárcel. Sin embargo, en 20 años de gobiernos neoliberales, no existen referencias de arrestos a los principales responsables por la entrega de los recursos naturales y el remate de 360 empresas del Estado.

El equipo de comunicación de Carlos Mesa, ha delineado con precisión de cirujano, los temas que les interesa instalar en la opinión pública, sacando de un puntapié temas superfluos, como la economía y todo lo que tenga que ver con la administración del Estado.

El viernes 29 de marzo, en una improvisada reunión con algunos dirigentes de las provincias de La Paz, el candidato de Comunidad Ciudadana, admitió estar de acuerdo con el actual rumbo económico del país: “No pienso privatizar ninguna empresa, yo no creo en el neoliberalismo”, dijo el mismo hombre, que el 4 de diciembre de 2002, había afirmado que: “El proceso de capitalización en Bolivia debe fortalecerse”, (04/12/2002 El Diario). ¿Cuál de los dos, es el verdadero Carlos Mesa?

Al destaparse que había vendido un departamento a un conocido narcotraficante, refiriéndose al partido de gobierno, sostuvo casi a los gritos, “este es el gobierno más corrupto de la historia democrática”, gesticulando con todo el cuerpo y apoyando su razonamiento en el aire de la mañana.

El candidato sabe que si quiere arañar un par de escaños, debe reforzar el sentido común de las clases medias, exacerbar los prejuicios de éstas, dedicarse a la construcción de subjetividades como elemento de defensa y sacar del eje del debate su propio pasado.

Sin embargo, el autor de “Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles”, intencionadamente pasa por alto algunos pasajes de la historia nacional, de los cuales ha sido protagonista excluyente.

Historiador, empresario de medios de comunicación y candidato a la presidencia, periodista que jamás fue perseguido por ninguna dictadura, escribió apasionadamente la historia de Bolivia desde el balcón de su casa en un barrio exclusivo de la ciudad de La Paz. Durante 40 años, mientras se escamoteaba el erario nacional, se dedicó a cultivar el ejercicio del periodismo complaciente, que guardó “un silencio bastante parecido” a la complicidad.

Desde los primeros años del neoliberalismo se benefició de sus dádivas. El Decreto Supremo 22758, del 21 de marzo de 1991, fue confeccionado exclusivamente para favorecerlo. Establecía la inmediata “nacionalización del material y el equipo de video importado por la empresa, Periodistas Asociados de Televisión (PAT)”. Esta exención, fue únicamente para la red PAT, cuando su mayor accionista era Mesa Gisbert. ¿Cómo podría el empresario periodista, cuestionar las atroces medidas económicas, si se había beneficiado de ellas?

Mientras miles de niños del Norte de Potosí, morían de inanición sin médicos ni escuelas, el candidato de Comunidad Ciudadana elogiaba a Sánchez de Lozada: “Cada día parece más claro que de 1952 a esta parte ningún gobierno boliviano ha propuesto al país un programa de gobierno tan decisivo hacia el futuro. El llamado Plan de Todos, lo vemos ya hoy con nitidez, es una propuesta de transformación estructural de la nación”, (La Razón, 02/07/1995).

El 17 de octubre de 2003, al asumir la presidencia, luego del cinematográfico escape de “Los Sánchez”, se resistió a trasladarse a la residencia presidencial de San Jorge, arguyendo “sentirse más seguro en su domicilio”, por lo que ordenó contratar de manera inmediata, una empresa para blindar las paredes, puertas y ventanas de la casa donde habitaba con su familia. Sus adicciones suntuosas, triplicaron los gastos en seguridad, logística y alimentación, de un país que desde su fundación se debatía en permanente banca rota.

Mientras la empresa de blindaje, se ocupaba de su integridad física, un ejército de periodistas y medios de comunicación, se dedicaron a esconder en el fondo del baúl, las “andanzas del autoproclamado” campeón de la lucha contra la corrupción. El 31 de enero de 2004, ordenó quemar los documentos de 20 años de coimas y sobornos a políticos, militares y periodistas “seducidos” con la partida de la corrupción, denominada “Gastos Reservados”.

En tiempos del “Capitán América y los Avengers”, lo que diremos a continuación parecerá una aberración, pero no lo es. Durante su presidencia, Carlos Mesa envió una carta al Congreso Nacional, solicitando la ratificación del convenio de inmunidad para militares norteamericanos. Es decir, en caso de que ciudadanos de aquel país, cometiesen delitos de lesa humanidad, el Estado boliviano, se comprometía a no remitir el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por su parte, el entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, David Greenlee, aseguró que “la firma del pacto que da inmunidad contra la CIJ, es condición imprescindible para continuar recibiendo cooperación en el campo militar” (La Razón, diciembre de 2003).

Lava Jato boliviano. Durante su gobierno, se emitieron seis Decretos Supremos, destinados a “licitar”, “dividir” y “adjudicar” la carretera Roboré - Puerto Suarez, provocando un sobreprecio de 42.5 millones de dólares, monto inaudito para un país anclado en la miseria. Las coimas de las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, a ministros y viceministros de su gobierno, hacienden a un monto indeterminado de millones de dólares.

El domingo 30 de junio, luego de afirmar que Comunidad Ciudadana, “solo cuenta con diez millones de dólares para la campaña”, el vocero Diego Ayo muy seguro de sus palabras, sostuvo “y no hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que pensamos recaudar”. Por lo que se puede deducir que en realidad recaudarán 50 millones de dólares. Diego Ayo, remató señalando que habían recolectado ese dinero “realizando kermeses”.

¿Cuál es el origen verdadero de esos recursos? Pues realizando kermeses demorarían 100 años. ¿Qué se comprometió a entregar Carlos Mesa para que le cedieran esos montos? ¿Por qué se niega a decir de dónde obtuvo esa extraordinaria suma?

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