[Vídeos] Chile: Boric se despide reprimiendo a los sin techo

El desalojo del Cerro Centinela ha abierto una escena que desborda con creces el marco de un conflicto “habitacional” o “judicial”. Lo que se despliega ante nuestros ojos es una confrontación social de alta intensidad, donde la violencia estatal se enfrenta con una resistencia popular organizada, persistente y, hasta ahora, eficaz. Cerca de cuatro mil familias, asentadas desde hace años en el cerro, han logrado impedir —al menos por esta jornada— el cumplimiento de una orden de desalojo mediante barricadas, control territorial y una notable cohesión colectiva, en un contexto de brutal represión por parte de Carabineros de Chile.

La violencia desplegada no admite eufemismos. Bombas lacrimógenas, balines y perdigones han sido utilizados contra pobladores, incluidos niños, mujeres y adultos mayores. Se registran episodios estremecedores: un niño herido por un perdigón; un furgón policial a punto de atropellar a otro; personas convulsionando; ancianos sosteniendo barricadas. La primera línea de resistencia está compuesta mayoritariamente por mujeres y estudiantes, mientras diversas “células” solidarias se activan desde otros campamentos para abastecer neumáticos y reforzar las defensas. La represión incluye el corte de suministro eléctrico, el incendio de viviendas y el despliegue creciente del GOPE. El cuadro es el de una ocupación militarizada de un territorio popular, no el de un procedimiento administrativo.

Sin embargo, el dato político decisivo —y el que explica el “empantanamiento” del operativo— es la solidaridad de clase que ha emergido desde un lugar no previsto por el libreto represivo. Los propios propietarios han debido reconocer que las máquinas no han ingresado porque los maquinistas se han negado a operar, en un gesto inequívoco de fraternidad obrera frente al despojo. Ese acto, aparentemente simple, desnuda una verdad profunda: cuando la fuerza de trabajo se sustrae a la cadena de la violencia, el poder coercitivo del Estado se resquebraja. No es casual que ahora se intente traer maquinaria desde otras localidades: el capital sabe que la solidaridad es contagiosa y que debe ser neutralizada.

La historia misma del asentamiento desmiente el relato oficial de la “toma ilegal”. Los pobladores sostienen —y existen antecedentes consistentes— que, a fines de 2019, la ocupación se realizó con consentimiento de uno de los propietarios, mediante maquinaria pesada, trazado de calles y loteo informal, con presencia de arquitectos y bajo la mirada pasiva —cuando no cómplice— de autoridades locales y regionales. El predio, en manos de Inmobiliaria San Antonio S.A. desde 1997, permaneció durante años sin acciones judiciales relevantes para impedir la ocupación. La tolerancia institucional de ayer es hoy negada en nombre del “orden”, revelando la lógica clásica del capital inmobiliario: permitir la valorización social del suelo para luego expulsar a quienes la hicieron posible.

Las denuncias de los vecinos apuntan directamente al gobierno del presidente Gabriel Boric, no solo por la ejecución material del horroroso operativo al a que concurrió entusiasta el Delegado Presidencial Yanino Riquelme militante del Partido Comunista, sino por lo que este expresa como orientación política general. La represión en Cerro Centinela se inscribe en una secuencia más amplia: militarización del Wallmapu, criminalización de la protesta social y subordinación de la política habitacional a los intereses del mercado del suelo. Para los pobladores, y para amplios sectores populares, el discurso de un gobierno “de izquierda” se disuelve frente a una práctica que reproduce sin matices las doctrinas de seguridad y orden de la derecha.

Lo que está en juego, por tanto, no es solo la permanencia de miles de familias en un cerro de San Antonio, sino la pregunta estratégica por el lugar del Estado en la lucha de clases contemporánea. Cerro Centinela muestra que, allí donde el Estado comparece como garante de la propiedad y ejecutor de la violencia, la única defensa real es la organización colectiva, el control territorial y la solidaridad activa entre explotados. La resistencia que hoy se desarrolla —con mujeres, niños, ancianos y trabajadores en primera línea— no es un gesto desesperado, sino una lección política de alto valor: incluso frente a la fuerza armada, la dignidad organizada puede detener el avance del poder.

Al cierre de esta nota, la orden de desalojo rige solo por esta jornada, y los pobladores apuestan a resistir hasta el final del día. No hay cifras oficiales de detenidos ni heridos, pero sí una certeza política: lo ocurrido en Cerro Centinela ya trasciende el cerro. Es un episodio que interpela a todo el movimiento popular y deja una enseñanza indeleble para quienes aún creen que el derecho a la vivienda puede resolverse sin confrontar las bases materiales del orden social vigente.

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